Cecilia Blume
El Comercio, 10 de diciembre del 2025
“Mientras no haya justicia idónea en el Poder Judicial, el arbitraje es lo único que tenemos para obtener justicia”.
El arbitraje precede a la justicia formal y fue usado por griegos y romanos para resolver disputas de forma rápida, sencilla y privada mediante decisiones de ancianos sabios. La palabra árbitro deriva del latín ‘arbiter’, que significa “el que decide independientemente de otros”. Un ejemplo bíblico es el juicio de Salomón, quien propuso dividir un niño para identificar a la verdadera madre por su reacción.
Desde antiguos pueblos hasta naciones modernas, el arbitraje busca que terceros imparciales resuelvan controversias mediante un laudo arbitral, similar a una sentencia, pero inapelable. El arbitraje es voluntario, surge del convenio arbitral, es confidencial y el laudo tiene la calidad de cosa juzgada.
En 1958, la Convención de Nueva York, ratificada por 172 estados, obligó a reconocer y ejecutar laudos extranjeros como sentencias nacionales. En el Perú, la Ley General de Arbitraje de 1992 autorizó su uso en disputas civiles y comerciales. La Constitución de 1993 reconoció tres jurisdicciones: judicial, arbitral y militar, permitiendo al Estado el uso de arbitrajes nacionales o internacionales.
La Ley de Arbitraje, el Decreto Legislativo 1071 del 2008, regula el sistema actual, considerado modelo por muchos países. Pero el Perú es el único país que arbitra todas las controversias estatales, reconociendo su propia ineficacia judicial.
La inversión nacional se arbitra resolviendo un conflicto de tipo societario, comercial, civil, entre otros. Su uso no es exclusivo para las empresas, siendo urgente su generalización para beneficiar a los peruanos con laudos céleres. Los inversionistas extranjeros no firman un contrato sin cláusula arbitral porque tampoco tendrían justicia en el Perú.
Datos del Portal Estadístico del Poder Judicial (enero-junio del 2025) muestran un 98,3% de procesos en salas superiores en trámite, 76,2% en juzgados especializados y 81,4% en juzgados de paz letrados. Familia acumula 41,7% de pendientes, superando los dos millones de casos. Un caso civil que debería durar dos años se extiende entre cinco y diez años o más, confirmando la necesidad del arbitraje: básicamente porque no hay justicia.
El Perú tiene una ley modelo, árbitros experimentados y centros eficientes. Sin embargo, existen árbitros parciales, centros corruptos que venden laudos y “centros bamba”, pese a las nuevas inscripciones que no resuelven el problema.
En la administración pública, pocos conocen el arbitraje, lo que limita su uso y cabría que al menos las áreas legales de los ministerios ayuden a que esta política pública se extienda.
Cada ministerio tiene procuradores que designan árbitros; algunos equipos son excelentes, otros deficientes. El MEF gestiona arbitrajes internacionales vía Sicreci, con profesionales, pero últimamente obstaculizados por la politización de laudos que, aunque firmes, no siempre se pagan, erosionando la confianza interna y externa en el arbitraje.
Los árbitros, centros y procuradores deben priorizar al usuario. Mientras no haya justicia idónea en nuestro Poder Judicial, el arbitraje es lo único que tenemos para obtener justicia. Por eso hay que fortalecerlo, haciendo conocer el Arbitraje Popular manejado por el Ministerio de Justicia, que debería ayudar a que haya acceso al arbitraje para todos. Pero eso sí: las normas necesarias para impulsar el Arbitraje Popular deben realizarlas los expertos para garantizar procesos óptimos, defensa adecuada y cumplimiento de laudos.
El Perú debe reconocer que el arbitraje es nuestra única justicia real. Los usuarios deben exigir que se cumplan los laudos. Hoy el Estado se llena de excusas para no cumplir, a pesar de que la obligación de arbitrar la dispone la ley para cumplir con el mandato constitucional de administrar justicia, la que emana del pueblo.
Usemos el arbitraje conforme a ley y este será una herramienta importante para el desarrollo del país o, si no, esperemos años para obtener cualquier sentencia, que ya no será justicia.
