Por: Cayetana Aljovín, Presidenta de la SNP
Gestión, 31 de marzo de 2021
El sector pesquero es el segundo más importante de la economía peruana, aporta el 1.5% del PBI de manera directa y 2.5% de manera indirecta, y es responsable de la generación de más de 700 mil empleos, especialmente de manera descentralizada, por lo que es un gran dinamizador de nuestra economía.
A pesar de ello, los planes de gobierno de los candidatos le dedican pocas líneas a la pesca, cuando existen una serie de políticas y medidas que pudiesen impulsar el sector y hacerlo más competitivo y gravitante, en tiempos en que la economía se encuentra fuertemente golpeada por la pandemia, y donde solo en Lima se han perdido más de 1-5 millones de empleos.
En este contexto, el primer apunte para el debate sería dotar de estabilidad el sector, permitiendo desarrollar inversiones de largo plazo y seguir apostando por la innovación en aras de la eficiencia y la competitividad. Por ello, es importante recordar que tanto el BCR como el Scotiabank proyectan para el sector un crecimiento entre 8 y 14% respecto al año anterior. Para muestra un botón: solo en el mes de enero, las exportaciones pesqueras alcanzaron los US$296 millones, un 43% de incremento respecto al mismo período del 2020, donde no había pandemia. En estos momentos de crisis sanitaria y económica, urge trabajar para mantener esta tendencia, y para ello, predictibilidad y estabilidad son los dos factores clave.
En segundo lugar, se hace necesario reducir los sobrecostos regulatorios (derechos de pesca, programa de control y vigilancia, aportes dirigidos, entre otros) que afectan al sector. No puede ser que la pesca, que es uno de los sectores reactivadores de la economía y que tiene como propósito contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de la población, sea el sector que más sobrecargas soporta, incluso más que la minería, que por cierto ya tiene cargas excesivas. Más aún, y aunque las comparaciones son odiosas, mientras que Chile soporta cargas que ascienden a US$ 13.8 por TM, en el Perú alcanzan los US$14.9 por TM, siendo el país de la OCDE que más sobrecostos paga en el sector pesquero.
Otro apunte que no puede quedar fuera del debate es la reactivación de la pesca en el sur. Por la particularidad geográfica de nuestro zócalo continental, existía un régimen especial de pesca en la zona que fue anulado en el 2011 y, en consecuencia, se han cerrado siete plantas pesqueras, se han perdido más de 6.500 empleos formales y, tenemos sin aprovechar la zona del triángulo marítimo que tanto nos costó recuperar. De reinstaurarse este régimen, podríamos volver a nuestros niveles de captura de anchoveta en el sur, y no como ocurre en la actualidad, que Chile viene pescando lo que nosotros dejamos de pescar.
La necesaria diversificación productiva está presente en el debate público. Sin embargo, cuando se plantea el desarrollo de la industria del atún, que podría triplicar los puestos de trabajo y casi quintuplicar los tributos, no se oye padre. Ecuador, es el quinto productor del mundo y hoy nos saca una ventaja importante porque tiene políticas y costos más competitivos. Solo en combustible hay una diferencia que podría ser contrarrestada si se aplicara en el Perú el reintegro tributario del ISC u otra medida que corrija esta distorsión.
Finalmente, el Perú podría ser una potencia acuícola toda vez que posee condiciones favorables para su desarrollo no solo en el mar, sino también en la sierra y selva. Sin embargo, en diciembre último, y sin ningún sustento técnico, se eliminó el régimen de promoción de esta actividad, que emplea a miles de personas, en especial a mujeres. Por ello, esperamos que, en este debate se plantee, de una vez por todas, una ley que promueva esta actividad, y que, además de reglas estables, incluya incentivos para su desarrollo.
El sector pesquero y acuícola no requiere regalos ni subsidios. Solo políticas eficientes que lo afiancen y no limiten su desarrollo.
