Carlos Rodríguez Summers
Gestión, 27 de marzo del 2026
Ningún inversionista serio compromete capital de la magnitud que exige la minería son la certeza mínima de poder recuperarlo.
La Comisión de Energía y Minas del Congreso ha aprobado un dictamen para modificar la Ley General de Minería. Entre sus propuestas destacan la reducción del plazo para iniciar operaciones de las concesiones de 30 a 15 años, el incremento de la tasa del derecho de vigencia, el endurecimiento de penalidades y la incorporación de mecanismos de participación de comunidades aledañas en las decisiones empresariales del sector. Una reforma de esta naturaleza carece de sustento técnico y representa una amenaza directa sobre el motor más importante de nuestra economía.
La minería formal es, hoy, el sector industrial más grande del Perú. Responsable del 66% de nuestras exportaciones en el 2025 y de aproximadamente el 15% de la recaudación tributaria. Es también generadora de empleo directo e indirecto, promotora del desarrollo tecnológico, impulsora de economías regionales y soporte real de comunidades que, sin ella, simplemente no tendrían las mismas oportunidades. Esta es la gallina, y el Congreso parece estar dispuesto a sacrificarla.
Reducir el plazo para iniciar las operaciones de las concesiones de 30 a 15 años no responde a ningún criterio técnico ni financiero. Los proyectos mineros requieren, en promedio, 40 años para alcanzar un nivel de madurez sostenible. Acortar ese horizonte temporal no reforma el sector: lo expulsa del mapa de inversiones. Ningún inversionista serio compromete capital de la magnitud que exige la minería sin la certeza mínima de poder recuperarlo. La consecuencia es predecible: mirarán otras jurisdicciones. Chile, Colombia, Brasil y México están dispuestos a recibirlos con reglas más claras, plazos más racionales y menores costos.
Sumar a esto la apertura de espacios de participación comunitaria en el accionariado, las decisiones financieras y operativas de las empresas es, en la práctica, institucionalizar la indecisión, el retraso y el conflicto, y lo que es más peligroso aún; equivale a dar el primer paso hacia un camino de desprecio por la propiedad privada. No se trata de ignorar a las comunidades, sino de entender que las decisiones de inversión requieren capacidad técnica y certeza jurídica, no nuevas variables de bloqueo. Este cambio, además de debilitar la seguridad jurídica y promover la confiscación indirecta, promueve la minería ilegal: cuando la formalidad se vuelve inviable, la informalidad llena el vacío y con ella, todas las actividades ilícitas que hoy nos hacen tanto daño.
El impacto fiscal tampoco es menor. A menor inversión, menor recaudación y un Estado que recauda menos podría incumplir sus obligaciones básicas. Un Estado que no puede financiarse tiene pocas salidas honrosas: recortar servicios, endeudarse o imprimir dinero. Las dos últimas opciones tienen nombre e historia en el Perú: inflación, inestabilidad económica y deterioro del bienestar social. El gran activo reputacional del Perú hoy es su estabilidad fiscal. Ponerla en riesgo por una norma sin análisis técnico serio es simplemente irresponsable.
Esta propuesta, sumada a la ampliación del REINFO, muestra una tendencia preocupante: la sustitución del criterio técnico por el cálculo político de corto plazo. Pareciera que detrás de esta reforma no existe una evaluación seria de sus consecuencias técnicas, fiscales y sociales. Lo que sí se percibe es una orientación populista que genera expectativas sin sustento y erosiona la confianza del inversionista.
Un gran amigo solía repetirme con humor: “¿Para qué hacerlo fácil, si lo podemos hacer difícil?”. Hoy aplicado a esta situación, ya no tiene gracia. Efectivamente, el resultado puede ser desastroso e irreparable. El costo de equivocarse lo pagará todo el país.
