Gravísima denuncia
Vizcarra y sus ministros de salud serían los responsables por la innecesaria muerte de miles de peruanos, al originar regulaciones manifiestamente equivocadas para la fabricación de mascarillas.
Carlos Paredes – UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
Caretas, 24 de marzo de 2022
Han pasado dos años desde que el ex presidente Martín Vizcarra nos anunció en cadena nacional el inicio de la inmovilización social obligatoria. Un confinamiento en casa que empezó por dos semanas y fue prolongándose periodo tras periodo hasta llegar a los 105 días, el más estricto y prolongado del mundo.
Esta medida extrema, que provoco un desplome económico con la caída de 11.5 puntos en el PBI en el año 2020 era un sacrificio, se supone, para protegernos de un desconocido y mortal virus que hacía colapsar nuestro precario sistema de salud pública mientras sus esforzados profesionales veían imponentes la multiplicación de pacientes graves, entre quienes se encontraban, también centenares de médicos, enfermeras, tecnólogos y otros profesionales de la salud.
Somos, de lejos, el país con la más alta tasa per cápita de mortalidad en el mundo a causa de la COVID-19 en la primera y segunda ola. Al escándalo de las compras masivas de pruebas serológicas, que nos encegueció el rastreo demológico, le siguieron medidas sin sentido como el pico y placa de género o los toques de queda inútiles; para no hablar de la nula provisión de vacunas debido a que no se pudieron cerrar contratos con los laboratorios que las producían.
Pero aun cuando hay en curso una acusación constitucional al respecto, poca atención se le ha prestado a la negligente y sospechosa autorización de confección y compra de millones de mascarillas hechas de un material inservible para evitar la transmisión del virus. Compras que continuaron haciéndose durante trece largos meses, desde marzo del 2020 a abril del 2021, a pesar que la señal de alarma fue acogida por la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Defensa del Consumidor y la Contraloría General de la República.
Nadie pudo lograr que el país con más muertos por la COVID-19 modificase sus estándares de calidad para la confección de tapabocas de uso comunitario, la barrera más efectiva para evitar los contagios.
LA MADRE DEL CORDERO
Esta tragedia empezó dos semanas y media después de haberse declarado oficialmente la pandemia en el mundo. El lunes 30 de marzo del 2020 el ministro de Salud Víctor Zamora firmo una Resolución Ministerial (RM-N º135-2020-MINSA) aprobado las “especificaciones técnicas para la confección de mascarillas textiles de uso comunitario”.
Lo increíble de esta resolución es la que hizo en pocas horas una licenciada en enfermería que no tenía ni la capacidad, y menos la experiencia para ello, cuando tenía que haber sido el producto de un análisis de expertos sobre la base de la recomendación de la ORGANIZACIÓN Mundial de la Salud (OMS), pero también la síntesis de la experiencia de países asiáticos o europeos que nos llevaban semanas combatiendo al desconocido virus.
La persona que había sido contratada por el Minsa un mes antes bajo la modalidad de recibo por honorarios profesionales para hacer una tarea distinta y termino como autora del informe que aprobaba el uso del algodón de punto y otras telas, que no impedían la transmisión de aerosoles para la manufactura de tapabocas, es la enfermera Evelyn María Robalino Jacome, quien simplemente “se inspiró “para redactar la norma. Lo hizo en un solo día, según declaro ante una comisión en el congreso. Había consultado en la Internet, en Google, casi como el actual ministro Condori con su agua arracimada y eso le pareció suficiente.
Las posibles consecuencias quedan a la vista. Según el experto Rodrigo Parra, solo en la primera ola de pandemia en el Perú se registraron 94,438 muertes. Con el sinceramiento de las cifras durante la gestión del ministro Oscar Ugarte llegamos al escalofriante total actual de 211 mil fallecidos.
EL DENUNCIANTE
El 12 de abril de 2020 el gobierno de Vizcarra publicó un Decreto de Urgencia (DS-N.º 037-2020) que destinó una partida de S/. 35 millones para la compra de alrededor de diez millones de mascarillas de tela para uso comunitario. El gasto estaba exonerado de concurso público de precios por emergencia sanitaria. El Minsa hizo invitaciones a una veintena de empresas nacionales de textiles y confección. Una fue Tecnología Textil, de propiedad del ex congresista Jorge Mufarech Nemy, que respondió al día siguiente solicitando al ministro Zamora que corrigieran las especificaciones técnicas de las mascarillas porque, revisado por sus técnicos sobre la base de las recomendaciones de la OMS, los materiales autorizados no protegían del virus.
El impetuoso Mufarech también mando mensajes por WhatsApp al mismo Zamora, a su jefe de gabinete de asesores y a los jefes de Cenares y Abastecimiento del Minsa. Pero nadie le respondió. Mufarech dice que su denuncia no perseguía ningún interés comercial porque su empresa no se dedica a las confecciones y no ha vendido una sola mascarilla al Estado, sino que, al contrario, ha donado 300 mil a instituciones públicas y de ayuda.
El 20 de abril el jefe de abastecimiento del Minsa volvió a invitar a Tecnología Textil a ofrecer mascarillas, pero la empresa rechazo formalmente esta nueva invitación con una carta en la que le dice al ministro Zamora que “seria antiético y se convertirían en cómplices del grave riesgo de exposición a la salud de los peruanos” si insistían en autorizar materiales inservibles para protegernos del virus.
El proceso de compra siguió adelante. En una primera compra del Minsa fueron en total 20 grandes empresas textiles las que fabricaron y vendieron tapabocas por un monto total de 18 millones 274 mil soles. Las mascarillas de tela fueron repartidas, como lo decía una resolución ministerial (RM-224-2020-MINSA), a las poblaciones más vulnerables y a algunos servidores públicos que no están en la primera línea del combate a la pandemia.
Lo curioso es que, el ínterin, 15 de las 20 empresas textiles que terminaron vendiéndolas las habían ofrecido al Minsa, mediante un aviso público, para ser donadas. Este ofrecimiento nunca se materializo, pero los “donantes” pasaron a proveedores del Estado y le vendieron al Minsa millones de mascarillas echas con las existencias de telas del reconocido algodón peruano, muy cotizado por las mejores marcas de ropa del mundo, pero inservible para cuidarnos del coronavirus.
TRECE MESES DE NEGLIGENCIA
Desde el 14 de mayo del 2020, en que contraloría emite un informe de Orientación de Oficio dando un plazo de 5 días para que el Minsa corrija la polémica RM-135-MINSA, hasta ahora el 30 de abril del 2021, que el ministro Oscar Ugarte reemplaza la norma cuestionada por otra que aprueba los “lineamientos para la Confección de Mascarillas Fasciales Textiles de Uso Comunitario Reutilizables”, transcurrieron 397 días en los que se podían fabricar y comercializar, con el aval del Ministerio de Salud, mascarillas que no nos protegían del virus.
Es más, la ministra Pilar Mazzetti -recordada por declarar oronda que, como capitana del barco de la lucha contra la COVID-19, sería la última en vacunarse varias semanas después de haberse inoculado en su casa-, el gobierno interino de Francisco Sagasti emite una resolución ministerial (RM-Nº-963-2020/MINSA) autorizando una nueva compra de 4 millones 789 mil de estas mascarillas inservibles por más de 13.6 millones. Dos meses después renunciaría por el escándalo Vagunagate.
EL UNICO AFORADO ACUSADO
En junio del 2020, Mufarech, en su calidad de representante de la empresa Tecnología Textil, denunció penalmente a diversos funcionarios por los presuntos delitos de propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa, abuso de autoridad, omisión, demora de actos funcionales, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y falsedad genérica.
El caso camina a paso lento en una fiscalía provincial penal de Lima. Sin embargo, el entonces congresista Omar Chehade alcanzo a denunciar constitucionalmente a Zamora en las últimas semanas de su mandato, antes de julio del 2021. En el congreso pasado, el caso fue admitido en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con votación casi unánime. Solo de abstuvo el congresista Gino Costa.
En el actual congreso esta acusación ha seguido su curso y el 21 de febrero último los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales escucharon virtualmente tanto a Chehade como a Zamora, que fue asistido por sus dos abogados, Julio Arbizú y el exministro Mariano Gonzales. Chehade llamo al caso “genocidio”. Zamora arguyó que se trata de una acusación infundada porque Enel 2020 no había información científica disponible y que sí atendieron la recomendación de la Contraloría porque la OMS sí recomienda el uso de algodón y otras telas de tejido de punto.
Defensoría que le informo el 4 de junio del 2020, con evidencia científica actualizada, que la OMS recomendaba para las mascarillas anticovid el uso de materiales con eficiencia de filtración, transpirabilidad de capas y factor de calidad de filtro, entre otros. Los millones de mascarillas que compró el Estado no cumplían con estos requisitos técnicos.
Las próximas semanas esta subcomisión deberá votar si acusa o no al exministro de Vizcarra. De hacerlo, pasara a la Comisión Permanente y de ahí al pleno. Aunque no existe modo de resarcir lo hecho, al menos debe quedarnos el consuelo de que la justicia habrá de alcanzar a todos los que participaron en esta historia de la infamia en la peor crisis sanitaria que le ha tocado vivir al Perú. Lampadia
