Por: Carlos Ganoza
El Comercio, 12 de febrero de 2019
La discusión sobre las ganancias de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) ha unido sorpresivamente a libertarios e izquierdistas, que han cuestionado la conveniencia de un sistema de ahorro previsional obligatorio (aunque por razones distintas).
En su versión libertaria, la crítica sostiene que el Estado no tiene por qué obligar a las personas a ahorrar.
Esto ignora que la mayoría de las personas tienen riesgo real de caer en pobreza en su vejez. Hay abundante evidencia empírica de economía del comportamiento sobre las limitaciones que tenemos las personas para tomar decisiones cuando el costo de la decisión se sufre en el presente (ahorrar y dejar de consumir hoy) y el beneficio se goza en el futuro (poder consumir en nuestra vejez). Esto se conoce en la literatura con el cacofónico nombre de descuento hiperbólico. ¿Cuántos de los lectores sienten que ahorran suficiente para lo que quieren o deben lograr en el futuro? Nos afecta a todos.
Este riesgo es más alto hoy más que nunca porque los mecanismos tradicionales de la sociedad para proteger a sus ancianos han perdido vigencia. Las familias cada vez son más pequeñas, por lo que es más difícil contar con los hijos para el sustento. Los espacios son más reducidos, por lo que también es menos probable que los hijos puedan ofrecer vivienda. A la vez la expectativa de vida cada vez es mayor, lo que no solo implica gastos de manutención durante un período más largo, sino también mayores gastos médicos.
Para un segmento muy grande de la población económicamente activa (según mis cálculos más del 80%), el riesgo de pobreza en la vejez, si no cuenta con ahorro previsional, es muy alto. Se trata de personas que al dejar de generar ingresos, se encontrarían en una situación de alta vulnerabilidad.
Si por causa de nuestras limitaciones cognitivas las personas vamos a tomar decisiones que nos pueden poner en riesgo severo, el Estado puede, y a mi juicio debe, intervenir. Frente a una situación así, la lógica libertaria se desmorona. Si no, el Estado no nos obligaría a usar cinturón de seguridad, algo que a nadie se le ocurre criticar.
Más aun, dejar que las personas pongan su vejez en riesgo puede generar externalidades políticas peligrosas. Una población votante de la tercera edad desprotegida va a demandar políticas redistributivas. Es muy difícil que un político resista la tentación de echar mano a la caja fiscal para atender el sufrimiento de una población anciana grande, urbana, y políticamente activa. El resultado sería un desastre económico.
Una pregunta mucho más útil e interesante es cómo debe funcionar la industria de AFP para generar el mayor valor social posible, y cómo debe operar la regulación para lograrlo. Ahí sí tenemos mucho por discutir.
