Por: Carlos Casas Tragodara, Decano Facultad Economía y Finanzas – U. del Pacífico
Gestión, Lunes 15 de abril de 2019
En las negociaciones alrededor del conflicto de Las Bambas ha vuelto a surgir la idea del establecimiento del canon comunal. Se habla de que el dinero llegue directamente a las comunidades y que se puedan usar los recursos para operación y mantenimiento. Sin duda, son buenas intenciones y bajo la presión de un conflicto ofrecen una salida que puede ser útil en el corto plazo, pero que puede generar problemas graves en el mediano plazo porque no se ataca la verdadera fuente de los problemas.
Estudios empíricos realizados por quien escribe esto muestran que la presencia del canon en los distritos genera más conflictos, impacta en menores niveles de educación y disminuye la capacidad de ejecución de los recursos. Una primera mirada de estos resultados nos llevaría a pensar que eliminar el canon solucionaría estos problemas, pero no es así. Además, una eliminación del mismo generaría aún mayor conflictividad, lo que no es deseable para el país y la actividad minera.
El reto es cómo convertimos el canon en una herramienta que garantice la gobernanza territorial. Este reto no se soluciona dándole el canon a las comunidades directamente. En un mundo ideal probablemente sí, pero si tomamos en cuenta las restricciones existentes en nuestro país, los resultados pueden estar condenados al fracaso.
El primer reto tiene que ver con las capacidades para ejecutar el gasto. Si bien las municipalidades han mostrado una incapacidad para gastar el canon de manera eficiente no creemos que transferirlo a las comunidades implique un cambio positivo en este sentido. Sostenemos que las limitaciones son más fuertes a nivel de las comunidades, lo cual generará mayores problemas.
Otra dificultad que se tendrá que enfrentar es la forma de reparto y el sujeto que las va a recibir. Debemos definir qué es comunidad desde el punto de vista limítrofe. Muchas veces las comunidades no están en un solo distrito y los límites no están muy bien establecidos. Si, como el proyecto que está en el Congreso actualmente, las municipalidades van a ceder el 30% del canon a las comunidades, ¿cuál será el criterio para este reparto? El tema es bastante delicado porque si bien las municipalidades están bajo la supervisión de sistemas administrativos como los de presupuesto, inversión pública y compras, las comunidades no son unidades ejecutoras. Para que opere el mecanismo se deberá crear más burocracia y en la práctica un nuevo nivel de gobierno. Esto acarrea un peligro que tiene que ver que cuanto más niveles de gobierno existen, más espacio hay para la corrupción.
Actualmente los mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y entidades públicas son bastante débiles y no operativos. Si agregamos un nuevo nivel las cosas se van a complicar aún más. El reto es la construcción de mecanismos de coordinación eficaces que permitan una visión territorial efectiva que impacte en el nivel de vida de la población. Esa es la tarea. Si se construyen esos espacios se tendrá sitio para la utilización de más instrumentos.
El utilizar el canon para operación y mantenimiento implica otro riesgo porque es gasto corriente y el canon es un ingreso temporal que se tendría que destinar a un gasto permanente. Ello generaría presión en el futuro en las finanzas públicas.
Por último, el canon no llegará a la zona de Las Bambas aún porque el Impuesto a la Renta que pagará la empresa será en el futuro y no hoy día. Aquí lo que es necesario es activar el Fondo de Adelanto Social existente como una manera de adelantar los beneficios de las industrias extractivas.
