Carlos Casas Tragodara
Gestión, 18 de junio del 2024
Si gastamos más por iniciativas populistas y nuestros indicadores fiscales se deterioran, a la larga tendremos que hacer un ajuste fiscal doloroso en donde se corten muchos gastos que son necesarios.
Incrementar el gasto sin poner como condición incrementos de productividad es echar agua en un hoyo sin fondo”.
Ya hace varios meses que nuestras cuentas fiscales están bajo ataque. Las cifras del último año han sido muy malas, dado que la recaudación cayó alrededor de 10% y los gastos se incrementaron debido a una fuerte subida de remuneraciones. Este año la tendencia sigue igual. Según cifras oficiales la recaudación hasta abril del presente año ha caído en 4.5% en términos acumulados lo que indica que falta mucho pan por rebanar antes de volver a los niveles previos de recaudación. Por otro lado, el presupuesto aprobado el año pasado ya implicaba un incremento significativo en términos agregados y destinaba una buena parte de este presupuesto al incremento de remuneraciones.
Lo descrito es la situación vegetativa pero la situación se complica cuando tomamos en cuenta que en el Congreso siguen aprobando leyes que tienen un impacto significativo importante a pesar de la prohibición constitucional de generar gasto por parte del Congreso de la República que se ha visto cuestionada por resoluciones del Tribunal Constitucional, pero que no bastan para abrir la compuerta del gasto. Un ejemplo es la Ley de Reforma del Sistema de Pensiones que destina una parte del IGV al fondo de pensiones de cada persona. Ello implica agravar la desigualdad porque aquellos que están en el sector formal y gastan más son aquellos que se verán beneficiados. Una gran proporción de la población está en el sector informal y su gasto no es significativo y por tanto no se beneficiará. Adicionalmente, esta Ley generará un hoyo fiscal importante porque el IGV que representa el 50% de los ingresos del Estado y financia muchos de los bienes y servicios que provee el Estado se verá disminuido lo cual generará un stress fiscal.
El resultado peligroso de todo lo anterior es que los déficits irán incrementándose en el tiempo con lo cual la deuda del Estado también lo hará. Como sabemos, nuestra precaria institucionalidad fiscal implica el establecimiento de reglas fiscales. Una de ellas es que existe un límite al déficit fiscal que asciende al 1% del PBI. De la misma manera se ha establecido que el ratio deuda pública sobre PBI no debe sobrepasar del 30%. Hoy no cumplimos con dichos límites debido al esfuerzo que se hizo en los años del covid-19 para impulsar la economía e impedir un desastre económico. Este esfuerzo requirió autorización del Congreso pero se estableció un compromiso de volver al 1% de déficit hacia el 2026 y bajar los niveles de deuda pública a niveles inferiores al 30% hacia el año 2030. Estos compromisos son monitoreados por las agencias clasificadoras de riesgo y de manera interna por el Consejo Fiscal.
Por ello, no se puede tomar a la ligera esta situación que impacta en la sostenibilidad fiscal. Este concepto se refiere a la capacidad que tiene el Estado Peruano para cumplir con sus obligaciones en el largo plazo. Como sabemos, no se puede gastar lo que no se tiene. Si gastamos más por iniciativas populistas y nuestros indicadores fiscales se deterioran, a la larga tendremos que hacer un ajuste fiscal doloroso en donde se corten muchos gastos que son necesarios para mejorar el crecimiento.
Esta es la mirada de largo plazo que debemos tener. Una de las condiciones necesarias para el crecimiento económica es contar con estabilidad macroeconómica, dado que ello brinda los cimientos para que las actividades económicas se desarrollen. Una inflación baja y un Estado que cobre los impuestos que debe cobrar y que gaste bien cubriendo las necesidades de la población crean un entorno en el cual las empresas y trabajadores pueden prosperar generando bienestar. La estabilidad macroeconómica no garantiza el desarrollo, pero sin ella no es posible ningún crecimiento. Un barco navegando en aguas calmas puede legar más lejos. Lo mismo se aplica al país.
Por ello lo que estamos poniendo en juego no sólo es perder el grado de inversión que nos golpearía en muchos aspectos, subiendo las tasas de interés o reduciendo nuestros fondos de pensiones. Incrementar el gasto sin poner como condición incrementos de productividad es echar agua en un hoyo sin fondo. Es lo mismo que pasa con Petroperú actualmente y que impacta en nuestras cuentas fiscales. Vemos cómo decisiones tomadas desde hace más de 20 años, como sacar a Petroperú del Fonafe y empezar con la construcción de una refinería que nos ha costado cinco veces más del presupuesto inicial, desvían recursos necesarios para cubrir las necesidades de la población.
Por ello aún estamos a tiempo de dar la batalla y mostrarle al Congreso que las deudas tarde o temprano se pagan. Si las iniciativas que salen de allí aumentan nuestra deuda significativamente y esto se mantiene en el tiempo, ello sólo traerá pobreza e inflación en el futuro, cuando se tengan que pagar las cuentas. Ese es el costo de la irresponsabilidad fiscal.
