Por: Carlos Basombrío
El Comercio, 12 de Octubre del 2022
“Debe leerse en el sentido de que hay avances importantes y suficientes en las investigaciones”.
Desde hace varios días se acumulaban indicios de que algo fuerte estaba por venir.
Ricardo Uceda, siempre bien informado, dio cuenta hace dos semanas en su columna en El Comercio de que la fiscal de la Nación presentaría una denuncia constitucional contra Pedro Castillo.
La fiscal lo hizo ayer, incluyendo a los exministros Geiner Alvarado (Vivienda y Construcción) y el prófugo Juan Silva (Transportes y Comunicaciones), al exgerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez, entre otros, por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Nada obligaba a la fiscal a hacerlo ahora, por lo que jugar una carta tan importante y que puede definir el destino de esta investigación debe leerse, por un lado, en el sentido de que, luego de la corroboración de evidencias de los ya múltiples aspirantes a colaboradores eficaces y testigos protegidos, hay avances importantes y suficientes en las investigaciones contra Castillo. De hecho, circula profusamente en las redes un documento de casi 300 páginas con las contundentes investigaciones del equipo especial.
A mi juicio, la otra motivación para hacerlo ahora –y no menos importante– es que la obstrucción a la justicia desde lo más alto del poder se ha vuelto tan flagrante y agresiva que se ha convertido en una grave amenaza para quienes desarrollan las investigaciones, lo que llevaría a la impunidad.
Un anticipo de lo que se venía fue que la fiscal de la Nación consolidó en un solo expediente los casos Puente Tarata III en el MTC y la compra de biodiésel en Petro-Perú, teniendo como premisa central que el presidente estaba a la cabeza de la organización criminal que promovió estos dos actos de corrupción que pusieron en juego cientos de millones del erario público.
Otro indicio fue la decisión de formalizar la investigación a los llamados ‘niños’ de Acción Popular por el delito de organización criminal.
Para más evidencias, el domingo, en El Comercio, la fiscal de la Nación publicó una columna con su visión sobre la importancia central de la lucha contra la corrupción en el poder. Señalaba “el gravísimo riesgo que representa para la democracia la vinculación de la corrupción con el crimen organizado que utiliza sus ganancias ilícitas […] también para pretender introducirse e instalarse cada vez más en las esferas del poder político. Es aquí donde ubicamos la denominada ‘corrupción en el poder’, que es más peligrosa debido a que los funcionarios involucrados tienen mayor capacidad de información y posibilidad de influir en el uso del aparato estatal para sus fines delictivos”.
Agrega –adelantando por dónde vienen sus argumentos para la denuncia– que “los países a nivel mundial buscan implementar mecanismos para prevenir, detectar y castigar la corrupción; y ese propósito ha sido plasmado en los textos constitucionales y las leyes, así como los diversos compromisos internacionales vinculantes, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, entre otras, que nos exigen implementar una estrategia para luchar activamente contra la corrupción”.
Probablemente, con métodos vedados, algo sabían en el poder sobre las decisiones fiscales y el pedido al juez de estas importantes detenciones preliminares.
Respondieron a su modo, con una campaña frontal de desprestigio contra la fiscal movida por el político más influyente en Castillo hoy: Guillermo Bermejo. Sus abogados y compañeros de (proyecto de) partido iniciaron una acción penal contra ella. El propio Bermejo presentó una acusación constitucional contra la fiscal de la Nación. Lo hizo con la autoridad moral de quien sostiene que “hay que dejarse de pelotudeces democráticas”, de quien está siendo procesado penalmente por pertenencia a una organización terrorista y de quien hasta hace muy poco departía en México con un miembro del MRTA prófugo de la justicia peruana.
Intentaron también fortalecer su control de la Procuraduría General del Estado, ya que, presionados por un informe contundente de contraloría, tuvieron que sacar a la que estaba en funciones –nombrada ilegalmente–, que nunca reunió los requisitos para el cargo y que oficiaba más bien de ‘guardaespaldas’ de Castillo. Pusieron a otra persona mucho más impresentable (y, por ello, de lealtad asegurada) que fue suspendido por el Colegio de Abogados de Lima por “denigrar la abogacía”. Pero lo hicieron al más puro estilo ‘castillista’; o sea, con tanta torpeza, que el personaje hubo de renunciar tres días después.
También fueron descubiertos los reglajes hechos a Harvey Cochado y el reclutamiento de sicarios. Hay ya algunas personas identificadas y el hecho está ya bajo investigación fiscal.
Los peores temores de Castillo se confirmaron con la orden de detención de todo su entorno palaciego cuando se descubrieron los casos de corrupción y de Alejandro Sánchez (que se suma a la lista de los prófugos), dueño de la casa de Sarratea” lugar símbolo de la opacidad y corrupción de este gobierno. Además, los ‘niños’ de Acción Popular, con oficinas y domicilios allanados, están en su peor momento y buscarán desesperadamente formas de salir del tremendo hoyo en el que se metieron.
Castillo ha pasado del miedo al pánico. Y eso lo llevará a incrementar su ofensiva contra la justicia. Se vienen días y semanas de alta tensión y desenlaces inciertos.
