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Home Opiniones

Realidad compartida y un programa común de reactivación económica y social

Carlos Amat y León Por Carlos Amat y León
3 de mayo de 2021
en Opiniones

Por: Carlos Amat y León
Para Lampadia

 I. – Realidad compartida: la crisis sanitaria, social y económica

  • El país ha sido impactado por una desconocida, masiva y letal pandemia: el Corona-Virus19. Para superar esta tragedia sanitaria el gobierno ha tenido que semiparalizar las actividades económicas y alterar la vida social de la población, decretando periódicas cuarentenas y restricciones a la movilidad de las personas, durante los últimos catorce meses.
  • La gravedad de los efectos de esta pandemia son el millón y medio de personas contagiadas y más de sesenta mil fallecidos. Así mismo la profunda recesión económica – alrededor del 11 % del PBI de 2020- el desempleo de 3 millones de trabajadores y la drástica reducción del ingreso y de los ahorros de los hogares. Sin duda, los más afectados son el 70 % de las familias que dependen del sector informal.
  • Además, en este año se debe terminar de vacunar por lo menos el 75 % de la población en todo el país. Esta es la única esperanza para controlar la pandemia.
  •  El costo fiscal es enorme. Ante la magnitud y sorpresiva emergencia social, el gobierno tuvo que responder con un apoyo de bonos financiero y canastas de alimentos a las familias más pobres, subsidiar la planilla de los trabajadores y otorgar a las empresas líneas de créditos blandos. Así mismo, ampliar el presupuesto del Sector Salud para terminar de construir hospitales, habilitar más camas UCI´s y contratar equipos médicos adicionales con el debido equipamiento. Todo ello ha implicado un gasto fiscal adicional no previsto, en el orden de US $ 36 mil millones. (18 % del PBI).
  • Sin embargo, el escenario futuro es incierto. Es probable que las mutaciones del virus sean recurrentes en los próximos años, obligando a la población a vacunarse periódicamente. Y, por otro lado, continuar con los protocolos sanitarios para evitar los contagios.

II. – Un programa común de reactivación económica y social

  • Tenemos que recuperar la actividad económica perdida y, además, impulsar un crecimiento económico y social inclusivo, descentralizado y eficiente, para incrementar los ingresos y la calidad de vida de toda la población y superar las desigualdades sociales y regionales del país.
  • Ello implica la reorganización de las instituciones del Estado, para emprender una nueva cartera de programas y proyectos.
  • La agenda para una reactivación económica para un nuevo modelo de desarrollo inclusivo, comprende las políticas siguientes:
  1. Sistema Integrado de Salud con módulos de atención en el Primer Nivel, en los ámbitos de los Gobiernos Locales
  2. Sistema Educativo de primera calidad para construir ciudadanía, fortalecer las capacidades cognoscitivas y emocionales y ejercitar las habilidades para trabajar en una economía del Siglo XXI. Módulos de educación especializado para el apoyo a las redes de escuelas regionales
  3. Modernización del Sistema de Administración de Justicia para combatir la corrupción, evitar la impunidad y acelerar los procesos judiciales.
  4. Reactivación de la Demanda Interna mediante un vigoroso programa de capitalización de los Centros Poblados del interior del país y en los barrios marginales urbanos, con una cartera de proyectos de ejecución simultánea en agua potable y saneamiento; tratamiento de los desechos líquidos y sólidos; energía; INTERNET; centros culturales y recreativos; áreas verdes; remodelación urbanística y cuidado del medio ambiente.
  5. Sectores productivos integrados en cadenas de valor compartidos e intensivos en empleo; fortalecimiento de las asociaciones de productores en la agricultura familiar en cuneca cuencas del territorio y tambos de gestión para la prestación de los  servicios técnicos, laborales, legales, financieros y en la cadena de comercialización para vincularse con los mercados urbanos e internacionales.
  6. Potenciar e integrar el conjunto de servicios urbanos para aumentar la competitividad de las MYPES y potenciar las cadenas de valor con la agricultura, la industria, los servicios y la comercialización interna y externa.
  7. Parques tecnológicos de innovación y capacitación para apoyar la gestión de clusters productivos regionales.
  8. Infraestructura de una malla vial, energética y de comunicaciones con fibra óptica y de satélite, en todo el territorio nacional.
  9. Contratos sociales de largo plazo con la minería, agroindustria, metalmecánica, industria de construcción, pesquería, forestación y turismo, para capitalizar los poblados con servicios básicos de primera calidad en los centros poblados regionales. Tambos de gestión productiva, en los ámbitos de las cuencas donde se localizan estas empresas.
  10. Impulsar los grandes proyectos mineros, energéticos, agroindustriales y la construcción de los grandes proyectos de infraestructura, para generar los recursos financieros que requiere el nuevo modelo de desarrollo inclusivo y para incrementar la competitividad de toda la economía.
  11. Constituir una Superintendencia de Desarrollo, independiente del ejecutivo y autónoma en su gestión, para certificar, vigilar y apoyar el buen manejo de los recursos naturales y del ambiente, a fin de asegurar su sostenibilidad.
  12. Esta cartera de grandes proyectos de inversión asociados con el capital nacional e internacional – mediante contratos transparentes y supervisados por el Estado, son indispensables para generar las divisas y los ingresos tributarios para financiar esta agenda de desarrollo.
  13. Es decir, para asegurar la estabilidad macroeconómica con una inflación meta menor de 3%, garantizar el equilibrio fiscal y sostener una alta calificación crediticia del país – Grado de Inversión – en el mercado financiero internacional.

III. Respeto a las Instituciones Fundamentales de la República

Para forjar una sociedad civilizada que asegure el bienestar y promueva el progreso sostenido y equitativo de los ciudadanos, es fundamental organizar instituciones transparentes y efectivas, que cuenten con el respeto de la población, el consentimiento de sus funciones y normas y el cumplimiento de sus mandatos.

El fortalecimiento de estas instituciones, con personalidades ejemplares y comportamiento eficiente, es condición esencial para recuperar la confianza de la población y contar con su participación para implementar las políticas de reactivación económica y social señaladas.

Es irracional e indignante polarizar las diferencias sociales y agitar los odios ancestrales, aprovechando el terrible sufrimiento por los efectos de la pandemia y, al mismo tiempo, convocar a un gran esfuerzo para unir todas las sangres e impulsar un nuevo crecimiento inclusivo económico y social del país. Lampadia

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