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Home Opiniones

Crisis Política y Minería

Camilo Sebastian Ferreira Legua Por Camilo Sebastian Ferreira Legua
29 de enero de 2018
en Opiniones

Camilo Ferreira

Centro Wiñaq

Para Lampadia

¿Qué podemos esperar? 

En diciembre, Pedro Pablo Kuczynski(PPK) tuvo una aprobación de alrededor del18%, una de las más bajas en su gobierno. De modo general, la gestión de PPK se hacaracterizado por su baja capacidad para la comunicación política, enfrentamientos con un congreso hostil hegemonizado por Fuerza Popular y vulnerabilidades frente al escándalo de corrupción Lava Jato que involucra a la mayor parte de la clase política. En ese contexto la exhibición por parte de la Comisión Lava Jato de pagos por parte de la constructora Odebrecht a empresas propiedad de PPK desencadenó una crisis política que incluyó un intento de vacancia presidencial, el indulto a Alberto Fujimori, la aparición de un bloque disidente en Fuerza Popular, movilizaciones de moderada intensidad solicitando la revocatoria del indulto, así como la renuncia del presidente. La reconfiguración del gabinete y la visita del Papa, posibilitaron un alivio temporal de las tensiones políticas.

Crisis Política y Minería

La minería no opera en un sistema cerrado y aislado del sistema político, convulsiones de esta magnitud terminan afectando las perspectivas del sector. Estas perspectivas son intrínsecamente difusas puesto que existen un conjunto de incertidumbres críticas que todavía no se han dilucidado. Entre las más relevantes encontramos:

  • La relación entre PPK y el sector mayoritario del fujimorismo liderado por Keiko Fujimori. La continuidad del gobierno de PPK depende de que la bancada de Keiko no se sume a algún posterior pedido de vacancia. Ello dependerá de la postura que Fuerza Popular asuma en relación al gobierno de PPK.
  • Las relaciones de poder al interior de Fuerza Popular.  El rol que Alberto Fujimori, ahora libre, jugará al interior del partido y de la bancada parlamentaria al ser el “líder histórico” del mismo, mientras que Keiko Fujimori es la presidenta del partido. La medida en la cual Alberto Fujimori estará dispuesto a apoyar a Kenji Fujimori frente a su hermana Keiko como candidata hacia el 2021. El trato que recibirán los congresistas disidentes al interior de Fuerza Popular y la medida de la sanción que recibirán. Mientras que el ala Albertista de Fuerza Popular muestra una clara tendencia pro PPK, queda por definir si la modalidad de oposición actual dirigida por Keiko se mantendrá después del indulto.
  • La capacidad de la izquierda para articularun movimiento social sostenido catalizado por el indulto.Un factor a observar es la agenda de las movilizaciones actuales, las mismas que pueden ir dirigidas a rechazar el indulto, pedir la renuncia de PPK, solicitar nuevas elecciones o pedir un cambio constitucional.
  • La evolución del caso Lava Jato en Perú. En especial, si surgen evidencias que involucren directamente a PPK o a Keiko Fujimori. Ello podría acelerar un nuevo proceso de vacancia o desencadenar un proceso de demolición política contra Keiko Fujimori.

Es claro entonces que se enfrenta un horizonte de incertidumbres diversas que puede derivar en múltiples escenarios. Sin embargo, es posible identificar algunas implicancias para el sector minero que se cumplirían en la mayoría de escenariosprobables, entre ellas podemos mencionar:

  • Un gobierno que ya era débil llega a un mayor nivel de debilidad y aislamiento político. El capital político restante del gobierno es escaso. Esta debilidad hace que su disposición a sacrificar una parte del mismo en un conflicto social minero será mínima. Se espera que el gobierno trate de evitar al máximo conflictos que pueden tener repercusión en la opinión pública nacional. El caso del paro de los productores de papa es bastante emblemático, el gobierno accedió en subsidiar a los productores tras breves manifestaciones antes siquiera que el conflicto fuera mediáticamente relevante. Por ello, aquellos proyectos que enfrenten una resistencia social que pudiera ser mediáticamente relevante a nivel nacional, difícilmente podrán ser implementados. El caso de TíaMaríaseríael más llamativo, a pesar de los buenos precios del cobre y de la existencia de un importante sector de la población local que apoya el proyecto. En las actuales circunstancias si un bloque de la población local se movilizara en contra, aun si es minoritario, podría generar costos políticos inaceptables para el gobierno central.
  • La convulsión política retrae la importancia del sector minero en la agenda política tanto en la opinión pública como en las elites. Esto implica dos peligros claros: por un lado, la capacidad del sector minero para incidir en políticas favorables se ve reducida; por otro lado, la capacidad de los actores políticos anti-minerospara avanzar sus agendas en el Congreso se ve fortalecida. El caso de la “Ley de Protección de Cabeceras” es emblemático. Los actores políticos anti-mineros pueden transar la aprobación de sus proyectos de ley a cambio de brindar sus votos en votaciones críticas para la disputa política a bancadas de mayor número.Esto hace, por ejemplo, que los 10 votos de Frente Amplio -movimiento claramente anti-minero- se vuelven más relevantes en la dinámica de intercambio de favores al interior del Congreso. Lo cual puede facilitar impulsarsu agenda, en especial considerando que su principal contrapeso y los potenciales actores favorables a la inversión privada van a ser absorbidos por otros temas prioritarios en la agenda política.
  • El activismo adverso al libre mercado direcciona sus esfuerzos a objetivos nacionales. Los grupos activistas, las ONG´s y demás grupos sociales están coordinando acciones y movilizacionespor la anulación del indulto, renuncia presidencial y una nueva constitución. Al margen de sus resultados, en el corto plazo ello implica que parte de los recursos políticos de estas redesse apartarán de hostilizar al sector minero.El activismo anti-minero posee una dotación finita de medios de comunicación afines, voceros, militantes y demás recursos políticos. La focalización de estos recursos hacia fines de alcance nacional como los mencionados anteriormente, reduce el activismo sobre finalidades geográficamente localizadas como el promover la resistencia frente a los proyectos mineros.
  • Hay fuertes dudas respecto a la duración que tendrá este gobierno. Ello genera incertidumbre respecto a la durabilidad de las políticas públicas referidas al sector minero. En buena medida la duración de este gobierno depende de las revelaciones del caso Lava Jato y de las dinámicas en Fuerza Popular. Bajo estas condiciones la capacidad de la nueva ministra de Energía y Minas para generar confianza se ve socavada.

Bajo estas circunstancias es lógicoesperar una actitud cauta del sector minerorespecto al despliegue de nuevos proyectos, en especial si existe riesgo de conflictividad. No obstante, puesto que los precios internacionales están en un buen nivel es muy probable que ello incentive mayores niveles de producción que podrían ser alcanzados mediante ampliaciones de los proyectos ya existentes. Las ampliaciones tienden a enfrentar menores niveles de riesgo social. Aun así, este escenario es una lástima puesto que el “mini boom” debería ser el momento para que se generen inversiones en exploración y en nuevos proyectos que se necesitan para aprovechar el enorme potencial geológico del país.Lampadia

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