Asociación de Contribuyentes
Perú21, 12 de marzo del 2025
¿Por qué aceptar que la burocracia estatal cierre nuestros negocios de forma arbitraria, pero mantenga la infraestructura estatal de forma absolutamente precaria? No existe justificación.
En las últimas semanas, el Estado, a través de municipalidades, ministerios y entidades diversas ha venido abusando de empresarios y emprendedores, cerrando locales de forma arbitraria. Lo peor de todo es que esta ola de cierres demuestra con flagrancia una de dos realidades: o nunca hacen su trabajo y cuando ocurre algo grave, lo hacen; o lo hicieron de forma pésima y recién ahora lo hacen bien.
Pero la pregunta clave es: ¿qué ocurre con los establecimientos estatales?, ¿ministerios?, ¿municipalidades?, ¿cumplen con estándares de ingeniería, arquitectura, seguridad? Lo más probable es que no. Más aún, ¿qué pasa en colegios y universidades, lugares esenciales para nuestros niños y jóvenes en su desarrollo integral?
No hace falta probar que un servicio educativo de calidad es la base para la construcción de ciudadanos informados, formados y productivos. Siendo esto así, el Estado, que educa a 8 de cada 10 estudiantes en edad escolar, es el primer responsable de esa mencionada calidad educativa —lamentablemente—. Y decimos lamentablemente porque —como lo prueba la más básica literatura económica— la burocracia estatal y sus funcionarios nunca tienen los incentivos correctos para usar bien nuestros impuestos, gestionarlos con transparencia, eficiencia y eficacia y cambiar de rumbo o renovarse cuando es necesario.
Esto se manifiesta en la situación de la infraestructura educativa de nuestro país, triste, por decirlo diplomáticamente. Según cifras del Ministerio de Educación (Minedu), a inicios de 2024, más de 55 mil locales escolares estatales existentes, más del 50% del total, presentaban algún problema, como riesgo de demolición, falta de acceso o servicios básicos inadecuados, mobiliario en mal estado y recursos tecnológicos inoperativos.
Así, según el propio Minedu, en 2024, a nivel nacional, el 52% de los locales educativos necesitaba una demolición del 100% de su infraestructura, 1.4 millones de estudiantes fueron a clases sin conexión a agua en 2024, más de 1 millón de alumnos no tuvo sistema de alcantarillado en su colegio, 10,000 instituciones educativas no tuvieron luz, afectando a más de 360,000 alumnos. Y los espeluznantes datos podrían seguir.
Más allá de la exorbitante cifra que representa la brecha de infraestructura educativa que asciende a S/158,832 millones, de la que el 62% debe ser invertida en zonas rurales, el tema también pasa por la calidad de la educación superior, no solo la educación básica regular (EBR).
Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), contamos con S/1,366.4 millones para proyectos de mejora de la calidad de la infraestructura en las 51 universidades públicas que los contribuyentes mantenemos. Bueno, a la fecha, al menos 11 instituciones de educación superior todavía no ejecutaron ni un solo sol. En esta lista se encuentran las universidades nacionales de Trujillo, del Centro del Perú, de la Amazonía Peruana, Pedro Ruiz Gallo, Federico Villarreal, Daniel Alcides Carrión, de Huancavelica, Tecnológica del Cono Sur de Lima, Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua, Ciro Alegría, y Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola.
Antes, no durante, antes de abusar del empresario privado, cerrando sus locales arbitrariamente, este Estado corrupto y burocrático debe encargarse de mantener la infraestructura estatal educativa, de salud, y en general, cualquier infraestructura pública, en óptimas condiciones, porque para eso pagamos impuestos. Punto.
