Por: Arturo Woodman P.
Expreso, 7 de julio de 2020
Han pasado 52 años desde que el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú, encabezado por el Gral. Juan Velasco Alvarado, destruyeron a la empresa privada, con base en su nefasta política de expropiación, apoyándose en eventos inconstitucionales y sin efectuar el pago justo de la propiedad usurpada.
Este sistema fue apoyado por la mayoría de la población, pero a pesar de ello, trajo la interrupción de nuestro desarrollo técnico, económico y social y tomó casi tres décadas para retomar el camino del progreso y adaptación a los importantes avances que en paralelo se producían en el mundo.
En ese lamentable gobierno, las propiedades agrícolas expropiadas o confiscadas pasaron a manos de sus trabajadores, que al no estar preparados ni técnica ni administrativamente para manejarlos adecuadamente, su productividad decreció a niveles inaceptables que no les permitió crear riquezas, a pesar de los subsidios recibidos. Esto hizo que tal actividad fracase y así los esporádicos propietarios o cooperativistas tuvieron que encontrar nuevos empresarios, que con su capacidad y nuevas inversiones llevaron a este sector a ser el principal generador de puestos de trabajo, y que con un índice positivo de productividad pudieron abastecer normalmente el mercado local e ingresar competitivamente en el extranjero, donde su calidad es apreciada y solicitada.
Hoy nuestra agricultura representa alrededor del 7.5% del PBI y sus exportaciones llegan a más de 7mil millones de dólares y obviamente contribuyen oportunamente con sus impuestos.
Este mismo procedimiento de expropiación y con subsidios se realizó con las importantes actividades de: Minería, Petróleo, Pesca, Comunicaciones, Telefonía, Prensa, TV, Industrias de Comercio Exterior y Turismo, entre otras y en manos de un Estado incapaz, igual con lo pasado en la agricultura, fueron llevadas al colapso y a su atraso.
Al estar hoy en una complicada e inesperada pandemia que ocasiona lamentables pérdidas de vida, puestos de trabajo e incremento de la pobreza, dentro de todo ello es prioritaria la atención de la salud y la vida. En este espíritu, el Gobierno inició negociaciones con las clínicas privadas para unir esfuerzos, pero a raíz de una mala negociación de ambas partes, para culminar el convenio, el señor Presidente amenazó a las clínicas con su expropiación, provocando temor tanto en ellas, como en gran parte de los empresarios privados en que se retornaría a la época de las expropiaciones producidas durante el Gobierno del Gral. Velasco.
Hoy, a pesar de las populistas amenazas saludamos que el convenio y el problema surgido por algunos cobros elevados estén resueltos y podamos continuar con la mejora de la atención en salud.
Finalmente, debemos aceptar que para lograr una recuperación rápida y necesaria el Señor Presidente no puede dar señales que provoquen inestabilidad en el desarrollo empresarial y en el caso del actual Congreso debería dejar de lado el populismo y no debilitar las instituciones financieras e intermediarias de la operatividad del crédito, que solo traerá atrasos en nuestra recuperación, problemas y pobreza.
