Por: Arturo Woodman
Expreso, 9 de febrero de 2021
A pesar del fuerte rebrote de la pandemia, sus lamentables fallecimientos, el atraso en lograr un considerable lote de vacunas que nos permita cortar los problemas que ocasiona la covid-19, el Congreso nos sigue acompañando con su perjudicial populismo, alejado de la realidad del país que demanda esfuerzos para superar la cantidad de inconvenientes que tenemos.
En relación a la insistencia del Congreso de repartir indebidamente los fondos de la ONP, el Tribunal Constitucional lo ha declarado inconstitucional, al ocasionarse mayores gastos públicos, pero la congresista Omonte insiste irracionalmente en la expropiación de los fondos pensionarios privados administrados por las AFP y su colega Simeon propone la formación de una línea aérea estatal.
Impulsar un nuevo “Aeroperú” obliga a invertir inicialmente 100 millones de dólares de fondos estatales, que al igual que las anteriores experiencias, estos y muchos más se perderán. En realidad, se estaría promoviendo una malversación de fondos, ya que la quiebra de ese proyecto es inminente.
Actualmente, existen muchas alternativas de vuelos aéreos locales y al extranjero, agregándose que debido a la pandemia hay miles de aviones listos para reiniciar vuelos, ávidos de recuperar sus pérdidas y activar el turismo a precios competitivos.
Lamentablemente, el Congreso olvida las necesidades prioritarias del país, entre ellas la indispensable y rápida adquisición de vacunas para todos, faltando el 98% y dentro de este panorama sería conveniente que el Congreso colabore, permitiendo a los presidentes regionales y sobre todo a los laboratorios privados, se les permitan la importación y vacunación tan necesaria, en coordinación con las entidades de salud.
Respecto al inaceptable proyecto de ley que lidera la congresista Omonte, de unificar en una sola entidad estatal el manejo de todos los fondos pensionarios, proponiendo indebidamente utilizar los fondos privados que administran las AFP, ascendente a 47 mil millones de dólares, sin efectuar una previa consulta a los 7 millones de afiliados; promoviendo sin duda un acto EXPROPIATORIO penado por nuestras leyes y nefasto para nuestra economía, superando los programas expropiatorios del gobierno militar del Gral. Velasco (1968 – 1980).
Estas experiencias expropiatorias en las actividades agrícolas, industriales, comerciales, entre otras en manos del Estado, ocasionaron que el desarrollo social y económico del país retrocediera considerablemente, generándose menos inversión, más pobreza y abusos en los derechos esenciales de los peruanos.
Aparte de la inoperancia del proyecto expropietario, la congresista líder de esta arbitrariedad mantiene, tanto en sus presentaciones en TV como en la realizada últimamente en una institución donde muchos profesionales conocen ampliamente los temas pensionarios, una actitud inflexible y única dueña de la verdad, que le permite sostener que todos los aportantes de las AFP no están contentos (odian este sistema).
Dentro de este enfoque, sería interesante que acoja en su proyecto estatal a los aportantes que encuentren ideal su proyecto y dejar el resto en el sistema privado AFP, el mismo que podría ser mejorado.
Finalmente, las expropiaciones además de estar penadas, alejan las inversiones, reducen los puestos de trabajo e incrementan la pobreza.
