En los últimos años venimos constatando que muchos ciudadanos sin ser juzgados son enviados a las cárceles, amparándose en un discutible dispositivo legal que permite, a criterio de un juez y en base a una corta investigación fiscal y policial y a una presunción de que el acusado huiría del país, dictaminar «Cárcel Preventiva», que implica quitar la libertad a un ciudadano por varios años.
El indicado procedimiento estaría quebrando la base de la justicia, que establece que no se puede quitar a los ciudadanos el derecho a su libertad sin ser previamente juzgados, encontrados culpables y dictaminado su sentencia.
Es cierto que hay situaciones especiales, como los crímenes, robos o actos de corrupción, entre otros, que son encontrados in fraganti, los que deberían ser juzgados rápidamente y utilizando precisamente la cantidad e irrefutables pruebas.
Con el fin de lograr evitar que se sigan manteniendo o enviando a la cárcel a ciudadanos injustamente, existe desde hace tiempo el proyecto de utilizar el sistema de grillete electrónico, que permite, en base a la tecnología, monitorear los movimientos y las áreas permitidas de desplazamiento del acusado mientras está en libertad provisional y se confirme su culpabilidad.
En el Perú existen 67,600 presos, de los cuales solamente 30,900 ya han sido sentenciados y 36,700 (53%) están con procesos en camino, y aunque todas las cárceles están superpobladas, hacinadas e inmanejables, se considera difícil implantar el sistema de «grillete» a un porcentaje alto de procesados.
Pero sería conveniente comenzar con la aplicación indicada a un mínimo de los presos en proceso (que estimamos entre 5 y 10 por ciento), iniciándose por los que tengan determinado número de años sin resolver sus procesos o por casos de salud o sorteo.
La implementación y control del monitoreo para que el sistema funcione adecuadamente, y no fracase, debería darse por concurso a una o dos empresas de seguridad, el usuario tendría que asumir un monto anual por su utilización y el costo que demandaría su seguimiento, e independientemente la concesionaria deberá extender a favor del Ministerio del Interior o el Inpe una fianza que garantice el uso del equipo y sobre todo que el acusado cumpla con los límites de los movimientos que han sido autorizados; de acuerdo con los resultados de su implementación, se irá incrementando el porcentaje inicial de prueba.
Utilizar los indicados grilletes permitirá una serie de ventajas, entre ellas: a) Se mejoraría, en algún grado, la lentitud y errores judiciales; b) Disminución del hacinamiento de las cárceles; c) Rebaja en los costos de mantenimiento de tantos presos, en inversión y en mantenimiento de cárceles; d) Evita que los ciudadanos pasen años en la cárcel sin probar su culpabilidad, e) Disminución de los abusos o excesos con determinados detenidos.
A pesar de los claros beneficios, el Gobierno, a través de ProInversión, lleva más de 3 años estudiando y estudiando las bases y el mejor sistema y contrato a implementar, sin llegar a ningún acuerdo. Ahora que existe un Ministro del Interior interesado en resolver los problemas de su sector, debería, en coordinación con el ministro de Justicia, tomar directamente el proceso e implementar el programa inicial de prueba a la brevedad posible.
