En los próximos 10 años vencerán 28 concesiones de proyectos de transporte y otros sectores clave
Las concesiones que se aproximan a caducar involucran a proyectos de sectores como transporte, electricidad, gas natural y saneamiento. Cuatro de estas concentran compromisos públicos por US$3.000 millones. La interrupción de servicios esenciales es un riesgo latente de esta situación.
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El Comercio, 20 noviembre del 2025
La experiencia de Olmos evidencia los costos de no anticipar el vencimiento de una concesión. Tras culminar el contrato del trasvase y la operación de la presa —antes a cargo de Novonor— la gestión pasó al Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), que ahora debe financiar con recursos públicos la descolmatación del embalse.
Con un presupuesto anual cercano a S/290 millones, del cual más del 60% ya está comprometido a sostener la infraestructura existente, el PEOT dispone de un margen limitado para asumir estas labores, que requieren recursos adicionales. A ello se suma que ampliar la capacidad de la presa —clave para asegurar el riego y evitar pérdidas agrícolas— demanda entre US$250 millones y US$300 millones, tres a cuatro veces su presupuesto anual. Aunque ProInversión evalúa una nueva licitación, esta podría tardar al menos dos años. De haberse planificado con anticipación, esta situación se habría evitado.
Casos como el de Olmos podrían repetirse en los próximos 10 años, período en el que está previsto el vencimiento de 28 contratos de concesión, cerca de un tercio del total de concesiones, principalmente en los sectores de transporte, electricidad, gas natural y saneamiento. Cuatro de ellas concentran compromisos públicos por US$3.000 millones. Sin un marco claro para gestionar estas transiciones, aumenta el riesgo de interrupciones en servicios esenciales.
Sin embargo, la posibilidad de renegociar contratos de concesión también abre una oportunidad para actuar de manera estratégica: en lugar de esperar al vencimiento y empezar procesos de licitación desde cero, el Estado podría evaluar la renovación anticipada de concesiones estratégicas a cambio de compromisos adicionales de inversión, garantizando continuidad, acelerando obras prioritarias y evitando presiones adicionales sobre el presupuesto público.
Para ello, se debe definir con claridad qué concesiones deben re-licitarse y cuáles pueden renegociarse. Existen tres tipos de concesiones que podrían renovarse estratégicamente:
- Las que requieren adelantar inversiones dentro de su territorio concesionado.
- Las que pueden expandir su alcance para incluir infraestructura que no es rentable licitar por separado.
- Las que, por economías de escala, permiten que el operador actual ofrezca mejores condiciones que un nuevo postor.
Este mecanismo permitiría asegurar continuidad operativa y, al mismo tiempo, movilizar inversiones privadas en un contexto donde la inversión pública resulta insuficiente para cerrar brechas. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre el 2019 y 2038 el Perú debía invertir al menos 4% del PBI anual en infraestructura; sin embargo, hoy se invierte alrededor de 3,3%, y no todo se orienta a este fin.
En ese escenario, las concesiones que vencerán en los próximos años representan una oportunidad real para adelantar o ampliar inversiones sin generar mayor presión sobre el presupuesto público.
Para que este proceso sea efectivo, debe ser discrecional pero no arbitrario. La discrecionalidad permite adaptar decisiones a las prioridades públicas, pero requiere reglas claras que eviten distorsiones y aseguren legitimidad. En esa línea, consideramos que es clave:
- Definir prioridades claras de inversión pública. El Estado debe contar con una lista explícita y actualizada de sectores y territorios prioritarios, de modo que relicitar o renovar una concesión responda a su contribución al cierre de brechas estratégicas y no a decisiones aisladas sin un marco nacional.
- Transparentar en el reglamento de la Ley de APP los criterios de política pública. El reglamento debe establecer criterios técnicos como cobertura, calidad, oportunidad de inversiones, aprovechamiento de capacidades instaladas e impacto fiscal. También debe quedar claro que evaluar una renovación no es equivalente a evaluar una licitación.
- Elaborar una guía técnica para evaluar renovaciones de concesiones. La guía debe estandarizar lo que el concesionario debe demostrar y lo que el Estado debe validar: alternativas disponibles, adelanto de inversiones, impacto en tarifas, subsidios cruzados, economías de escala e impactos fiscales.
- Establecer plazos y protocolos para decidir entre re-licitar o renovar. La decisión debe tomarse idealmente cinco años antes del vencimiento del contrato, lo que permitirá evaluar riesgos e inversiones pendientes, coordinar con el concesionario y garantizar la continuidad del servicio en caso de iniciar una nueva licitación.
