Entrevista a Anthony Laub
Por Paul Caso
Depoltika.pe, 5 noviembre, 2019
Anthony Laub, especialista en derecho energético en materia de electricidad, gas natural y petróleo, evalúa el desarrollo del sector energía y minas del país a partir de su experiencia como socio fundador de la consultora Laub, Quijandría y Gomero (LQG) que organizó días atrás “El Día de la Energía”, evento que congregó a unos 350 ejecutivos, profesionales y analistas como un espacio de discusión y planteamientos concretos.
¿Cómo impulsar la minería, cuestionada y resistida en determinadas regiones?
La minería es la principal actividad que dinamiza la economía peruana y la señal más clara de que se ejecuten o no inversiones; el declive en el crecimiento del país empieza cuando se paraliza el proyecto Conga en Cajamarca en el primer año del gobierno de Humala y ya transcurrieron más de 7 años en que la economía decrece, la importancia de la actividad minera ya no va solo por el desarrollo de un proyecto, sino que se convierte en una señal fantástica de cómo evoluciona la economía nacional; es lamentable que proyectos que tendrían que ejecutarse entran en teoría en revisión y allí vemos que la economía empieza a languidecer.
Tenemos un potencial inmenso, pero los proyectos mineros están entrampados por problemas sociales, más que ambientales. La minería moderna, de gran escala y global, es una actividad que va de la mano con el respeto al medioambiente, hay necesidades insatisfechas de la población no resueltas por el Estado que mira a la empresa minera como un potencial de reemplazo y expectativas. Este año se tenía en teoría una ejecución de inversiones por un monto de 8,500 millones de dólares y no se dieron.
¿Una responsabilidad directa del Estado?
Conseguir un clima favorable de inversiones no es una responsabilidad exclusiva del Estado, también hay una tarea pendiente por parte de los privados en dar a conocer las bondades de la minería responsable; el Perú necesita de mayores inversiones para sacar a mucha gente de la pobreza y que se logre la satisfacción de necesidades básicas. Alrededor de 7 millones de peruanos dejaron de ser pobres con el actual modelo que necesita caminar más de la mano con el Estado.
Hoy nuestra infraestructura en pésima, por ejemplo, la ampliación del aeropuerto internacional “Jorge Chávez” ha perdido 5 años en el gobierno de Humala, la Carretera Central ha colapsado, debería tener tres carriles de ida y vuelta; el sur está desconectado del resto del país, la selva en el eterno olvido, la economía languidece y no enviamos las mejores señales a los inversionistas.
¿Cuál es la evaluación del mercado del gas natural?
El gas natural representa el recurso energético más importante del país que dispone de abundante energía, amigable con el medio ambiente, segura y barata, pero envés de que se promueva un mayor consumo y el desarrollo de nueva infraestructura, el sub-sector está paralizado por efectos de las investigaciones de Lava Jato y Odebrecht; además no hubo avances en conseguir más recursos de gas natural a través de la exploración, explotación ni expansión de infraestructura que mañana se utilice para alimentar a nuevas regiones con el energético que mejor tenemos.
¿Y de petróleo?
La situación es más dramática, el Perú consume entre 220 mil y 250 mil barriles de crudo equivalente al día -gasolina, diesel, residual-, tenemos como potencial 400 mil barriles pero cada día extraemos poco menos de 50 mil barriles, entonces hay un déficit gigantesco que implica importar hidrocarburos de Ecuador y pagar el producto en dólares como un pésimo negocio.
¿La modernización de la refinería de Talara genera controversia y cuestionamientos por tan elevada inversión pública?
Demuestra que el Estado es un pésimo empresario, un proyecto que debería costar entre 1,500 y 2 mil millones de dólares a cualquier empresario privado, finalmente termina costando al Estado unos 7 mil millones de dólares, un daño al país entero. La modernización de la refinería de Talara es un fiasco con inversión del contribuyente peruano, no olvidemos que el dinero que administra el Estado es de los contribuyentes, de los ciudadanos que pagamos impuestos, y que podría haberse destinado con mayor criterio en la mejora de los servicios de salud y educación que espera la población, construir carreteras y desarrollar infraestructura que acerque a los poblados y eleve la competitividad del país, evitando dilapidar recursos en una refinería que no está lista y que no sabemos cómo terminará. En el subsector hidrocarburos estamos mal, sin un norte claro.
¿Cómo evalúa el tema de electricidad?
Podríamos decir que estamos bien, que tenemos una sobreoferta del 90% o de capacidad ociosa y la tarifa industrial más barata del mundo, siempre y cuando fuera producto de la interacción natural del mercado, pero es producto de una pésima regulación, de una intervención estatal que promueve el crecimiento del sector de manera inorgánica y poco competitiva con un organismo regulador como OSINERGMIN que vive de espaldas a la realidad y un Ministerio de Energía y Minas que, hasta hace poco, estaba ausente.
Si bien tenemos un exceso de capacidad, lo cierto es que la oferta eficiente, segura y confiable en producir energía eléctrica con agua y gas natural ya se está agotando y no se promueve el desarrollo de nuevas centrales de generación hidroeléctrica y centrales térmicas con gas natural, ahora se promueven centrales de reserva que funcionan con diesel y las mal llamadas energías renovables, que de limpias tienen muy poco.
Además se está condenando a las personas más vulnerables que requieren energía en el hogar a que paguen subsidios; hay que enviar señales correctas para que de manera natural los inversionistas se interesen e inviertan en generación hidroeléctrica y generación con gas natural. Estamos mal encaminados y en contra de lo que la seguridad energética dicta.
¿Qué espera de la nueva gestión ministerial?
Una señal de optimismo y que haga delivery para que el pedido llegue, donde tiene que llegar, y evalúe el desempeño de OSINERGMIN como fijador de políticas en materia de energía que no le compete, su rol es regular en términos económicos y fiscalizar, ahora es un gran estorbo para un sector que necesita predictibilidad.
La predictibilidad va asociada a la institucionalidad, muy venida a menos…
No tenemos un Congreso y la idea es que los nuevos congresistas no pongan en debate propuestas trasnochadas, como el cambio de la Constitución y del modelo económico.
Es penoso que la institucionalidad se haya quebrantado en el país, el Ejecutivo no tiene contrapeso, el Poder Judicial deja mucho que desear y sin reglas claras y estructuras sólidas es difícil lo que se pueda construir. El Estado grande e ineficiente fracasa en atender las necesidades básicas de la ciudadanía y ello debe cambiar.
