Entrevista a Aníbal Quiroga
Perú21, 29 de mayo del 2024
Por: Patricia Quispe
El abogado constitucionalista afirma que el Ministerio Público, con la denuncia constitucional contra la mandataria, “está empujando al Parlamento hacia la vacancia presidencial”.
Aníbal Quiroga afirma que la denuncia constitucional del fiscal de la Nación contra la presidenta Dina Boluarte por el llamado caso Rolex tendría que archivarse hasta que ella termine su mandato, y agrega que el Ministerio Público está empujando al Congreso hacia la vacancia. “Es una suerte de golpe de Estado soterrado, un golpe de Estado blanco…”, subrayó.
El artículo 117.° de la Constitución establece las causales por las que procede una acusación contra la presidenta de la República.
En el caso especial del presidente de la República, además de ese aforo que impide que sea procesado directamente por el Poder Judicial, sino con aprobación del Congreso, tiene una restricción: solo puede ser denunciado por traición a la patria, salir del país sin autorización, cerrar el Congreso e impedir las elecciones generales, fuera de eso las demás imputaciones deberían esperar a que termine su mandato. Sin embargo, a pesar de lo que dice el 117, el fiscal de la Nación en funciones ha presentado esta denuncia y el Congreso tendrá que ver si procede o no. (…) De alguna manera el Ministerio Público está empujando al Parlamento hacia la vacancia, yo creería que es una suerte un golpe de Estado soterrado, un golpe de Estado blanco en donde se arrincona al presidente con imputaciones ciertas o no.
¿Qué es lo que tendría que hacer el Parlamento?
Creo que, en puridad, lo que tendría que hacer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es archivar el tema hasta que acabe el mandato, pero hay alguna gente que interpreta la Constitución como si fuera un código procesal y dice que se puede investigar, pero no se puede acusar, pero si usted investiga, llama y levanta una serie de hechos y evidencias, se hace todo en un contexto político que va a empujar lo otro, que es el tema de la vacancia.
¿Contribuiría a calmar las aguas esta demanda competencial que ha presentado el Ejecutivo?
No, creo que va a tener un efecto contradictorio, un efecto paradojal, porque dificulto que el Tribunal Constitucional vaya a decir que la presidenta no puede ser investigada, creo que más bien va a decir lo contrario y, por lo tanto, va a echar más leña al fuego; yo creo que el camino del Ejecutivo está equivocado.
¿Cuál es, entonces, la salida legal?
Creo que estamos en una guerra civil ideológica. Hay sectores políticos que todos los días dicen que la presidenta tiene que renunciar, que quieren que ya se produzca una sucesión presidencial con un presidente transitorio y tomar el control de gobierno aunque sea por un año; tendríamos que calmarnos todos. La Constitución dice que el mandato se cumple en 2026 y eso es lo que tendremos todos que respetar. Yo creo que el Ministerio Público está contribuyendo directamente a eso, a forzar una terminación del mandato presidencial antes de lo que dice la Constitución, no sé si lo hace conscientemente o es instrumentalizado, pero claramente está siendo parte de aquel sector político que quiere un adelanto de elecciones.
