Por: Alfredo Torres, Analista político
El Comercio, 7 de julio de 2019
El Comercio, 7 de julio de 2019
La mayor manifestación de la historia se llevó a cabo en el 2003, en protesta contra la guerra de Iraq. Participaron más de 30 millones de personas en más de 800 ciudades del mundo. “The New York Times” escribió en ese entonces: “Se ha demostrado que existen dos superpotencias en el planeta: Estados Unidos y la opinión pública mundial”.
Una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos tiempos fue la que reunió a 3,6 millones en Francia –1,5 millones en París– luego del mortal ataque de extremistas islamistas al semanario “Charlie Hebdo” en el 2015. Otras de gran repercusión han sido las que movilizaron en los últimos años a los catalanes independentistas en Barcelona. Según sus organizadores, han reunido a un millón de personas cada vez. Como se sabe, el Gobierno Español no ha cedido y ha procesado judicialmente a sus líderes por haber declarado ilegalmente la independencia de Cataluña.
En América Latina, las marchas más multitudinarias han sido las llevadas a cabo en Venezuela contra el régimen de Nicolás Maduro. A diferencia de las anteriores, estas fueron reprimidas a sangre y fuego. Según ha reconocido el propio chavismo ante la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, solo en el 2018 fueron ejecutadas 5.287 personas por “resistencia a la autoridad”, muchas de ellas en marchas de protesta.
En el Perú, las movilizaciones más amplias han sido las llamadas Marcha por la Vida y Ni una Menos. Las marchas son una expresión democrática legítima. No se puede decir lo mismo de los bloqueos de carreteras que a veces terminan en violencia. El peor fue el llamado ‘baguazo’, en el 2009, un enfrentamiento que dejó 33 muertos y un desaparecido, la mayoría policías. Otro lugar donde hubo violencia y muerte en el 2011 y el 2015 fue la provincia de Islay, en Arequipa, por el rechazo de un sector de la población al proyecto Tía María.
La situación ha cambiado desde entonces. La empresa Southern Perú ha hecho un importante trabajo social en la zona. Según encuestas de Ipsos, la mayor parte de la población de Islay ve con expectativa la inversión, especialmente en Mollendo, la capital de la provincia. La expectativa se sustenta en que el principal problema de la zona es el desempleo y el contraste entre el estancamiento de Mollendo y el progreso de Ilo –ubicado a 130 kilómetros– es evidente para cualquiera que visite las dos ciudades costeras.
Según las encuestas efectuadas, la mayoría quisiera que alguno de sus familiares consiga empleo en Tía María. La PEA de la provincia de Islay es de 25 mil personas, así que los 3.600 empleos directos y los más de 5 mil indirectos que generaría la mina solo en la etapa de construcción provocarían un vuelco total en la calidad de vida de la región. Además, los S/5 mil millones en canon y regalías que generaría Tía María en los siguientes 20 años y que permitirían construir 183 colegios, 7 hospitales, 300 kilómetros de pistas y más de 4 millones de metros cuadrados de canales de riego, según cálculos de Raúl Jacob, vicepresidente de Finanzas de Southern, deberían hacer reflexionar a los políticos más críticos de la inversión minera.
Sin duda subsiste un “núcleo duro” opositor al proyecto en algunas zonas agrícolas de la provincia. La explicación es que no confían en que la empresa cumplirá con construir una planta desalinizadora para usar el agua del mar en lugar del agua del río Tambo, ni que la mina estará a varios kilómetros de distancia del valle, ni que construirá un tren hasta el puerto de Matarani. Esa desconfianza tardará mucho en desaparecer si solo reciben información de la empresa y de los opositores al proyecto. Al que le toca persuadir y amenguar esa desconfianza es a las autoridades nacionales.
El Gobierno es quien debe forjar la confianza ciudadana apelando al rol regulador del Estado y, si esto no es suficiente, sumando a la sociedad civil. Por ejemplo, puede convocar al Colegio de Ingenieros para que apoye en la supervisión para que la mina no emplee agua del río Tambo, o invitar a las universidades de Arequipa a participar en la elaboración de planes para aprovechar los recursos de canon y regalías que dejará la mina. Y es también el Gobierno el que debe asegurar que, si un sector de la población quiere hacer una marcha de protesta, esta no afecte el derecho de los demás al libre tránsito ni se desate la violencia.
El tema de fondo es, como señaló el presidente del BCR, Julio Velarde, que los recursos naturales son de todos los peruanos y no solo de los vecinos de la zona. Al Gobierno le toca hacer el máximo esfuerzo para persuadir a la población local de la conveniencia de la inversión, pero, en última instancia, debe ejercer su autoridad. Eludir su responsabilidad no solo perjudicaría a los jóvenes de Islay –que a falta de empleo en la zona se ven obligados a migrar a la ciudad de Arequipa o a Ilo–, sino que tendría un enorme costo en la confianza empresarial, lo que restaría oportunidades de empleo y desarrollo en todo el país.
*El autor es presidente ejecutivo de Ipsos Perú. La firma ha realizado estudios para Southern. Las opiniones expresadas en el artículo son estrictamente personales.
