(El Comercio, 02 de setiembre de 2015)
La debilidad de nuestro sistema de partidos lleva a que el Congreso concluya fragmentado en múltiples agrupaciones.
Es casi un lugar común sostener que en cada nueva elección surge un parlamento peor que el anterior. Esta vez, sin embargo, existen razones para pensar que en el 2016 podría haber un punto de inflexión en esta infausta tendencia y apreciarse cierta recuperación de esta institución republicana.
Es verdad que en el actual fraccionado Congreso es difícil aprobar reformas significativas como las planteadas por el JNE y la ONPE –elecciones internas obligatorias y supervisadas por los organismos electorales, eliminación del voto preferencial, aplicación del financiamiento estatal– pero, a pesar de ello, existen condiciones políticas propicias para un avance importante en los próximos 12 meses.
Una primera razón para ser optimistas surge, paradójicamente, de la importancia que ha adquirido la corrupción en la agenda política nacional. El Congreso actual debería aprobar la prohibición para que personas con sentencias penales puedan postular, pero aun si no lo hace, es indudable que los partidos políticos serán más cuidadosos esta vez en la conformación de sus listas parlamentarias. Saben que la prensa y las redes sociales escudriñarán sus listas en busca de candidatos con antecedentes penales o actividades ilícitas. Por lo tanto, evitarán incluir personas de trayectoria dudosa que puedan perjudicar las aspiraciones de su candidato presidencial.
El mayor obstáculo que enfrenta la prensa para detectar candidatos impropios es la brevedad de la campaña parlamentaria. Actualmente median solo 60 días entre la inscripción y las elecciones. Otra reforma sencilla, pero muy útil, sería que el Congreso modifique el calendario electoral de manera que, manteniendo el actual cierre de las inscripciones para los candidatos parlamentarios, la elección congresal se realice en simultaneidad con la segunda vuelta, como propuso originalmente Fernando Tuesta, lo cual brindaría no solo más tiempo para conocer a los postulantes al Congreso, sino la posibilidad de hacer un voto más reflexivo al conocer ya a los contendientes de la segunda vuelta electoral.
Otra condición favorable para contar con un mejor Congreso en el 2016 sería que no aparezca un ‘outsider’ en los próximos meses. En el pasado, han sido los candidatos improvisados los que han arrastrado al Congreso a personas de menor nivel profesional y ético. Si no surge un ‘outsider’, es de esperarse que las agrupaciones con posibilidad de pasar la valla electoral de 5% lleven políticos mejor calificados que muchos de los que fueron elegidos en el 2006 o el 2011 sin mayor preparación ni merecimientos.
El próximo Congreso también debería ser mejor porque la creciente presión por reformas políticas las hará impostergables. Existe consenso en que mientras las instituciones económicas han mejorado en los últimos 25 años, las instituciones políticas han retrocedido. La ciudadanía espera un cambio en el funcionamiento de los partidos, el Congreso y el sistema de justicia. En las próximas semanas la Asociación Civil Transparencia, que preside Felipe Ortiz de Zevallos, presentará iniciativas para recuperar las instituciones políticas fundamentales del país. Aun si no logra un gran avance con el Parlamento actual, dejará sentadas las bases para el shock institucional, como alguna vez lo llamó Carlos Meléndez, que debería ser aprobado en agosto del 2016.
Algunas de estas reformas podrían tomar un tiempo en implementarse y sus efectos se verían recién en las elecciones del 2021, pero otras podrían ejecutarse desde el 2016 como las destinadas a mejorar el funcionamiento del Congreso de la República. Transparencia plantea, por ejemplo, la creación de una oficina de estudios económicos al interior del Congreso que prepare los análisis costo-beneficio de los proyectos de ley y emita dictámenes previos a la aprobación de las normas legales. Esta oficina, para cuya organización debería pedirse, en mi opinión, la asesoría del BCR, sería de especial relevancia teniendo en cuenta la propensión al populismo de muchos legisladores.
La debilidad de nuestro sistema de partidos lleva a que el Congreso concluya fragmentado en múltiples agrupaciones. Sin embargo, lo usual es que más del 80% de las curules parlamentarias sean obtenidas por las tres listas con mayor votación. Así fue en el 2006 y el 2011 y así será seguramente en el 2016. Si los tres partidos más votados son suficientemente responsables y compatibles, como podría ocurrir esta vez, podríamos exigirles que aprueben las reformas políticas que necesita nuestra democracia adolescente para madurar.
