Por: Alfredo Torres, Analista político
El Comercio, 24 de febrero de 2019
El Comercio, 24 de febrero de 2019
Mientras la mayor parte de los líderes políticos nacionales se encuentran enfocados en las revelaciones de Odebrecht en Brasil, la población de diversas regiones del país se está viendo crecientemente afectada por el paro indefinido de los transportistas de carga. La paralización incluye bloqueos de carreteras, uno de los cuales impide –con más de 2.000 camiones– el ingreso y salida de la ciudad de Arequipa. El bloqueo genera problemas de abastecimiento a la población, incumplimiento de contratos de exportación y, sobre todo, el derecho constitucional al libre tránsito por el territorio nacional.
Cuando se produce un bloqueo de carreteras, los afectados voltean la mirada hacia el presidente de la República para que resuelva el problema. Pero lo cierto es que no es el único que debe sentirse involucrado. Al defensor del Pueblo le corresponde “defender los derechos constitucionales de la persona y la comunidad”. Al Ministerio Público –la fiscalía– promover la acción judicial “en defensa de la legalidad y de los intereses públicos”. Y, en el Poder Ejecutivo, con la Policía Nacional, mantener el orden público “para permitir el libre ejercicio de los derechos fundamentales de la persona consagrados en la Constitución”. Es decir, son muchas instituciones las que deben asumir su responsabilidad en la defensa de un derecho fundamental como el libre tránsito.
Naturalmente, la mayor responsabilidad recae en el presidente Martín Vizcarra. Él debe conducir la estrategia para resolver pacíficamente el conflicto. No es una tarea fácil. Sus antecesores Alan García y Ollanta Humala fracasaron reiteradas veces, el peor de los cuales fue el bloqueo de la carretera Fernando Belaunde en el 2011. Ese bloqueo, conocido como el ‘baguazo’, culminó con la muerte de 34 personas, incluyendo 24 policías, cuando García dio la orden de proceder al desalojo mediante un operativo muy mal diseñado y sin los recursos apropiados.
Vizcarra también tiene experiencia en conflictos sociales solo que desde el otro lado. Fue uno los líderes del ‘moqueguazo’ en el 2008. El conflicto se inició por unas declaraciones de Vizcarra, entonces decano del Colegio de Ingenieros de Moquegua, cuestionando el reparto de las regalías mineras que afectaban a su región. Se organizó un Frente de Defensa que bloqueó la carretera y tomó de rehenes a policías. Finalmente, el conflicto se resolvió a favor de Moquegua y sin muertes que lamentar. Vizcarra declaró entonces que estaba en contra del bloqueo pero que creía que el motivo era justo. Su fama de buen negociador lo llevó a ser elegido luego gobernador de su región. Zenón Cuevas, quien tuvo una participación más activa en el bloqueo, fue luego enjuiciado y absuelto. Es el actual gobernador regional.
No todos los bloqueos tienen por propósito lograr un beneficio regional. En muchos casos, tienen agendas políticas y económicas ocultas. En el caso del largo conflicto de Valle de Tambo, en Arequipa, confluyen políticos ambientalistas y ultraizquierdistas opuestos a la inversión minera con agricultores temerosos de que la mina afecte la disponibilidad de agua y que eleve los costos de sus jornaleros. Esta confluencia de intereses llevó a violentos enfrentamientos en el 2015, encabezados por los llamados ‘espartambos’, expertos en el lanzamiento de piedras con huaraca. Lograron entonces paralizar el proyecto Tía María, una inversión de 1.400 millones de dólares que solo en la construcción generaría más de 3 mil empleos directos.
En el conflicto del Valle de Tambo participaron ex reservistas del Ejército vinculados a Antauro Humala que cobraban un jornal de 30 a 50 soles diarios por su ‘trabajo’ pero también varios políticos de izquierda locales que fueron descubiertos extorsionando a la empresa minera con ofrecimientos de resolver el conflicto. La extorsión es otra característica frecuente en estos conflictos. Hace ya varias semanas, por ejemplo, que está bloqueada la carretera de salida del mineral de Las Bambas. Según diversas investigaciones, quienes han convencido a la comunidad de Fuerabamba de bloquear esa carretera son los abogados que la asesoran, a cambio de recibir una jugosa comisión si tienen éxito en la presión a la empresa minera.
El bloqueo de carreteras es un delito que debe ser combatido con inteligencia para identificar y sancionar a sus promotores, pero una vez producido debe ser enfrentado con estrategia policial y militar para asegurar su éxito. Las Fuerzas Armadas no deben intervenir directamente para evitar un exceso de violencia, pero sí deben ser comprometidas a brindar apoyo logístico. La Policía Nacional es la indicada para actuar, pero debe hacerlo con una estrategia bien diseñada y con superioridad de recursos. Pero todas las instituciones del Estado deben hacer su tarea, incluido el Poder Judicial, que con demasiada frecuencia termina exculpando a los responsables de estos delitos.
