Alfredo Bullard, Abogado
El Comercio, 27 de febrero de 2016
En los años setentas, durante el gobierno militar, esa era la presentación en quechua que obligatoriamente se hacía en el Canal 4 (es decir “Canal Cuatro, desde Lima, Perú”).
Pero la cosa no quedaba allí. Había una sección en los noticieros en la que un locutor daba un resumen de noticias en quechua. La práctica fue abandonada por razones obvias. A pocas personas les interesaba esa información y les era poco útil, generando costos innecesarios. Así es el populismo. Se llena de acciones que suenan bien y que no sirven para nada. Y lo peor es que obligan a los ciudadanos a pagar por ellas.
Sin embargo, durante un gobierno socialista como el revolucionario de las Fuerzas Armadas, jamás se le ocurrió a nadie llegar al extremo de obligar que las etiquetas de los productos o las publicidades tuvieran que estar en quechua. Nunca llegaron a tanto. Hoy un grupo de congresistas, encabezados por el parlamentario Hugo Carrillo Cavero, ha presentado un proyecto de ley (5130-2015) en el que pretende ir más allá del mismísimo Velasco. No solo quieren obligar a que esa información sea presentada en quechua en etiquetas y publicidades, sino en las que denomina 47 lenguas originarias del Perú. Incluye al resígaro, hablado por 37 personas, el cauqui por 11, iñapari hablado por 4, muniche por 3, y el taushiro hablado increíblemente por una sola persona. Y eso sin contar la cantidad de dialectos que puedan existir.
Será una norma no solo inútil, sino tremendamente costosa. No solo incrementará los costos de los productos y servicios, sino que establecerá limitaciones al comercio que reducirán la competencia y afectarán a los consumidores.
Por supuesto que todo el sustento de la norma se basa en un conjunto de clamorosas mentiras. Las principales están expresadas en la exposición de motivos y, en particular, en el análisis costo-beneficio. Dice: “La propuesta legislativa que se presenta no tiene efecto en el Presupuesto Público”. Ello es falso. Para ser cumplida requerirá actuación estatal para fiscalizarla y el gasto de hacer cumplir algo tan absurdo no es deleznable. Segundo, miente de nuevo por omisión. La propuesta no menciona el inmenso costo privado para la competencia, los consumidores y las empresas, ni los límites al libre comercio (hay que reetiquetar los productos importados con infinidad de lenguas diferentes). En tercer lugar, no identifica los auténticos beneficios, pues no hay ninguna explicación de cómo la publicidad y el reetiquetado benefician a los consumidores que hablan lenguas originarias (muchos de los cuales también hablan español).
Interesante: el señor Carrillo no ha hecho un trabajo que sería coherente con su propuesta: presentar su proyecto en las 47 lenguas originarias para que todos los supuestos beneficiados puedan conocer su contenido.
Tampoco ha propuesto algo que, dentro de su limitada visión, podría contribuir a mejorar la participación política de los grupos que pretende proteger: obligar a que los planes de gobierno en las campañas sean presentados a esas 47 lenguas, que en los debates parlamentarios se traduzca todo lo que se dice en dichas lenguas, y que, cuando un congresista se dirija al público, esté en capacidad de responder preguntas y dar discursos (directamente o acompañado por traductores) en 48 lenguas, incluido un buen español que suele brillar por su ausencia.
Y también debería pedir que los periódicos y los noticieros traigan las noticias en todos esos idiomas.
Los reguladores como Carrillo siempre actúan poniéndoles costos a los demás que no están dispuestos a asumir ellos mismos. Está bien para ellos regular la comunicación comercial pero no la comunicación política. Aunque parece mala idea regular cualquiera de ellas, al menos la comunicación política nos concierne a todos. Pero así son los congresistas: siempre nos aplican la ley del embudo. Lampadia
