Por Alfredo Bullard
(El Comercio, 22 de agosto de 2015)
Creí que eso estaba reservado a los congresistas. Alguno propuso por allí que el Indecopi sancione las faltas de ortografía. Otro, llamado Becerril, creía que se necesitaba crear un derecho de apelación en el arbitraje.
Pero el final del gobierno ha “acongresado” al Poder Ejecutivo. Un gobierno mediocre acelera su deterioro cuando se le acaba el tiempo y sabe que pasará a la historia sin ningún buen recuerdo.
Entre los proyectos de decretos legislativos que están dando vueltas hay uno para modificar el Código Penal y sancionar a los árbitros por delito de prevaricato, reservado actualmente a la incorrecta aplicación de derecho o análisis de hechos por un juez o un fiscal.
Viene acompañada de una simpática, cómica e ignorante exposición de motivos.
El prevaricato sanciona a un funcionario público (el juez o el fiscal) porque ha recibido un nombramiento estatal para administrar justicia. Pero el árbitro es un privado nombrado por las partes y unido a ellas por una relación contractual. No cumple ninguna función pública y un error durante la prestación de su servicio está sujeto al contrato que celebró y no a la entrega de una potestad estatal. Por supuesto que si el árbitro comete un delito (estafa a las partes, participa en un esquema para privar ilegítimamente de patrimonio a terceros, se corrompe para resolver, etc.) puede ir preso, como le ha ocurrido a varios de los cómplices de Orellana. Pero es un delito diferente que se ajusta a la naturaleza de su condición.
Lo cierto es que el arbitraje peruano es una historia de éxito. Es uno de los países en los que más se arbitra per cápita. Su ley es reconocida internacionalmente como una de las mejores del mundo. Muchos de los árbitros más renombrados internacionalmente vienen a arbitrar aquí. Buena parte de la inversión y el desarrollo económico del país se ha podido dar porque los inversionistas han encontrado en el arbitraje un mecanismo rápido, especializado y seguro de solución de controversias frente al deficiente Poder Judicial.
Curiosamente, en el proyecto no hay una sola cita a algún experto internacional reconocido en arbitraje. Se cita como ejemplo una sola ley: el Código Penal argentino.Así como el Perú es una historia de éxito, Argentina es el caso más patético de fracaso del arbitraje. Pero los autores de la norma ni siquiera se han dado el trabajo de preguntarse qué pasa en el país que usan como ejemplo. En Argentina el arbitraje simplemente no funciona y ha sido sepultado bajo mala legislación e intervencionismo judicial. Es como citar una ley de prensa cubana para sustentar un cambio legislativo dirigido a mejorar el régimen de libertad de expresión o la legislación de promoción de inversiones venezolana para mejorar la gestión de Pro Inversión.
Lo cierto es que esa herramienta del prevaricato será usada por quienes pierden un arbitraje para presionar a los árbitros y escaparse del contrato que celebraron. Ya no serán los árbitros sino un juez penal el que resuelva su controversia. Como suele pasar, cuando penalizas una actividad lo que haces es espantar a los honestos y atraer a los delincuentes a la misma.
Incluso se habla de crear un registro de árbitros en el Ministerio de Justicia para controlarlos. No sé de dónde han sacado la idea que un registro estatal hace que baje el Espíritu Santo y el malhechor se vuelva bienhechor. El sector Justicia no solo tiene registrados a quienes están presos por cometer delitos: los tiene encerrados en la cárcel. Pero todos sabemos que en las cárceles se cometen delitos a diestra y siniestra. Si no pueden ni controlar a los presos, no me imagino cómo van a controlar a los árbitros registrados. Si pasa como en las cárceles, el registro del Ministerio de Justicia va a convertir el arbitraje en una cueva de ladrones.
