Por Alfredo Bullard
(El Comercio, 09 de Mayo de 2015)
Un estudiante ingresa a la oficina de un profesor de Economía con una interesante teoría para resolver un problema real para sustentar una política pública. El profesor lo mira con escepticismo y le señala un cartel colgado a la entrada de su oficina: «In God we trust, all others bring data» («Confiamos en Dios, todos los demás deben traer data»).
Las políticas públicas no pueden basarse en un acto de fe, pues afectan la vida de las personas y su futuro. La premisa de partida en una sociedad democrática es la libertad, lo que requiere demostración es su limitación. El que propone una regulación no debe traer especulaciones, sino data. El reconocimiento de la libertad no requiere demostración. Es el fundamento de la regulación lo que debe ser demostrado.
En los finales de un gobierno sin brújula y con un serio problema de confianza que ha afectado las inversiones, aparecen nuevamente propuestas para implantar un control de fusiones empresariales. Más allá de la tremenda inconveniencia de tener esta discusión en momentos en que la economía necesita un ‘shock’ de confianza, los argumentos son los mismos: hay empresas muy grandes, ese control existe en otros países, los monopolios son malos, etc.
Es curioso que el propio Indecopi, que en el pasado se opuso a esta medida, dijera en el 2012: «Es el momento de dejar de lado el discurso especulativo y colocar al país a tono con la legislación mundial». Se habla de especulación, pero no hay data. No hay análisis de cuál sería el impacto de esa política. No se evalúa cuál ha sido el impacto económico en lugares donde se ha implementado esta medida. Y es que el estudio de data es necesario, pues ni el Indecopi ni Jaime Delgado ni todos quienes lo han propuesto son Dios.
El único dato es la cantidad de países que han adoptado el control de fusiones. Pero no basta con demostrar que otros lo tienen, sino cómo funciona. La economía no puede basarse en bolas de cristal sobre un acto por definición complejo e impredecible como la organización empresarial.
¿Se imagina si para casarse uno tuviera que pedir permiso al Estado para que evalúe si el matrimonio será bueno o si hay riesgo de que los esposos se agarren a golpes o maltraten a sus hijos? ¿Con qué criterio podría el Estado limitar nuestra libertad con el argumento de que casarse puede ser riesgoso? Nadie discute que un matrimonio puede acabar mal. Pero de allí a limitar la libertad de casarse hay un buen trecho.
Muchas de las actividades humanas pueden, potencialmente, generar daños. Los automóviles o los aviones pueden causar accidentes. Los negocios pueden generar estafas. Las oficinas públicas pueden ser objeto de corrupción. La producción de una fábrica puede generar contaminación.
La sociedad ha desarrollado diversos mecanismos para prevenir daños futuros. Una forma es usar controles ex ante, es decir, sujetar la actividad a alguna forma de control previo. Por ejemplo, si usted quiere conducir un automóvil, la autoridad le pedirá que apruebe un examen.
Los controles ex post, por otro lado, funcionan con una lógica distinta. Determinan que la actividad es libre y sujetan la conducta a asumir las consecuencias de ciertos actos (sanciones administrativas). Por ejemplo, la circulación de vehículos no está sujeta a una autorización previa, pero si causas un accidente debes pagar por los daños.
Los monopolios traen el germen de su propia autodestrucción. Al subir los precios atraen la entrada de nuevos competidores. El problema no es el tamaño, sino las barreras de entrada. Por eso es mejor reforzar a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi que crear un Frankenstein regulatorio como el control de fusiones, cuyas bondades no han sido demostradas en ninguna parte del mundo. En el control de fusiones todas son dudas. Y como decía Zaratustra: «En la duda, abstente».
