Por: Alfonso Bustamante y Angela Grossheim
Gestión, 6 de diciembre del 2023
Análisis. A raíz de los asesinatos de trabajadores de mina Poderosa en Pataz, La Libertad, diversos gremios empresariales se reunieron para denunciar las amenazas y riesgos de la que son objeto sus actividades a manos de bandas criminales.
Confiep: medidas del Estado no han funcionado
Alfonso Bustamante, presidente de la Confiep, consideró que lo sucedido en Pataz es señal de que las medidas que ha tomado el Gobierno para combatir a la minería ilegal no han funcionado, y que -dijo- si bien el Poder Ejecutivo estaba al tanto de que podía haber más ataques, no fue capaz de contener esta situación.
“Las medidas de contención del Estado no han funcionado y a todas luces estamos perdiendo la guerra contra la criminalidad”, reclamó, Bustamante citando que en Lima y el interior del país se ve a pequeños comerciantes que deben pagar cupos a bandas criminales para que puedan ejercer su actividad económica.
Advirtió que se ve también bandas criminales bloquear vías buscando el caos, mientras la Policía Nacional del Perú está sometida a un enfrentamiento cuando este podría evitarse, recuperando los servicios de inteligencia nacional que se han abandonado, pese a que son fundamentales para realizar acciones de prevención (en el avance del crimen organizado).
Por el contrario, señaló que se ve una absoluta asimetría (en el tratamiento del Estado a la actividad formal versus la ilegal), pues mientras a los mineros informales solo se les pide una declaración jurada (amparada en el Registro Integral de Formalización Minera – Reinfo) para operar, a la minería formal se le exige el cumplimiento de requerimientos difíciles de llevar.
Snmpe: los costos de la minería ilegal
Angela Grossheim, directora ejecutiva de la Snmpe, formuló un llamado a todos los niveles de gobierno, el Congreso de la República, organizaciones sociales y ciudadanos, para cerrar filas contra la minería ilegal y a trabajar de manera conjunta con el sector empresarial.
Ese trabajo conjunto es necesario, según indicó, para poder abordar las distintas aristas de esta problemática, tanto la relacionada con la seguridad como fortalecer la normativa vigente y mejorar la trazabilidad del oro.
Señaló que la minería ilegal se ha convertido hoy en la primera actividad ilícita en el Perú, superando incluso al narcotráfico. Cada año, comentó, la minería ilegal genera una pérdida del 2.5% del PBI y los costos directos o indirectos anuales que genera suman más de S/ 23,000 millones.
El línea con lo mencionado por Confiep, denunció que el Reinfo se ha convertido en una herramienta para encubrir la minería ilegal, pues otorga a los inscritos la “exención de responsabilidad”, que permite que no pueden ser procesados por el delito de minería ilegal. “La realidad es que el proceso de formalización lleva más de 20 años de creado, tiene casi 88 mil inscritos, pero solo poco más de 11 mil se han formalizado”, anotó.
