Cometario Lampadia:
Es increíble como en el Perú nos cuesta darnos cuenta de qué cosas están bien y qué mal. Y sobre todo reconocer los errores y rectificarlos. A pesar de todas las advertencias que se hicieron en su momento, el gobierno insistió tozudamente en mantener el Decreto 005-Produce y defendió la posición irracional y antitécnica de la ex Ministra Gladys Triveño. Los resultados no se hicieron esperar y tal como se previó, provocó la casi quiebra de la pesca formal en el sur, generó el desvío de la pesca destinada al consumo humano hacia la producción de harina de pescado fomentando la pesca ilegal. Así, lo señalamos cuando recién juramentado el ministro de producción, Piero Ghezzi, declaró que mantendría la vigencia el Decreto Supremo 005-Produce y al viceministro de pesquería Paul Phumpiu. (Ver en Lampadia (L): Graves fallas en el ordenamiento pesquero
El señalamiento originó la respuesta airada de Ghezzi, en la que desconocía abiertamente los perjuicios del mencionado Decreto (ver en L: Más sobre el ordenamiento pesquero).
Finalmente, tras dos años de vigencia de la malhadada norma se tiene que reconocer sus efectos negativos. Un reciente informe de Macroconsult concluye que el Decreto Supremo 005, que regula la pesca de anchoveta en las primeras 10 millas del mar peruano no ha logrado sus objetivos. No ha protegido el recurso, ya que la exclusividad de la franja para embarcaciones de menor escala habría incrementado el sub reporte de desembarque de anchoveta, que pone en riesgo el recurso. Además ha causado una redistribución de riqueza hacia armadores que realizan actividades informales e ilegales, y el desembarque de anchoveta para consumo humano directo ha disminuido significativamente a pesar de que su objetivo era incentivarlo. Es decir, ha sido un completo fracaso.
Adicionalmente, habría que señalar que la menor exportación de productos pesqueros del año 2013 (US$ 600 millones), coincide exactamente con nuestro déficit de balanza comercial de dicho año. Algo que podría volver a ocurrir el 2014. Tremendo.
Ghezzi, parece finalmente reconocer el error y, de acuerdo a Caretas, le pidió la renuncia al viceministro de pesquería Paul Phumpiu. Ahora se espera la derogación de la norma. Ver líneas abajo los editoriales de El Comercio y Perú 21.
Pescando contradicciones
Por Editorial El Comercio
(Jueves 02 de Octubre del 2014)
Como informamos ayer en nuestra sección Portafolio, un reciente estudio de Macroconsult sobre los efectos del decreto que “reordenó” la pesca industrial de anchoveta hace dos años ha confirmado lo que –desde antes de su aprobación– diversos expertos argumentaban sucedería: no se ha cumplido ninguno de los objetivos por los que la norma fue aprobada y, por el contrario, esta ha agudizado los problemas que buscaba solucionar.
La regulación actual prohíbe la pesca industrial dentro de las 7 millas en el sur y las 10 millas en el norte de nuestro litoral, dejando las mismas como exclusivas y liberadas (es decir, sin límite de cuotas) para las embarcaciones pequeñas y artesanales siempre que pesquen para el consumo humano directo. Mientras tanto, los industriales, que, a diferencia de los anteriores, sí cuentan con cuotas máximas de pesca individuales, un régimen de vedas y un sistema de control vía satélite, pueden operar solo a partir de la milla 7 o 10 en el sur y norte, respectivamente.
El argumento utilizado por el presidente Ollanta Humala para la aprobación de esta norma fue que se debe privilegiar el consumo humano de los recursos marinos y reconocer el “sacrificio de los pequeños pescadores y la irresponsabilidad de las grandes empresas que han depredado la anchoveta”. El presidente, sin embargo, perdió de vista que lo que hace que un pescador deprede el recurso no es el tamaño de su operación (pues la suma de pequeños pescadores puede depredar igual que una embarcación industrial) sino que la misma se realice sin controles. Y esto, justamente, es lo que sucede con la pesca menor a la que se le entregaron las primeras millas.
A dos años de la aplicación de esta regulación, la evidencia sobre sus pésimos resultados es clara. El informe de Macroconsult ha mostrado que con el decreto ha aumentado la pesca ilegal y ha caído dramáticamente la pesca para el consumo humano directo (pues a los informales les sale más a cuenta vender el pescado para otros fines, lo que difícilmente se controla). El informe detalla, por ejemplo, que la brecha entre la exportación de harina proveniente de la pesca legal y de la pesca ilegal antes de la aplicación del decreto era de 73 mil toneladas anuales, mientras que ahora la brecha ha saltado a 163 mil toneladas en favor de los ilegales. Asimismo, el informe señala que la producción de anchoveta para el consumo humano antes del decreto había llegado a un pico histórico de 125 mil toneladas y ahora, sumado a que el Estado ha dejado de ofrecer este recurso en sus programas alimentarios, se estima que este año a duras penas se cerrará con 30 mil toneladas.
Por otro lado, a raíz de que se restringió la actividad de las grandes empresas, al término de la primera temporada de pesca la participación en el PBI de este sector se encuentra en descenso, el nivel de desembarques también ha caído y las exportaciones están yendo por el mismo camino. Para la Sociedad Nacional de Pesquería, se estima que al cierre del 2014 los desembarques totales serán de 3,5 millones de toneladas, equivalentes a la mitad del promedio de desembarques entre el 2000 y el 2011. Asimismo, las exportaciones de harina y aceite de pescado se encuentran en riesgo y se estima que serán similares al bajo nivel del 2013, aproximadamente de US$1.800 millones, lejos de los US$2.300 millones del 2012.
Como cereza de la torta, principalmente debido a las restricciones que se le impuso, la industria solo ha podido pescar el 68% del total de la cuota asignada por el propio gobierno, dejando de pescar 807.070 toneladas, lo cual representa aproximadamente US$385 millones en pérdida de exportaciones y US$21,2 millones en pérdida de ingresos de los trabajadores. Un lujo que en el contexto de desaceleración en el que nos encontramos no nos podemos dar.
Es urgente un cambio en la política pesquera. No debe hacerse distinciones entre grandes y pequeños y tiene que establecerse un sistema de cuotas individuales generalizado con controles aplicables a todo el mundo. La designación del flamante viceministro de Pesquería abre una nueva puerta para un cambio de rumbo. Ojalá él decida dar el giro que es necesario para enderezar este asunto y que el gobierno deje de pescar tan solo contradicciones.
Regulando pescados
Por Juan José Garrido
(Perú 21, 02 de Octubre del 2014)
Este gobierno, como muchos otros y un gran contingente de seguidores del Estado como Gran Hermano, creyó que microrregulando solucionaría los problemas de desigualdad. Lo hizo en el sector pesca y en el sector minero con mucho entusiasmo, pero poca previsión.
La idea era simple: dado que las “grandes pesqueras” así como las “grandes mineras” depredan nuestras riquezas, impongámosles mayores regulaciones que limiten su actividad económica. Suena sencillo, pero, en un país con una informalidad que bordea el 75% de la PEA y 45% del PBI, era fácil prever quiénes saldrían beneficiados con dichas medidas. El gobierno creyó que serían los peruanos; no obstante, sin un esfuerzo mayor por formalizar o hacer que las leyes se cumplan (para castigar las actividades ilegales), lo obvio era imaginar que fueran las mafias las beneficiadas. Y así sucedió.
El caso más concreto es el del sector pesquero. Un reciente estudio de Macroconsult desnuda la forma en que, desde el inicio del famoso Decreto 005 (aquel que trasladaba a la industria pesquera de la milla 5 a la milla 10), el sector pesquero ha sufrido una gran caída en su producción anual. Este año, el desembarque de anchovetas para consumo humano será poco mayor al del 2005, casi una cuarta parte (léase bien, 25%) de lo pescado en el 2011.
Los bienpensados creerán que ganamos todos los peruanos, que el mar recupera su biomasa y que la pesca artesanal –aquella destinada al consumo humano– podría extraer mayores recursos marinos. Ni lo uno ni lo otro: la pesca ilegal para harina se incrementó y la artesanal decayó.
El problema de la pesca se puede trasladar, de igual manera, a casi cualquier otra industria: como el Estado Peruano es incapaz de hacer valer la ley, de verificar si los informales e ilegales disminuyen (y en qué medida), las regulaciones solo hacen más difícil la actividad en el sector formal; el informal, como imaginarán, sigue realizando sus actividades sin problemas. Parafraseando, para regular y comer pescado, hay que ir con mucho cuidado.
