Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 14 de octubre de 2024
Para Lampadia
Los que creímos que la divulgación de los audios – a mediados del 2018 – del escandaloso caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, iba a propiciar el mejoramiento de nuestro Sistema de Justicia, nos equivocamos de cabo a rabo.
Recordemos tres botones de muestra de aquel vergonzoso caso, que involucró a los magistrados de mayor jerarquía de nuestro Sistema de Justicia de aquel entonces:
- “Tu encargo se cumplió.” Estaban hablando del nombramiento en un alto cargo en el Consejo Nacional de la Magistratura de una joven, digamos… de sexo débil y permisivo.
- “¿Qué baje la pena o que lo declaren inocente?” Estaban coordinando la sentencia de un delincuente violador de una menor de edad. Y
- “Estoy pensando en diez verdecitos.” Estaban hablando de favorecer a un narcotraficante.
Efectivamente, los “Audios de la Vergüenza” revelaron – a la bruta – el extremo al que podían llegar ciertos jueces y fiscales, cuando se pasaban al lado del mal.
Sin embargo, transcurridos algunos años de aquel vergonzoso caso, y a la luz de los últimos acontecimientos, cabe preguntarnos:
¿habrán mejorado el Ministerio Público y el Poder Judicial… o seguirán tal cual?
¿Habrán recapacitado y enmendado su proceder, los jueces y fiscales de nuestro país?
Bueno pues, Chibolín – y muchos más – nos vienen dando la respuesta a tal interrogante, de manera inequívoca: el Sistema de Justicia Peruano sigue en modo “Cuellos Blancos” … ¡y hasta peor!
Efectivamente, en vez de “diez verdecitos”, ahora se habla – como si nada – de ¡un millón de dólares! para lograr la devolución de 100 kilitos de oro de unos mineros ilegales.
También se habla de viajes de magistrados de altísimo vuelo, y hasta de remodelaciones de viviendas de jueces y fiscales… todo pagado por delincuentes a quienes había que acusar y sentenciar con penas largas de carcelería.
Claramente, el Sistema de Justicia de nuestro país – léase, el Ministerio Público o Fiscalía y el Poder Judicial, propiamente dicho – sigue siendo una institución infestada de corrupción, que muchos repudiamos. Por supuesto, soy el primero en reconocer que hay jueces y fiscales excepcionales – incorruptibles, inteligentes, incuestionables – que merecen nuestro mayor aprecio y gratitud. Pero – lamentablemente – son los menos.
El problema es que aparte del sometimiento descarado de jueces y fiscales ante personajes repudiables – y coimeros – como Chibolín y su pandilla, están los Convenios de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio Público y el Poder Judicial con el Instituto de Defensa Legal (IDL), que no son nada santos.
Y lo mismo sucede con los convenios suscritos entre dichas instituciones judiciales con varias universidades privadas, mediante los cuales se otorgan beneficios económicos a jueces y fiscales… y a sus familiares.
Me refiero, a aquellas universidades de propiedad de políticos en funciones como
César Acuña (Universidad César Vallejo),
José Luis Elías (Universidad San Juan Bautista),
Pepe Luna Gálvez (Telesup),
Joaquín Ramírez (Universidad Alas Peruanas),
Luis Cervantes Liñán (Universidad Garcilaso de la Vega), entre otras.
Aunque – valgan verdades – las tres últimas dejaron de existir porque ni siquiera lograron ser acreditadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).
¿Qué justicia se podría esperar de jueces y fiscales, cuyos hijos – u otros familiares – estén estudiando en dichas universidades, en condiciones económicas ventajosas, ante casos delictivos perpetrados por los propietarios de las mencionadas universidades? Claramente… ninguna.
Aparte de conflictos de intereses, existe también el problema de la precariedad – en todo sentido – de la Fiscalía y el Poder Judicial, frente al poder económico y delincuencial de avezados narcotraficantes, desalmados criminales, poderosos mafiosos, empresarios y funcionarios corruptos y demás. Me refiero, tanto a temas remunerativos como a condiciones laborales: inmuebles deplorables, mobiliarios apolillados, equipos obsoletos, servicios higiénicos pestilentes, etc.
¿Acaso no hay fiscalías y locales judiciales inmundos, con baños sin agua, expedientes en el suelo, calurosísimos, y todo lo demás?
¿Qué fácil debe resultarle a un criminal mafioso, amenazar – o sobornar – a un juez o fiscal, para torcer un fallo judicial a su favor?
¿No será por eso, que tantos criminales andan libres y / o son declarados inocentes?
Después de ver – atónito – lo que día a día está saliendo a la luz del caso Chibolín, no me queda la menor duda de que frente a tantos fallos injustos, extraños y / o pro-delincuentes hay muchos “tu encargo se cumplió, qué baje la pena o que lo declaren inocente, o estoy pensando en diez verdecitos?
Mediante el presente artículo quisiera sumarme a la propuesta de reformar radicalmente todo el sistema de justicia de nuestro país. Reforma que no podría gestarse dentro del propio sistema judicial – por más autónomo que sea – sino desde la ciudadanía; a través de una propuesta de los más connotados juristas y hombres de leyes de nuestro país.
Algo así como un borrón y cuenta nueva. Los peruanos no merecemos un Sistema de Justicia que siga en modo “Cuellos Blancos” … ¡y hasta peor! Lampadia
