Jaime de Althaus
Para Lampadia
Tiene razón el presidente del consejo de ministros, Ernesto Álvarez, cuando argumenta que no hay delito probado en las reuniones de Jerí con empresarios chinos, de modo que no se justifica la vacancia.
En el caso de la vacancia de Vizcarra, por ejemplo, había soborno comprobado.
También es verdad que esa clase reuniones y la forma como se dieron no son compatibles con la dignidad del cargo.
Lo cierto es que el tema de la censura o la vacancia presidencial, en la medida en que se cruza con la campaña electoral, genera una dinámica que lleva a la salida del Jerí, porque ningún partido quiere quedarse atrás cargando con la acusación de “blindar” al presidente. Comenzó la izquierda, que aprovechó para reactivar su tesis del “pacto corrupto”, lo que llevó a que partidos de centro y derecha tuvieran que sumarse al linchamiento.
Por supuesto, es lamentable que Jerí, que despertó tantas expectativas en un país tan descreído, haya revelado lo que aparentemente traía detrás. Pero considerando que efectivamente no hay delito probado, la decisión debe ponerse en la balanza junto con el daño que una vacancia ocasionaría a la marcha del gobierno y a la imagen internacional del Perú.
Recordemos lo que pasó con Boluarte. Casi lo único positivo que ese gobierno estaba llevando a cabo, era la política de formalización de la minería informal y la elaboración de elementos para una ley MAPE. Logró morigerar la ley del Congreso que prorrogaba el Reinfo, excluyó a 50 mil inscritos en el Reinfo -lo que fue un gran paso adelante-, y trazó un plan claro para formalizar a los 31 mil restantes. Al mismo tiempo implantó un comando unificado y tres puestos de control efectivos en Pataz, que empezó a tener resultados claros.
Lamentablemente el cambio de gobierno puso fin al proceso de formalización, que ha quedado abandonado. Ahora no hay ni director general de formalización minera, y el ministerio ha sido copado por incompetentes y predadores. Lo más probable entonces, salvo que se produzca un cambio regenerador en ese ministerio, es que a fines de este año se termine prorrogando el Reinfo una vez más, para oprobio nacional. Y el Comando de Pataz ha quedado desfinanciado.
El gobierno de Jerí, sin embargo, sí ha logrado avanzar en la organización del Estado y de la sociedad civil contra la criminalidad de las extorsiones. Ahora hay coordinación entre los Poderes. La policía trabaja mejor con los fiscales, hay comunicación e interacción con los gremios afectados y también con los comités distritales para el control territorial. Se ha emitido decretos legislativos que mejoran los instrumentos para la lucha y uno de ellos, que permite a UIF revelar la información de las cuentas en las se depositan las extorsiones, ha permitido desmantelar a las principales organizaciones de Lima, aunque los remantes crean nuevas que asesinan para afirmar su control territorial.
Falta mucho, falta tecnología, falta afiatar la coordinación interinstitucional, pero hay una nueva dinámica, un camino.
Sería lamentable que eso se cortara con un nuevo gobierno, aunque ya hay acaso una inercia constructiva asentada en las instituciones mismas.
Como fuera, quizá lo más sensato sería acoger la idea de Víctor Andrés García Belaunde, que propone que, en todo caso, la vacancia se produzca -si ha de producirse- luego de que se haya proclamado al presidente electo, para que no sea Jerí quien entregue la banda presidencial al nuevo mandatario.
De esa manera se cumplirían los dos objetivos: se mantendría la continuidad del gobierno hasta casi el final, y se restablecería la dignidad del cargo.
Pensemos bien.
Lampadia
