Alejandro Deustua
28 de enero de 2025
Para Lampadia
Durante su primera semana de gobierno el presidente Trump se ha empeñado en iniciar la depuración de su administración pública e incrementar la fricción con el Occidente central y periférico.
En efecto, luego de redoblar sus exigencias de adquisición de Groenlandia sin mayor consideración por la negativa del soberano danés (que busca hoy solidaridad europea), en Davos el presidente acentuó la fricción con sus aliados principales (los miembros de la Unión Europea). Sus demandas y reclamos justificaron el planteamiento, por la autoridad ejecutiva de la UE, de fortalecer de sus propias capacidades y diversificar las relaciones del bloque. A la par, el inicio de deportaciones de emigrantes ilegales latinoamericanos sin acuerdos transparentes con los países de origen ni mecanismos regionales negociados ha revivido la CELAC convocada, en tono de emergencia, para tratar el problema como asunto estratégico.
Ello contrasta notoriamente con la atenuación del desafío a China: la amenaza de aranceles generales del 60% se han reducido a 10% mientras que una decisión judicial de venta compulsiva de Tik Tok a empresarios norteamericanos se ha tornado en una propuesta de copropiedad (50/50) y se abren posibilidades de visitas y diálogos de cooperación. De otro lado, la decisión de poner término a la guerra ruso-ucraniana se mantenía encarrilada sobre una declarada (y poco verosímil) base humanitaria a pesar de la continuación de los ataques entre las partes.
Este bliztkrieg contra socios y ductilidad con contrarios debiera encontrar términos que no sean los de la imputación pública de culpas y agravios (en el caso de europeos y latinoamericanos) ni la simple declaración sobre una eventual solución de conflictos con contrarios (con los que no se han establecido aún procesos de diálogo regular y que, hasta hoy, dependen del arbitrio vocinglero de Trump). Ello será difícil de lograr si la personalización del poder no disminuye en Estados Unidos y si ésta se presenta como expresión del “sentido común” (implicando que las razones de las contrapartes son las de la irracionalidad) desprovisto del sentido de realidad.
La alusión a esa supuesta sensatez, se expresó conminatoriamente en Davos mediante la exhortación a los empresarios concurrentes a producir en los Estados Unidos y disfrutar así de una reducción de impuestos de 21% a 15% o, alternativamente, ser sometidos a un próximo incremento de aranceles con cuyo recaudo se financiaría el déficit. De igual manera se incitó a la OPEP a bajar los precios del petróleo cuyos altos niveles financian la guerra con Ucrania, se dijo, mientras Estados Unidos se alista a incrementar la producción de petróleo y gas (y de carbón en contra de los compromisos de la lucha contra el calentamiento global) sin contar con el consenso de empresarios norteamericanos. De similar manera se impelió a los miembros de la OTAN a contribuir a la defensa colectiva con 5% del PBI (una meta informal posterior a la exigencia de 2%) y a la Unión Europea a desregular y simplificar mercados para favorecer proyectos extranjeros (entre los cuales se encuentra alguno del Sr. Trump según éste expuso). Así, el presidente de la primera potencia dictó públicamente los términos de una reforma económica a sus principales socio estratégicos anticipando una contienda arancelaria sin identificarlos siquiera como los aliados históricos que son.
Con anterioridad, la presidente de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyden, había previsto la nueva situación: Europa debe fortalecerse y ser menos dependiente. Ella entendía que la época de la “hiper-globalización” liberal y de la cooperación creciente había concluido al final de este cuarto de siglo. El rol de las cadenas de valor que extrajeron a millones de la pobreza, la revolución tecnológica IT que generó beneficios tangibles a todos, la incorporación de Rusia al G7 (el G8) o la cohesión brindada a la UE por el euro quedaron atrás. Hoy el mundo, siendo aún interdependiente, se fragmenta. El comercio intra-regional crece ya más que el valor duplicado del comercio global (no en América Latina) mientras que las barreras comerciales se triplicaron en 2024, las instituciones multilaterales pierden suficiencia frente a economías regidas por normas diferentes y las barreras a la transferencia tecnológica se cuadriplican. De otro lado, la guerra ha convertido en arma a la energía mientras los cables submarinos de interconexión global se sabotean. En una nueva era de competencia geoestratégica multifacética los instrumentos económicos (sanciones, aranceles) se emplean por razones de seguridad nacional recordó la presidenta de la Comisión Europea.
En su perspectiva esta carrera hacia abajo debe amainar para evitar un quiebre mayor de los vínculos de la economía global y para modernizar normas orientadas a generar ganancias mutuas (una subrayada referencia contra planteamientos de suma O).
Con ese objetivo, la segunda economía mundial debe cambiar. Ahora la UE necesita incrementar su competitividad y productividad, eliminar brechas laborales y desregularse. Las bases serán un mercado de capitales profundo y líquido para generar inversiones; la simplificación y unificación de la regulación empresarial para aprovechar mejor la escala continental; y la minimización de la dependencia energética con fuentes no renovables.
Estos cambios se acompañarán con la interacción de aquellos que deseen luchar contra el calentamiento global (acuerdo de París denunciado por Trump), con los que deseen cooperar (a pesar de la competencia) y compartan intereses (no sólo con los aliados). El pragmatismo consecuente se practicará sin arriesgar valores europeos y “más allá de bloques y tabúes”. Corrigiendo distorsiones y rebalanceando flujos India, China y el Mercosur están en agenda. Europa está pronta a compartir esta diversificación con Estados Unidos teniendo en cuenta la principalísima relación mutua (2/3 de los activos norteamericanos en el exterior están en Europa mientras que el volumen comercial total muto representa 30% del comercio europeo).
El presidente Trump no parece haber tenido en cuenta esta perspectiva (que las renovadas tendencias nacionalistas en Europa cuestionan), al presentar sus requerimientos.
Como tampoco ha anticipado las consecuencias de empezar, con un operativo militar, la “remoción de extranjeros ilegales” de Estados Unidos acompañando con sanciones a los países de origen que se nieguen a aceptarlos. Todo Estado tiene el derecho de sancionar o expulsar a quienes ingresen a los respetivos espacios nacionales violando normas locales. Pero su deportación debe cumplir con el derecho aplicable y la identificación certera distinguiendo a los ilegales de los prontuariados y de los legales. Y si la deportación es masiva, el “sentido común” sugiere la necesidad de acuerdos procesales previos con todos los países de origen.
Si un acuerdo semejante se concretó con Colombia y el presidente Petro intentó incumplirlo (aparentemente por el trato a los deportados esposados), el Departamento de Estado pudo procurar mecanismos que no fueran la implementación de aranceles punitivos generales de 25% (que se incrementarían a 50% en una semana) y sanciones a autoridades contra un supuesto aliado “extra-OTAN” argumentado razones de seguridad nacional que no se aplican p.e. a Venezuela. Al retractarse el gobierno colombiano y publicar Estados Unidos que la contraparte había aceptado “todos los términos” de la iniciativa norteamericana se desconocieron normas básicos de la relación diplomática con América Latina. Las consecuencias se verán en una reunión de urgencia de la CELAC que, de llevarse a cabo, agitará un sentimiento antinorteamericano quizás mayor en los países con gobiernos de izquierda que podría trasladarse a los demás. Lampadia
