Las propuestas de la Coalición Ciudadana
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Ya lo sabemos: hay una guerra de trincheras entre Castillo y el Congreso sin que ninguno pueda desalojar al otro. Castillo no puede disolver el Congreso, pero no por la razón que dio Rosa María Palacios el domingo en La República: que la ley que reguló la cuestión de confianza le impide al gobierno hacer cuestión de confianza casi por ningún tema y es inconstitucional. No es así. El Tribunal Constitucional en su sentencia 0006-2018-PI/TC estableció que “La cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución de manera abierta… para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera”. Por eso la ley mencionada simplemente explicita lo obvio: no se puede presentar cuestiones de confianza sobre asuntos que constituyen competencias exclusivas y excluyentes de otros poderes del Estado, sino solo sobre lo relativo a las funciones propias del Ejecutivo. Podría hacerlo, por ejemplo, sobre como la poner límites a la extensión de las tierras o nacionalizar el gas, o sobre la tercerización si es que el Congreso decidiera derogar el decreto supremo que la restringe, algo que debería hacer.
Castillo no puede disolver el Congreso porque es claro que si el Parlamento gasta una bala de plata rechazando una cuestión de confianza, probablemente lo vacaría antes de gastar la segunda. Castillo moviliza a sus pequeñas huestes pero tampoco tiene el apoyo de las fuerzas armadas si decidiera cerrarlo por la fuerza.
El Congreso, por su parte, no tiene en este momento los votos para la vacancia, y la oposición social al gobierno está dividida. Por eso la marcha del 5 de noviembre, si bien fue importante, no fue gigantesca. Solo marchan sectores sociales y políticos vinculados a la derecha y a los militares y policías que se enfrentaron al terrorismo. El sector llamado “caviar” no se moviliza por la vacancia, sino que propone el adelanto general de elecciones. Y entre ambos sectores hay una intolerancia recíproca patológica.
El adelanto de elecciones generales -que se vayan todos- contiene implícitamente un rechazo al sistema democrático -al Congreso, a los partidos, a todos-, y por lo tanto un llamado también implícito a un caudillo autoritario, pues si la democracia no funciona y todos deben irse, pues que venga un hombre fuerte a arreglar los problemas. Para que no tenga estas connotaciones es que se plantea que todos esos que queremos que se vayan aprueben antes de irse unas reformas políticas y electorales para que no regresen los mismos.
La llamada “Coalición Ciudadana”, por ejemplo, plantea siete reformas. Algunas son aparentemente positivas: que en la segunda vuelta participen los candidatos que obtengan las votaciones más altas y que en conjunto lleguen a sumar el 55% de los votos, para que no pasen solo dos con muy escasa votación (aunque no se alcanza a ver cual es la ventaja de esta variante), y que los congresistas sean elegidos junto con la segunda vuelta, para que haya menos fragmentación en el Congreso y el Ejecutivo tenga más probabilidades de alcanzar mayoría a fin de que pueda gobernar.
Pero si el presidente va -probablemente- a tener mayoría, y el congreso sigue siendo unicameral, puede convertirse en un pequeño dictador. Al revés, si no tiene mayoría y predomina un partido opositor, podríamos tener una dictadura parlamentaria. Entonces es indispensable aprobar ahora la bicameralidad, algo que no figura en las propuestas de la Coalición, que debió demandar al Congreso reunir los 87 para aprobar la reforma que ya está elaborada. Es cuestión de un pequeño empujón.
Si se aprobara la bicameralidad, podríamos tener una cámara de diputados elegida en distritos electorales pequeños, uni o binominales, para conectar mejor los representantes con los representados. Eso sería mucho mejor que la propuesta de la Coalición de incorporar al menos una circunscripción para pueblos indígenas u originarios, pues si tenemos distritos pequeños en los distritos de mayoría indígena, que son muchos, se elegiría a muchos representantes indígenas. Por lo demás, no se puede tener ciudadanos con doble voto: territorial y étnico.
De acuerdo con que las personas condenadas por delitos muy graves deben estar impedidas, incluso si ya cumplieron su condena, de postular, ejercer cargos públicos de elección desempeñar cualquier función en el Estado.
Dejaremos para otras columnas los comentarios sobre las propuestas restantes. Lo interesante es que este grupo se ha tomado el trabajo de pensar y proponer, algo que no es frecuente. Sin duda el Congreso debe avanzar en las reformas políticas. Pero, como sabemos, si no tiene votos para la vacancia, menos los tiene para el adelanto de elecciones, aunque el número requerido sea menor.
El Congreso tiene que salir de la guerra de trincheras. Tiene que dar curso a la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación y, si tropieza con el 117, aplicar el 114 para suspender temporalmente a Castillo para que el Poder Judicial lo precise. Pero si no encuentra una salida de este tipo, no le quedaría sino buscar un acuerdo político de modo que Castillo acepte un gobierno de gabinete presidido por un primer ministro capaz de convocar a ministros de calidad. No podemos seguir atrapados en el impasse.
Mientras tanto, la sociedad civil debe asumir tareas en lugar del gobierno: la Coalición Ciudadana lo ha hecho al presentar una propuesta. En el CADE se anunció que CGTP y CONFIEP presentarán una propuesta de la gobernanza de Essalud y quizá, más adelante, de reforma de regulaciones laborales. Peruanos por Peruanos se ha enfrascado en el programa de anemia cero, para resolver desde la empresa privada algo en lo que el Estado ha fracasado. Y se quiere reducir la inseguridad en las principales ciudades mediante obras por impuestos. Es la hora de la sociedad civil. Lampadia
