Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
He pasado medio siglo de mi vida involucrado en el sector minero, lo que me ha permitido conocer más a mi país y aprender de una industria, amada por muchos como yo, pero vilipendiada por tantos otros, que no conocen su trayectoria y evolución, ni los niveles de exigencia al que se le somete, pero que supera con mucho éxito.
Los críticos y muchos que no conocen, creen que cuando a los mineros se les otorga una concesión, “se les ha dado la llave de un almacén de lingotes de oro u otros metales” y que, “seguro” el Estado les ha otorgado esos derechos por algún acto cercano a la corrupción. Ellos nunca han pensado en el esfuerzo exploratorio (investigación científica de las entrañas de la tierra) que esto significa, las grandes inversiones de riesgo que se realiza durante años, el número de fracasos exploratorios y los años de sacrificio para tratar de identificar, con muy baja probabilidad de éxito, un yacimiento con potencial.
No pretendo explicar todo el proceso seguido hasta lograr un proyecto con recursos suficientemente valiosos (en volumen y calidad) que, luego de resolver los desafíos técnico-económicos de método de explotación acorde al comportamiento geomecánico del depósito, ley del mineral (contenido metálico por tonelada de roca), identificación del procesamiento metalúrgico optimo, calidad del concentrado resultante y términos comerciales acorde a sus características, costos de; minado, tratamiento y comercialización, incluyendo los riesgos de precios de mercado, que se agregan a los de cada aspecto mencionado, sólo por dar una pincelada de los riesgos.
En paralelo, pero desde antes de iniciar exploración alguna, se debe cumplir, no sólo con la obvia coordinación y gestión de autorización de las comunidades posecionarias de los terrenos a explorar, sino también, pasar por las gestiones burocráticas que luego de más de un año, finalmente permitan la autorización para explorar. Por supuesto que, desde antes de iniciar los trámites oficiales para esta actividad, la comunidad ya hizo sus primeros pedidos y exigió compromisos. Nadie sabe aún si el Estado te autorizará explorar, pero ya “vas pasando por caja”, cuando menos un año antes de empezar.
Obviamente, a los miembros de la comunidad se les explica qué queremos hacer y, con tanto desconocimiento como el que tiene quien aún no ha explorado, se tiene que explicar y socializar las posibilidades de un éxito o fracaso respecto a esa tarea. Paralelamente, ya tenemos la discusión de la “consulta previa” a cargo del Estado y el asecho permanente de las ONGs, que siembran las dudas e insidias, diciendo: “no se dejen engañar que ustedes son los dueños del oro que se quieren llevar”. No importa si se va a explorar por cobre, plomo, zinc, plata u oro y si se tendrá resultado positivo.
Lo más probable es que, desde ese momento inicial hasta la eventualidad de un hallazgo, transcurran 10 años o muchos más. Por supuesto que, a nadie le preocupa que en muchos casos haya transcurrido entre 20 y 50 años (caso de Antamina), para estar en condiciones de construir un proyecto; técnicamente viable, económicamente factible, socialmente aceptable y ambientalmente amigable, a pesar de las exigencias y demandas de la población, nunca satisfechas, y permanentemente estimuladas por las ONGs para exigir más.
En lo ambiental, nadie quiere reconocer que la industria minera del siglo XXI, está sujeta a los más altos estándares de la ingeniería, mínimo consumo de agua, alta recirculación y reutilización de esta, mínimo vertimiento de aguas tratadas y con calidad para uso industrial y agrícola, presas de relaves y depósitos de material estéril debidamente estabilizados y controlados. Que el control y manejo de residuos sólidos es ejemplar y que las normas de seguridad y sanitarias, ahora por el COVID-19, también son del más alto nivel. Todos estos parámetros son parte esencial de la cultura de la industria minera, pero, por si fuera poco, para asegurar el cumplimiento, tiene la supervisión y posibilidad de procesos sancionadores y multas de OSINERGMIN, OEFA, ANA, SUNAFIL, entre otras entidades que interactúan cotidianamente con las operaciones y exploraciones.
Ya dejando los temas técnicos de lado, a la industria minera siempre se le saca en cara que, “tras tantos años de actividad, los pueblos que los rodean siguen en la miseria, que no se ha trabajado en su desarrollo y que el crecimiento económico del país, no significa nada si ellos están tan pobres como siempre”. Otros vociferan que, “el Estado es el dueño y no cobra lo que debiera, que los dueños de la tierra deben recibir toda la riqueza del subsuelo, pero siguen mendigando y protestando”.
Nadie quiere entender que los recursos naturales son propiedad de la Nación (esto es, de todos los peruanos) y que el Estado los otorga en concesión para su explotación. Lo que significa, es que el Estado ha fijado soberanamente el porcentaje de la renta o ganancias que se le debe entregar en compensación, para redistribuirla a nivel nacional, hacer obras y beneficiar a todos los peruanos y vía canon y regalías, a las poblaciones de las localidades de donde se extrae el mineral. Obviamente, para poder atraer al Perú algunas inversiones, el Estado ha debido identificar de manera comparada con otros países, cuál es la carga tributaria máxima que puede exigir para ser competitivos (“government take”), que en el Perú es el 47% de la renta. Como parte del proceso compensación a las localidades de donde se extrae el mineral, se estableció el concepto del Canon Minero que es el 50% del impuesto a la renta, que junto con el 100% de las regalías, se destinan directamente a las regiones, provincias y distritos mineros.
Lo anterior significa que el Perú es un socio al 47% de cualquier proyecto que se construya y de cualquier operación minera en marcha, sin asumir ningún riesgo de inversión, de la naturaleza, de mercado o “acto de Dios”. Consecuentemente, a todos los peruanos nos afecta y especialmente a las poblaciones cercanas, la demora en la ejecución de los proyectos. Si contamos con buenas autoridades elegidas, la pronta ejecución permitirá resolver los problemas de salud, educación y seguridad, más rápidamente.
Por estos canon y regalías se ha distribuido S/.40,000’000,000 en los últimos 10 años. Lamentablemente y con la aquiescencia del más alto nivel de gobierno, se ha perforado la ley, permitiendo que algo que se constituyó para construir infraestructura y ejecutar proyectos de desarrollo sostenible, se desnaturalice. Los gobiernos centrales, cediendo a presiones populistas, ya han permitido que cerca del 35% de esos fondos se utilice en gasto corriente, como consultorías y “estudios diversos”, pero a pesar de eso, sólo se ha ejecutado en promedio el 66% de los fondos. Léase solo 31% en obras y vaya usted a ver qué obras; edificios de gobierno con lunas de espejo, toboganes gigantes de concreto (hoy clausurados por haber cobrado vidas de niños), monumentos horrorosos, hasta una piscina olímpica en Cusco, comparable a la más grande del Perú, pero de agua helada (no se puede usar). Y para cerrar con broche de oro, sólo se ejecutó el 48% del presupuesto del 2019, lo que en obras significa sólo un 13%.
Todo lo mencionado hasta aquí, no incluye los fondos de fideicomiso sujetos a “Convenios Marco” para proyectos de desarrollo sostenible, como el de Espinar, Candarave, Michiquillay, entre otros, que se han constituido con fondos de aportes de las empresas, distintos a impuestos y regalías y para fines de desarrollo sostenible. Dicho esto, debemos compartir con mucha pena, que los sucesivos gobiernos, pero estos tres últimos en particular, no han hecho cumplir las normas establecidas y han cohonestado por “presiones populares”, promovidas por activistas de izquierda infiltrados, una permanente malversación de los fondos creados para el loable propósito de ejecutar proyectos de desarrollo sostenible.
El Estado, con el apoyo del BID, ha venido trabajando por años el diseño de buenas prácticas para el desarrollo de las comunidades, mediante la adecuada aplicación de los recursos aportados por la industria minera para el cumplimiento de estos fines. Lamentablemente, las ONGs, quienes debieran ser las más celosas guardianas del respeto de ese objetivo y ejecución de los proyectos sostenibles, se han puesto de perfil ante presiones inaceptables de las propias poblaciones, para que se distribuya los fondos existentes en efectivo, como un bono en favor de los miembros de la comunidad.
La pregunta es; ¿por qué el Estado mediante el MIDIS no entregó el bono a los pobladores de Espinar? ¿por qué desde el Estado no se hizo respetar el propósito del fondo de desarrollo de Espinar? ¿por qué han permitido generar este mal precedente que, ahora van a querer replicar en todo el Perú? Pasarán los años y la izquierda, de la mano de la ONGs, serán las primeras en reclamar, que la minería no ha resuelto el problema de falta de desarrollo de esos pueblos, a pesar de los años de actividad minera.
¿Cómo quieren que las poblaciones alto andinas se desarrollen, si se permite el robo permanente en los gobiernos subnacionales, se fomenta la malversación de los fondos del canon y regalías, seguido de obras inadecuadas y ahora, por si fuera poco, la repartija del dinero con presiones inaceptables, promovidas por activistas de izquierda, pero avaladas por el gobierno central?
¿Quien entiende a los políticos de izquierda o están tratando de exacerbar las contradicciones? Lampadia
