Jaime de Althaus
Para Lampadia
El presidente José Jerí fue una sorpresa refrescante en la política peruana. Alcanzó altos niveles de popularidad gracias a un estilo llano, hiperactivo, decidido inicialmente a luchar contra la criminalidad.
Su liderazgo en ese tema contrastó con la inacción de Dina Boluarte y logró avances en términos de coordinación entre poderes, instituciones y gobiernos locales para enfrentar mejor las extorsiones. Acaba de publicarse un decreto legislativo que ayuda a combatir la minería ilegal y se vienen otros más para mejorar la acción del Estado. Estaba sentando las bases, aunque ya se había dejado distraer con viajes a provincias acaso pensando en el 2031, y perdió el foco inicial en la lucha contra la inseguridad.
Por eso es lamentable lo que se está descubriendo, que lleva a formular la hipótesis de que pudiera formar parte del lobby chino, y esto en plena tensión geopolítica con Estados Unidos.
Pero nuevamente la decepción popular respecto de una autoridad nacional, y la constatación una vez mas de que no hay político honesto. Jerí había logrado conjurar en alguna medida el rechazo a la política y el ambiente antisistema. Esto es una recaída en la depresión colectiva y en el rechazo al establishment que puede tener consecuencias electorales y por eso ya la izquierda la está aprovechando, reafirmando su tesis del “pacto corrupto” en el Congreso, del que Jerí es mandatario y ejecutor. Para escapar de esa acusación las bancadas del Congreso pueden sentirse tentadas, dado que estamos en etapa electoral, a censurar la mesa directiva del Congreso para provocar su vacancia. La necesidad de no perder o de ganar votos atiza la dinámica acusatoria.
Pero sería muy negativo para el país.
La imagen internacional sería fatal y nuevamente se cortarían las iniciativas constructivas que están en marcha.
Por lo demás, el procedimiento válido en este caso es el de la vacancia, no el de la censura de la mesa directiva, porque Jerí ya no es presidente del Congreso sino presidente de la República. Y el artículo 117 de la Constitución establece claramente que el presidente no puede ser acusado por delitos comunes durante su mandato, delitos que no han sido demostrados tampoco.
Ya el fiscal de la Nación abrió una investigación preliminar, y si efectivamente encuentra conducta delictiva, será acusado a partir de agosto de 2026, dentro de pocos meses.
El presidente debe ir al Congreso a dar explicaciones. El país lo exige. Pero si no se prueba nada realmente delictivo, debe continuar en el cargo. Y concentrarse exclusivamente en la conducción de la lucha contra la criminalidad. Esa es la gran urgencia nacional. Lampadia
