Jaime de Althaus
Para Lampadia
Las candidaturas presidenciales deberían diagnosticar bien lo que está pasando con el Estado en esta pandemia, para no ofrecer recetas contraproducentes.
- ¿Qué es lo que hace que el Estado no pueda resolver la trágica falta de oxígeno en los hospitales y en el mercado, o que una ONG privada con recursos privados haya tenido que encargarse de traer el primer millón de vacunas, porque el Estado no atinaba a cómo hacerlo sin romper su profusión normativa?
- ¿O que el MINSA nunca pudiera organizar una estrategia eficaz de testeo-aislamiento de contagiados y sus contactos, ni comprar pruebas moleculares?
- ¿O que ni siquiera pudiera repartir bien canastas de alimentos en la primera cuarentena ni pueda hacerlo aun en esta segunda?
Y así sucesivamente. Solo los equipos de toma de pruebas y la Operación Tayta funcionan relativamente bien, pero con alcance limitado.
La explicación no es la falta de recursos, como piensa el flamante ministro Ugarte. Casi 900 millones de soles destinados a la lucha contra el COVID se dejaron de gastar el 2020. Ni siquiera existe una falta de recursos histórica en el sector: en los últimos 20 años el presupuesto de la salud pública se multiplicó por 7 en términos reales. Hubo recursos, pero gestionados de manera patrimonialista y corrupta.
Ese es el quid del asunto. Pongamos la lupa en el caso del oxígeno. Mucha gente se enferma y necesita oxígeno en sus casas. Pero ya no hay balones de oxígeno en el mercado y si Ud. encuentra uno se dará cuenta que pesa 100 kilos. La solución es un pequeño equipo concentrador de oxígeno doméstico. Resulta que solo las droguerías registradas en la DIGEMID están autorizadas a importarlos con una serie de requisitos, y deben pedir permiso cada vez. Hay empresas que han importado esos equipos y la DIGEMID no las autoriza a sacarlos del aeropuerto porque no son droguerías. Mientras tanto, la gente se muere por falta de oxígeno.
Y este es el punto: una droguería está obligada a tener un químico farmacéutico regente, y éste debe estar al día en sus cotizaciones al Colegio de Químicos Farmacéuticos. Lo mismo ocurre con las farmacias. La DIGEMID es en la práctica una agencia de empleo de los químicos farmacéuticos. Esa entidad ha sido capturada por ese gremio, que la usa como si fuera de su propiedad. Es suya. Neo patrimonialismo puro.
No somos los ciudadanos peruanos los propietarios de Digemid que, se supone, trabaja por encargo nuestro y a nuestro servicio. Es un grupo profesional el dueño y los ciudadanos estamos a su servicio.
Ese gremio, muy organizado, consigue leyes y decretos que le otorgan cada vez más poder y control de las actividades relacionadas a la DIGEMID. Nada se mueve sin autorización de esa entidad. Productos muy sencillos requieren licencias y registros complicados. Es para darles poder, trabajo y oportunidades de cobros irregulares, por supuesto.
Es obvio que mientras no se libere la importación de oxígeno y de equipos de concentración, la gente se seguirá muriendo asfixiada.
Pero no es solo que no se deja al privado operar para atender las necesidades públicas y el mercado. La naturaleza neo patrimonialista de muchas entidades del Estado hace que tampoco puedan resolver ellas mismas los problemas. Están intrínsecamente incapacitadas para una gestión eficiente. Por dos razones: porque no están centradas en las necesidades de la gente, de los usuarios, sino en asegurar poder y beneficios para los grupos interesados. Es decir, no miran hacia afuera, sino hacia adentro. No operan por resultados, sino por intereses. No tienen entonces los reflejos ni las capacidades necesarias para resolver un problema externo, una crisis de cualquier tipo. Tampoco pueden planificar.
Y, en segundo lugar, porque la proliferación de requisitos, procedimientos y trabas que imponen a los usuarios funciona también hacia adentro. Entonces son entidades extremadamente lentas, internamente trabadas, aherrojadas.
La escasez de oxígeno ya la habíamos vivido, y se pudo haber previsto. Por lo demás, importar ya no equipos de concentración, sino oxígeno medicinal, es fácil. Pero esa importación también está controlada por la DIGEMID, y además se requiere importar tanques para almacenar el oxígeno y CENARES se niega a hacerlo, seguramente por las razones estructurales mencionadas en los párrafos anteriores. Entonces tuvo que ser “Legado Panamericanos”, una entidad operativa creada sin burocracia para administrar las propiedades y recintos construidos por los Panamericanos -que el año pasado construyó rápidamente hospitales en varias ciudades-, la que ha tenido que ocuparse y ya está trabajando en la importación de Alemania de 20 de esos tanques para que el Perú pueda abastecerse de oxígeno Centro América y Chile, desde donde ya hay ofertas. Pero ha tenido que hacerlo con el aporte privado: la Sociedad Nacional de Industrias está recolectando el dinero para pagar el alquiler por seis meses de esos tanques y el Estado se haría cargo del transporte y compra de oxígeno, si es que logra organizarse para eso.
La solución a estos problemas pasa por una reforma profunda del Estado que incluya la eliminación de licencias, requisitos y trámites que frenan la actividad empresarial y recortan la libertad económica –es decir, por la eliminación de todas las normas que agregan más costos que beneficios-, y por la aplicación de la ley de servicio civil para implantar la gestión de desempeño o por resultados y una verdadera meritocracia en el Estado.
Llama la atención, en ese sentido, que sean pocos los planes de gobierno de los candidatos presidenciales que pongan énfasis en estas medidas y más bien propongan otorgarle al Estado aún más funciones, atribuciones y poder. Será para acabar con el poco dinamismo que le queda a la economía, que lo que necesita es, más bien, de la máxima libertad para poder reconstituirse y volver a crecer a tasas altas. Lampadia
