Cerrar el caso y sancionar a los magistrados responsables
Jaime de Althaus
Para Lampadia
La justicia empieza a asomar en los procesos vinculados a donaciones de campaña.
Como no podía ser de otra manera, el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional anuló el juicio oral del “Caso Cócteles”. Claro, tuvo que haber intervenido el Tribunal Constitucional para darle la razón a José Chlimper. Lo que se estableció allí se aplica a todos los imputados: que en la acusación se incluyó de manera sorpresiva hechos que no fueron objeto de investigación preliminar, sin que los acusados pudieran defenderse, violando gravemente el derecho a la defensa. Se dispone entonces que se formule una nueva acusación respetando el debido proceso.
En realidad, este proceso debería ser sobreseído porque ha sido un abuso de principio a fin. Desde el comienzo dijimos que se trataba de un caso de persecución política porque las donaciones de campaña no eran delito y entonces se forzó la figura de lavado de activos, que tampoco correspondía. Pero, además, se ha acusado a los procesados por hechos inexistentes, inventados o distorsionados, o ciertos pero irrelevantes y finalmente cambiados varias veces conforme eran refutados. Ha sido un juicio al mejor estilo de la fiscalía y el poder judicial bolivariano, donde se inventan delitos para meter a los opositores a la cárcel. Eso es lo que ha ocurrido en buena cuenta acá.
Ya el reputado penalista Arsenio Oré en un libro titulado “La desnaturalización de la etapa intermedia y la inviabilidad de juicio oral” describió las fallas estructurales del proceso. En esencia, que la acusación planteada por José Domingo Pérez no contiene los requisitos mínimos establecidos en el Código Procesal Penal: es genérica, no precisa qué hechos se atribuyen a cada imputado en lo relativo a los supuestos delitos centrales, de modo que el acusado no puede defenderse pues no sabe de qué lo acusan, y cuando lo hace se trata de hechos inventados, irrelevantes o manipulados, como hemos dicho.
El caso Briceño, en cuya cabeza se ha intentado amedrentar al empresariado, es el más notorio, pero todos los demás tienen elementos parecidos.
Jorge Trelles, por ejemplo, fue acusado por lavado de activos por haber comprado tickets de una rifa por 3 mil soles y porque su esposa había asistido a un coctel. ¿Qué prueba es esa? Y por ser miembro ejecutor de una organización criminal a mérito del DL 1244 del 2016 que crea el delito de organización criminal, cuando Trelles ya había renunciado al partido un año antes. Por supuesto, tampoco presenta prueba alguna de que haya ejecutado nada. ¡Y pide 22 años y 8 meses de cárcel para él!
Por eso, el juez pidió subsanar las obvias carencias de la acusación general. Lo pidió ilegalmente 19 veces, cuando la subsanación, como recuerda Oré, solo puede realizarse una vez, y por escrito, y solo sobre cuestiones de forma, no de fondo porque se supone que a esas alturas ya el fiscal ha acopiado todos los elementos de convicción de modo que, si esos elementos no existen, simplemente procede archivar. La acusación nunca subsanó las deficiencias. El juez debió entonces efectivamente archivar el caso. Si no archivó fue por complicidad en un proceso básicamente político. Había que enjuiciar a como diera lugar.
La prueba de su naturaleza política, y una causa a su vez de las imputaciones sorpresivas sin derecho a la defensa, fue que el fiscal Pérez cerró abrupta y prematuramente la investigación preparatoria, cuando todavía faltaban diversas diligencias programadas, para poder acusar pocos días antes de la primera vuelta de las elecciones del 2021, donde Keiko Fujimori, la principal imputada, era candidata presidencial. Es decir, con la intención obvia de perjudicar sus posibilidades electorales. De hecho, los casi dos años de prisión abusiva que sufrió la destruyeron políticamente.
Entonces tanto el fiscal José Domingo Pérez y el juez Zúñiga deben ser retirados y sancionados, y el caso debe terminar. Son responsables de haber afectado la honra, la tranquilidad y la carrera de decenas de personas y de haber dañado seriamente la credibilidad de la política. Lo increíble es que, luego de haber criticado la judicialización de la política en la judicatura, la presidenta de la Corte Suprema, Janet Tello, inconsecuente, firma una resolución no aceptándole la renuncia al Juez Zúñiga. En lugar de ayudar a pacificar la política, añade leña al fuego. Es desalentador. Lampadia
