Vidal Pino Zambrano
Para Lampadia
Nos encontramos en vísperas de un nuevo proceso electoral en un clima que desborda los márgenes de la competencia democrática habitual.
Más de treinta candidaturas disputan la presidencia en un escenario atravesado por la desconfianza, la fragmentación y una creciente lógica de confrontación binaria.
El debate público ha dejado de centrarse en proyectos de país y propuestas de largo plazo para reducirse a una pregunta simplificadora y empobrecedora: ¿quién está conmigo y quién está contra mí?
En este contexto, la lealtad comienza a situarse por encima de la verdad y la lógica tribal transforma la contienda política en un ejercicio de identificación emocional antes que de deliberación racional.
Cuando la política se estructura de ese modo, el adversario deja de ser un competidor legítimo dentro del marco democrático y pasa a ser percibido como una amenaza existencial. La pertenencia al grupo político pesa más que la evaluación crítica de las propuestas; la identidad partidaria sustituye al debate programático. En un escenario tan disperso como el actual, esta dinámica no solo empobrece la discusión pública, sino que puede favorecer a fuerzas radicalizadas o antisistema que prosperan en la polarización, capitalizan el miedo y ofrecen soluciones simplificadoras frente a una ciudadanía agotada por la confrontación permanente.
Polarización y cambio institucional
La coyuntura electoral coincide, además, con una transformación relevante del diseño institucional. Tras años de tensiones recurrentes entre el Ejecutivo y el Legislativo, la reinstauración de un Senado con competencias reforzadas introduce, en la práctica, elementos de parlamentarización dentro de un régimen formalmente presidencialista.
Si bien el bicameralismo puede enriquecer la deliberación legislativa y fortalecer los mecanismos de control político, una reforma de esta magnitud exige amplios consensos y reglas claras de articulación entre poderes para asegurar estabilidad y coherencia en el funcionamiento del sistema.
En ausencia de ese consenso, y en un contexto de polarización intensa, el nuevo esquema puede generar efectos estructuralmente adversos. El Senado, concebido como cámara de revisión normativa y reflexión institucional, podría derivar en un centro ampliado de condicionamiento político sobre el Ejecutivo. En un sistema presidencial, donde el jefe de Estado cuenta con legitimidad democrática directa, una expansión desbalanceada de los mecanismos de control legislativo puede producir una asimetría funcional que debilite la figura presidencial y altere el equilibrio interorgánico previsto por la Constitución.
El riesgo se intensifica si el Senado resulta fragmentado y atravesado por dinámicas de confrontación identitaria. En ese escenario, las facultades institucionales podrían emplearse como instrumentos de presión política más que como mecanismos de estabilización.
La consecuencia no sería solo mayor conflictividad entre poderes, sino un riesgo de bloqueo sistémico: proliferación de puntos de veto, parálisis decisional y deterioro progresivo de la gobernabilidad.
En un contexto así, el problema no sería únicamente la confrontación política, sino la incapacidad estructural del sistema para producir decisiones eficaces y sostenibles en el tiempo.
La memoria de campaña y la tentación de la revancha
Las campañas electorales dejan huellas que no desaparecen con el escrutinio final. Cuando los líderes se acusan mutuamente de representar la corrupción o la amenaza para la nación, la desconfianza se instala como marco de relación política.
Quien pierde puede asumirse no como oposición legítima, sino como resistencia frente a un peligro; quien gana puede sentirse habilitado para gobernar contra sus adversarios en lugar de con ellos.
En un sistema donde el Senado tendrá un rol determinante, esta dinámica puede trasladarse al funcionamiento institucional. La tentación de utilizar las herramientas constitucionales para ajustar cuentas de campaña no es menor. El Congreso podría convertirse en un espacio de bloqueo recurrente, debilitando la capacidad del Estado para responder a desafíos económicos y sociales urgentes.
Ilusión de poder, riesgo de parálisis
La polarización puede generar movilización e intensidad emocional, pero esa energía no se traduce automáticamente en poder político efectivo. Gobernar exige algo distinto: construir mayorías amplias, sostener acuerdos mínimos y administrar diferencias dentro de un marco institucional compartido.
Cuando predomina la lógica tribal, se privilegia la pureza identitaria sobre la negociación y la confrontación reemplaza a la cooperación.
En un Congreso fragmentado, esa dinámica puede derivar en parálisis institucional. Y la parálisis, en un país con profundas necesidades estructurales, no es neutra: afecta directamente la capacidad del Estado para impulsar reformas, garantizar estabilidad y responder a las demandas sociales.
El mayor riesgo, por tanto, no se limita al resultado electoral inmediato, sino a que la confrontación permanente se consolide como forma habitual de relación política.
Si las instituciones se convierten en instrumentos de revancha y el adversario es tratado como enemigo, el debate se convierte en combate, el objetivo deja de ser convencer y pasa a ser eliminar, no hay forma de construir cobernabilidad.
El Perú enfrenta así una decisión que trasciende la elección presidencial: preservar un espacio político donde la diferencia no implique destrucción y donde las reformas institucionales aún pendientes contribuyan al crecimiento económico y a la estabilidad, en lugar de profundizar la incertidumbre prolongada. Lampadia
