Jaime de Althaus
Para Lampadia
Lo que hemos tenido en Argentina estos últimos días ha sido una batalla política formidable para que el Senado apruebe la llamada “Ley Bases”, que ya había sido aprobada en una versión disminuida en Diputados. En el Senado las perspectivas eran más oscuras porque la bancada gubernamental (Libertad Avanza) era proporcionalmente aún más pequeña. Al final se aprobó por dirimencia luego de un empate en el número de votos.
La ofensiva verbal de Milei y sus ministros contra la “casta” los últimos días era un arma de doble filo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había dicho el martes que si los senadores no votan a favor de una ley que permitiría acelerar la recuperación, es porque están en política para hacer plata y quieren manejar el negocio y para eso quieren que nos vaya mal. “Estamos terminando con los curros, con la casta política, por eso la resistencia”.
En su discurso en el foro “El renacer de la Libertad…”, Javier Milei, el mismo día en que se discutía la ley, se tomó el trabajo de hacer explicaciones muy técnicas que pocos entienden, pero pasó también a mostrar la fuerza de su visión: “Con la ley de bases y el DU seremos tan libres como Alemania. Pero eso no me alcanza”.
Explicó que tiene 4,000 reformas más para superar a Irlanda, que es la economía más libre del mundo. Afirmó que Argentina tendrá en 35 años el ingreso per cápita más alto del planeta “si logramos retirar el Estado lo necesario para que la sociedad pueda florecer, y dejar atrás 100 años de estatismo y decadencia”.
“O persistimos en el camino de la decadencia, u optamos por el camino de la libertad”. Esa batalla, dijo, se está dando hasta en la calle (donde opositores radicales incendiaban carros y lanzaron bombas molotov contra la Ley Bases). Y agregó “La política debe decidir si acompaña o si insiste en el camino de la servidumbre, condenándonos a la miseria”.
La ley bases, en efecto, era clave para acelerar la recuperación porque, tal como estaba planteada, permitía desregular la actividad económica para devolver libertad económica, privatizar, eliminar organismos públicos inútiles y modernizar las relaciones laborales. La propuesta, sin embargo, ya había sido recortada de más de 600 artículos en febrero por la Cámara de Diputados, a 232. Y el Senado agregó algunos recortes adicionales.
El proyecto planteaba privatizar 41 empresas. Solo quedaron 8 sujetas a la privatización total o parcial. Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Aerolíneas Argentinas, seguirán siendo del Estado, al igual que Radio y Televisión Argentina. Diputados podría insistir en privatizar Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa), los trenes Belgrano Cargas y Logístico S.A, la Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales quedan sujetas a concesión privada.
Pero la ley le otorga al presidente competencias extraordinarias por un año, al declarar «la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética». Podrá suprimir competencias y funciones y eliminar reparticiones públicas y organismos de la administración central o descentralizada. Con excepción de unos 15 organismos públicos.
La reforma laboral, sin embargo, quedó muy limitada.
Se dobla el periodo de prueba de 3 a 6 meses, ampliable a ocho meses para compañías medianas y a un año para las que tengan menos de cinco empleados. Además, se permite tener hasta cinco personas contratadas como colaboradores autónomos, es decir, sin relación de dependencia. Tampoco se aceptó eliminar las cuotas solidarias obligatorias para los no afiliados a los sindicatos, un ingreso rentista de la “casta” sindical.
El Senado, además, rechazó dos puntos críticos del paquete de reformas fiscales: la restitución del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría y las modificaciones al impuesto sobre Bienes Personales. El Gobierno necesitaba esos ingresos para consolidar el superávit fiscal y reducir del 17.5% al 7.5% el impuesto PAIS, que se paga por la compra de dólares. Es posible que la Cámara de Diputados intente insistir en estas dos medidas.
Lo que sí se aprobó es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que establece beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante 30 años, para proyectos que superen los US$ 200 millones, con el fin de fomentar grandes inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Sobre todo, para sectores como energía, agro, minería e infraestructura.
Lo que se ha revelado aquí es una capacidad de negociación para llegar a acuerdos. Una proeza democrática, en medio de todo. Claro, el gobierno ha tenido que ceder en muchos puntos, pero ha obtenido de todos modos una herramienta que le permite avanzar algo más rápidamente. La gente todavía apoya a Milei pese al severo ajuste que se vive. Por eso, la recuperación económica debe comenzar antes de que ese apoyo empiece a declinar. El problema es que, en realidad, el ajuste no ha terminado aún. El dólar oficial está a 890 pesos, pero el dólar libre está alrededor de los 1,200 pesos. Y hay precios regulados que aún no se han terminado de desembalsar, como los del transporte y la energía.
Pero la inflación ha bajado de 25% en diciembre a un 4.2% en mayo. Una caída notable. Y ya no hay déficit fiscal ni cuasi fiscal, algo casi milagroso considerando que era del orden del 15% del PBI.
La apuesta de Milei consiste en llegar a las elecciones congresales de octubre del 2026 con la inflación completamente abatida y con la economía en franco crecimiento, para obtener la mayoría parlamentaria que le permita aplicar las otras 4,000 reformas pendientes y convertir a Argentina en el faro de la libertad en el mundo. Lampadia
