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Lima-Perú, 07/02/2019 a las 09:02am. por César Azabache Caracciolo

Cuentas, intereses y tiempos

Odebrecht. Las cifras.

Odebrecht. Las cifras.[1] [2]

César Azabache Caracciolo
Para Lampadia

Los sobornos

El caso que revisamos se inició con las confesiones de Odebrecht, difundidas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica en diciembre de 2016.

Los instrumentos divulgados por el Departamento de Estado en Washington y en las primeras revelaciones hechas por Odebrecht ante las autoridades peruanas, los US$ 29 millones en sobornos reconocidos aparecían relacionados sólo con dos proyectos:  La construcción de las carreteras interoceánicas (IIRSAs), US$ 20 millones[3]y el Metro de Lima, US$ 8.1 millones[4].

Sin embargo, en octubre de 2018 Carlos Nostre confirmó que por el Metro de Lima se habrían pagado US$ 24.4 millones en sobornos y no US$ 8.1.  Nada menos que US$ 16.3 millones de diferencia.

Ya durante el 2017 las cifras sobre los sobornos pagados por Odebrecht se habían movido sensiblemente.  A los US$ 29 millones de las primeras confesiones hubo que agregar US$ 2 millones en sobornos en publicidad destinados al proyecto Costa Verde Callao[5], según confirmaron en abril las declaraciones de Gil Shavit y un colaborador identificado por los medios como Ricardo Boleira, para la fecha de los hechos, ejecutivo de Odebrecht[6].  En mayo, el abogado Francisco Zaragozá confirmó que en Cusco se habría pagado sobornos por otros US$ 1.25 millones adicionales por la construcción de la Vía Evitamiento de la ciudad[7].  A estos aparentemente hay que agregar US$ 194 mil en pagos aparentemente hechos al abogado Gutiérrez Quispe, a quien se ha con una mediación sospechosa de los hermanos Campusano Dulanto en el mismo proyecto[8].  Y aunque las dimensiones sean por cierto distintas, también debería ser posible agregar un pago adicional, por US$ 20.5 mil a Mariano Gonzales Fernández por una consultoría cuya existencia aún debe ser confirmada[9].

En agosto, además, los medios revelaron que Raymundo Serra, otro antiguo ejecutivo de la constructora brasileña, habría confirmado en el Brasil que en Ancash se había pagado sobornos por US$ 2.6 millones por la construcción de la carretera Carhuaz-Chancas-San Luis[10].

En total las cifras se movieron entonces desde US$ 29 a US$ 50.46 millones en sobornos para obras[11].

Aún deberíamos agregar a estas cifras los US$ 3 millones que la constructora ha aceptado haber entregado a la señora Heredia con ocasión de la campaña del ex presidente Humala a finales de 2010.  Además, aparentemente Odebrecht pagó US$ 1.2 millones adicionales para publicidad en esa campaña[12].  Adicionalmente esta el millón 200 que se atribuye invertidos en Fuerza Popular, el medio millón adicional que se habría entregado al APRA y al partido de Kuczynski, los US$ 750 mil con que habría financiado la campaña de Alejandro Toledo y los US$ 2 millones que habrían sido entregados con ocasión a la campaña de Susana Villarán para no ser revocada el 2013[13].

Entonces a los US$ 50.46 millones en sobornos para obras hay aún que agregar US$ 8.65 filtrados en el sistema político.  En total US$ 59.11 millones.

Las ganancias ilícitas reconocidas

En los instrumentos difundidos en Washington, Odebrecht reconoció además haber obtenido en el Perú US$ 143 millones en ganancias ilegales[14].  La construcción es importante.  Claramente no corresponde a alguna de las estimaciones sobre valores incorporados a los procesos por las adendas firmadas[15] ni a las utilidades declaradas para fines de impuestos[16].

Casi dos años después de las confesiones de Washington nadie ha preguntado a Odebrecht, al menos que se sepa públicamente, cómo se construyó la cifra que contiene el acuerdo de Washington sobre ganancias ilícitas reconocidas[17]  ¿Corresponden a alguna forma de exacción impuesta por Odebrecht a sus socios?  ¿Corresponden a ventajas obtenidas por la simulación de gastos o de proveedores?  ¿Es esa la “cuota” que la oficina de Perú transfirió a la llamada “división de operaciones estructuradas”?  ¿Es ese el verdadero sobreprecio que Odebrecht impuso al Perú en base a sus sobornos?  No lo sabemos.  Pero si esta fue la ganancia ilícita, entonces debería servir como referencia para establecer cuál debe ser la meta de compensación a la que debe aspirar el Estado Peruano.

Si las proporciones se hubieran mantenido y los US$ 143 millones hubieran resultado ser una base confiable, un eventual acuerdo rápido de reparación rápido a favor del Estado, calculado sobre esa base podría haber producido una cifra al menos provisional (sujeta siempre a ajustes por nuevos descubrimientos) cercana a los US$ 286 millones en compensación, cantidad sugestivamente semejante a la estimación que presentó la Contraloría sobre los daños producidos en enero de 2017, US$ 283 millones.

En diciembre transcendió que la Contraloría había recalculado los daños causados por los proyectos conducidos por Odebrecht en US$ 375 millones[18].

Sería fundamental establecer si una revisión de las ganancias ilícitas reconocidas mantiene las proporciones observadas en las primeras estimaciones de enero de 2017 o deben elevarse hasta alguna cifra superior[19].

El acuerdo

En diciembre de 2018 el Estado y Odebrecht acordaron el pago de US$ 190 millones en 15 años como reparación por los casos de las IRSA, el Metro de Lima, la Vía Expresa del Callao y la Vía Evitamiento del Cuzco.   Imposible dejar de observar que el acuerdo no considera una tasa de interés que compense el paso del tiempo en que debe realizarse el pago.  Este es un error flagrante que debe ser corregido.  El acuerdo de compensación que Odebrecht firmó en el Brasil tiene un plazo de 23 años, pero el tiempo se compensa con la tasa SELIC (https://www.nossocompromisso.com/es/noticias/odebrecht-firmaacuerdo-con-autoridades-de-brasil-estados-unidos-y-suiza/).

El defecto deberá ser resuelto para la audiencia de aprobación que aún deberá discutirse ante el judicial, ya que sin una tasa de interés apropiada un acuerdo de pagos diferidos resulta inaceptable.

El acuerdo se ha firmado con ocasión a la venta de la Hidroeléctrica de Chaglla, acaso el principal activo de Odebrecht en el Perú.  La Hidroeléctrica de Chaglla ha sido transferida a China Three Gorges Corp en diciembre de 2018 por US$ 1,200 millones[20].

En la fórmula de la Ley 30737, canceladas las acreencias, Odebrecht debe aplicar el 50% del remanente al pago de la reparación.  Entonces si leemos las cifras desde esta regla, el saldo de la operación, canceladas las deudas de Odebrecht listas con ocasión al acuerdo, debe haber sido equivalente a US$ 380 millones.  Pero si es así, conceder a Odebrecht 15 años de pago sin intereses sobre US$ 190 millones equivale a hacerle un préstamo en condiciones de completa gratuidad.  Ningún banco prestaría a un cliente US$ 190 millones sin intereses.  El Estado no tiene porqué hacer esto.

La tasa de interés empleada el acuerdo de Odebrecht con Brasil, que tiene un cronograma de pagos a 23 años es la tasa de referencia de su llamado Banco Central, la llamada tasa Selic.  Su equivalente en el Perú en moneda nacional equivale al 2.5% en dólares (2.75 en soles).  Si el acuerdo de los US$ 190 millones en 15 años incluyera intereses calculados conformes a esta tasa el monto total resultante equivaldría a aproximadamente US$ 235 millones.

Los acuerdos de este tipo deben ser aprobados por un Juez de manera que para la fecha en que se celebre la audiencia de revisión de este acuerdo Odebrecht y la Procuraduría deben haber llegado a un acuerdo sobre los intereses.

En cualquier caso, considerando que la mitad del remanente disponible de la venta de Chaglla sea equivalente a US$ 190 millones, y que se corrija la omisión cometida con los intereses, entonces la cuestión a resolver consiste en encontrar la manera de ampliar los acuerdos para llegar a la meta de US$ 375 o US$ 345 millones en compensación[21].

En dirección a llegar a los US$ 375 millones hay que agregar a los US$ 190 los intereses, y entonces obtendríamos una cifra aproximada a los US$ 235 millones.  A esto debemos agregar los US$ 8 adicionales que el Estado obtuvo por el acuerdo original de enero de 2017, los US$ 20 que obtuvo con el acuerdo firmado por el caso Chacas y los US$ 60 millones que la Procuraduría ha obtenido en embargos a terceros.  Llegaríamos a los US$ 323 millones.

Falta aún establecer la compensación que el Estado debe exigir por la filtración en la política de fondos ilegales de Odebrecht.  Falta también establecer una compensación por los sobornos que parece haberse pagado con ocasión a los arbitrajes que, aparentemente Odebrecht, ha ganado en forma amañada[22].  Hay que agregar a esta cifra el caso sobre el Club de la Construcción, ahora en pleno desarrollo en la fiscalía, si cabe [23].  Y falta establecer si los socios de Odebrecht en el Perú impulsarán sus propios arreglos con el Estado para compensarle y terminar los procesos en giro por vía anticipada 24.

Estos cuatro asuntos pendientes deberían producir US$ 52 millones adicionales para llegar a la meta de los US$ 375, o US$ 22 para llegar a US$ 34525.

Colofón

En el camino a cerrar este proceso Odebrecht a renunciar a cualquier reclamación o cobro pendiente derivado de arbitrajes con el Estado.  No tendría sentido terminar compensando parte de esta deuda por pagar con una suerte de “deuda cruzada” por arbitrajes en los que el Estado, que ahora es acreedor, aparezca como deudor.

Vendido Chaglla y establecido el saldo de la operación aplicable a compensar en parte al Estado queda establecer el destino final de dos proyectos y una expecetativa.  Odebrecht conduce la irrigación de Olmos, cuya venta quedó paralizada a mediados del 2018[24] y la irrigación de Chavimochic, cuya venta no se ha concretado.  También es titular de un paquete de expectativas que resulta de la recuperación de la inversión que hizo en el Gasoducto del Sur antes que el proyecto colapse[25].

¿Podrá retomarse la transferencia de estas posiciones?  Aún no sabemos si en determinadas condiciones las transferencias de estos activos puede ayudar a elevar el monto de la compensación establecido hasta hoy.  Claro, más allá de determinar si los US$ 60 millones embargados hasta ahora a particulares y a otras empresas pueden elevarse aún más.

 

[1] Publicada originalmente en febrero del 2017.  Esta nota ha tenido ya más de 10 actualizaciones, y continuará actualizándose conforme avance el proceso.  

                Título original; “Nota técnica”; “En prensa” http://cesarazabache.blogspot.pe, blog del autor.

[2]  Declaración sobre el cierre de relaciones del estudio que dirige el autor con entidades vinculadas a los casos sobre corrupción en el sector construcción en el Perú en http://www.ac-firma.com/hechos-de-interes/

[11] No en todos los casos se ha documentado los pagos registrados completamente.  En consecuencia aún no sabemos con certeza cómo juegan en este mosaico las cifras de Andorra.  En octubre trascendió que la jueza Canolic Mongorance entregó a las autoridades peruanas información que pondría en evidencia depósitos adicionales efectuados en un banco de Andorra por US$ 1.3 millones a Miguel Atala Herrera (ex vice presidente de Petro Perú), US$ 1.4 millones a Horacio Canepa (un árbitro privado) y US$ 780 mil a Juan Carlos Zevallos Ugarte, (ex jefe de Ositran, regulador del transporte de uso público Ver https://elcomercio.pe/politica/caso-odebrecht-fiscalia-investiga-12-peruanos-cuentas-andorranoticia-463896.  Las cifras de Andorra sin embargo aún deben ser tomadas con cuidado.  Los primeros resúmenes publicados indicaban que Gabriel Prado, antiguo funcionario de la Municipalidad de Lima y de la Empresa Municipal de Peajes de Lima podría haber recibido US$ 3.6 millones en cuentas en Andorra.  Una revisión más detallada de la información ha puesto en evidencia que los cargos en investigación se refieren a las condiciones en las que la citada persona firmó una autorización para que se abra en Andorra una cuenta a su nombre, no a depósitos verdaderamente recibidos.  Al respecto, ver http://rpp.pe/politica/actualidad/jose-maria-irujo-gabriel-prado-si-abrio-una-cuenta-en-andorranoticia-1080301

[15]  El equipo de investigación que dirige Gustavo Gorriti en Ideele reporteros estimó que las adendas a 24 proyectos revisados generaron costos por S/ 4,693.7 millones (https://idl-reporteros.pe/los-sobrecostos-de-odebrecht-en-peru/).  En general desde mi punto de vista, el valor total de las adendas suscritas en el periodo no representa una vía segura para estimar los daños causados.  En el ciclo, los hechos muestran que Odebrecht se involucró con la promoción de un extraño modo de definir proyectos que acepto el ejecutivo desde tiempos del presidente Toledo.  En este extraño modo de regular las cosas el Estado entregó a Odebrecht o a consorcios liderados por Odebrecht proyectos estimados a valores referenciales, sin detalles finales, y autorizó a sus propios representantes a negociar ampliaciones y ajustes por nuevos acuerdos directos sin nuevos concursos.  Entiendo que esta forma de contratar, que se describe como “contratación sin ingeniería de detalle” no es usual en las prácticas comparadas de contratación pública.  Para ponerlo en un ejemplo contratar de esta forma supone entregarle la obra de nuestra casa a un constructor que no nos da un precio, que sólo nos dice que en determinadas condiciones la casa podría costar 10 mil, pero que dependerá de los acuerdos que se hagan en el camino, pero sólo con él porque “ya está contratado”.  La contratación sin ingeniería de detalle es una contratación a ciegas.  Lo que supone es la anulación de toda forma de control sobre lo que sigue, que puede ser razonable o no, pero que no puede controlarse por procedimientos objetivos.    

[16]  La información sobre impuestos pagados no es de acceso público en el Perú, pero si estimamos un margen del 7.5 % sobre S/ 35 mil millones contratados obtendríamos S/ 2,625 millones o US$ 750 millones.  Ver https://idl-reporteros.pe/ los-contratos-de-odebrecht-en-peru/

[17]  En lo personal me gustaría saber si ella resulta de la suma de gastos irreales introducidos en los proyectos a su cargo más alguna forma de “cupos” o repagos por compensación impuestos a sus socios.  Pero como digo, al menos que se haya sabido, estas cuestiones no han sido revisadas en el Perú.

[18] En octubre de 2017 el equipo del Procurador Ramírez solicitó que se pague S/ 1,480.9 millones por reparación civil en el caso del ducto de gasoducto del sur.  Además demandó que Odebrecht pague S/ 1,736 millones por los sobornos pagados en los tramos II y III de la carretera interoceánica sur.   En total S/ 3,216.9 millones o aproximadamente US$ 1,000 millones.  En una declaración difundida en Lima el 30 de enero de 2018, el Ministerio Público consideró “extrema” la mediación presentada por la Procuraduría.  Ver https://larepublica.pe/politica/1107798-pedimos-que-odebrecht-pagues-1480-millones-por-el-gasoducto. Además: https://elcomercio.pe/politica/fiscalia-considera-extrema-postura-procuradorfrente-odebrecht-noticia-493289

[19] Sin ese ajuste es muy difícil contar con cifras seguras que nos permitan controlar el equilibrio de la compensación final que debe recibir el Estado por estos hechos.  En Brasil Odebrecht reconoció ganancias ilícitas por US$ 1,400 millones y sobornos por US$ 349 millones.  Son US$ 4 de ganancia ilícita por cada dólar pagado ilegalmente.  Los acuerdos originales difundidos en diciembre de 2016 en Washington habrían espacio para una compensación al Estado del Brasil equivalente a US$ 2,800 millones, el doble de las ganancias ilícitas reconocidas.  Ajustes posteriores han llevado esa cifra a US$ 2,039 millones incluyendo intereses.  Ya no es exactamente el doble, como originalmente se previó, sino 1.45 veces las ganancias ilícitas reconocidas y 5.84 veces el monto de los sobornos establecidos.  Trayendo al Perú las mismas proporciones, considerando los US$ 59.11 millones registrados ya en pagos ilegales llegaríamos a una compensación ideal de US$ 345 millones, una cantidad algo menos a los daños por proyectos estimados por la Contraloría.  Pero aún nos faltaría establecer que proporción mantendría esa cifra con las ganancias ilícitas que Odebrecht aún debería ajustar.

[20] https://andina.pe/agencia/noticia-odebrecht-acuerda-venta-hidroelectrica-chaglla-1200-millones-dolares-734379.aspx.  En agosto de 2017 Odebrecht anunció el inicio de negociaciones para vender sus participaciones en Chavimochic, por aproximadamente US$ 20 millones (ver https://www.reuters.com/article/us-latam-summit-odebrecht/odebrecht-expectsto-close-deal-on-peru-plant-with-chinese-firm-idUSKBN1AN2KV.  Anunció además su intención de vender el saldo de participaciones que mantiene en el proyecto rutas de Lima (https://gestion.pe/empresas/odebrecht-negocia-ventachavimochic-dos-empresas-cuando-se-cerrara-operacion-2197192).  En setiembre anunció haber retomado las negociaciones para cerrar la venta de sus acciones sobre Olmos a Brookfield Infraestructure Partners LP y Suez, por aproximadamente US$ 30.8 millones (https://gestion.pe/empresas/odebrecht-retoma-proceso-venta-proyecto-olmosbrookfield-y-suez-2199551).

[21]  Ver nota 18.

[22] IDL ha reconstruido hasta 42 arbitrajes en total. Por 35 de ellos, los que ganó, Odebrecht ha obtenido del Estado US$ 254.66 millones (https://idl-reporteros.pe/fiscalia-arbitrajes- odebrecht-coimas-horacio-canepa/). Ver también: https://idlreporteros.pe/arbitrajes-a-la- odebrecht-lavajato/ y otras).  De estos 42 casos la Fiscalía viene investigando desde setiembre de 2017 24 casos que involucran a 19 árbitros. Estos casos están relacionados a disputas planteadas por el reconocimiento de adicionales o semejantes en la ejecución de las IIRSA, el sistema de agua potable de Chimbote y la carretera de Chacas.  El caso fiscal está basado en la declaración de un colaborador eficaz que describe un proceso directo de soborno que involucraría a uno de estos árbitros, al que IDL llama “el favorito” por la cantidad de veces que ha intervenido en estos casos. La Fiscalía atribuye además a este árbitro la titularidad de una cuenta en Andorra y el papel de eje para asegurar los resultados en los laudos.

[24] En julio de 2018 la Procuradora Ampuero obtuvo una orden judicial que paralizó la venta de Olmos.  En septiembre su reemplazante, el Procurador Ramírez, removió los impedimentos originalmente impuestos a la venta, pero la operación no pudo concretarse.

[25] De acuerdo al contrato los socios del Consorcio tienen derecho a reclamar al Estado la devolución del 72.25% del valor contable neto de las inversiones efectuadas antes de la resolución en el proyecto.  El Consorcio ha estimado su inversión en US$ 1,000 millones, aunque el Estado aún no ha establecido cuando de esta cifra admitirá como valor contable neto de inversión susceptible de devolución (https://gestion.pe/economia/consorcio-liderado-odebrecht-demandar-peru-recuperarinversion-gsp-148986).

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