Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia
En las últimas dos décadas, como consecuencia de la descentralización y la ley del canon -en un contexto de desintegración de los partidos políticos y de corrupción e ineficacia del sistema judicial-, se han establecido nuevas élites o, más propiamente, nuevas oligarquías regionales, que usan la política para enriquecerse ilegalmente e instaurar gobiernos locales corruptos y en ocasiones violentos.
Lo nuevo ahora, es que varias de esas oligarquías regionales, asociadas, han capturado el gobierno central, con Pedro Castillo y sus secuaces.
El antecedente cercano es el gobierno de Martín Vizcarra, un ex gobernador regional que hizo fortuna con la corrupción –sobre todo- en las obras públicas de Moquegua, que luego saltó a la política nacional y, traicionando a los que lo promovieron, se encaramó en la presidencia. Tuvo como premier a otro ex gobernador, César Villanueva, también procesado por corrupción.
En su momento eso fue considerado por un popular sociólogo como un viento renovador de la política que, llegado de las provincias, iba a transformar para bien la administración nacional. Esa idea fue reforzada oportunistamente por la coalición que se construyó alrededor del Lagarto, para apoderarse de las instituciones estatales y destruir a sus enemigos políticos.
La descentralización se inició en el primer gobierno de Alan García (1988) con pobres resultados y Alberto Fujimori la desmontó luego del golpe del 5 de abril de 1992, estableciendo los CTAR (Consejo Transitorio de Administración Regional) dependientes del Ministerio de la Presidencia. Durante el gobierno de Alejandro Toledo, a mediados de 2002, el Congreso, con el unánime respaldo de los grupos políticos representados ahí, aprobó la nueva y más radical ley de descentralización (Nº 27783). Todos ansiaban nuevos puestos para sus militantes.
Justo un año antes, durante el gobierno de Valentín Paniagua, el Congreso había aprobado la ley del canon (Nº 27506).
Estaban mezclados los ingredientes que dieron lugar a lo que ocurrió después.
Municipios y gobiernos regionales, sobre todo en lugares que tienen canon, se convirtieron en presas codiciadas porque permitían el enriquecimiento rápido y fácil de los políticos que accedían al poder, y de grupos de empresarios (en realidad facinerosos que crean empresas ad hoc para beneficiarse deshonestamente con obras obtenidas mediante sobornos) que ven la posibilidad de ganancias expeditivas en contubernio con políticos deshonestos.
Un ejemplo es la trayectoria de Luis Pasapera Adrianzén, que constituyó varias empresas con sus hermanos y familiares, y fue atrapado por participar en el esquema de corrupción que lideraba Gregorio Santos, el comunista anti minero que fue gobernador regional de Cajamarca dos veces (la segunda, reelegido con 44% de los votos a pesar de estar en prisión acusado de corrupción).
Pasapera se convirtió en colaborador eficaz en el proceso contra Santos, que fue condenado a casi 20 años de prisión, y siguió desarrollando sus actividades a pesar de que se desligó formalmente desde 2012 de su empresa constructora. En realidad, progresó y pasó del ámbito regional al nacional.
Él entraba y salía de los organismos públicos, muchas veces con Karelim López, para gestionar obras. Así, entre fines de 2018 y 2022 (gobiernos de Vizcarra, Francisco Sagasti y Castillo) obtuvo, en consorcios, obras por más de mil doscientos millones de soles del gobierno nacional (1,245´300,000), incluyendo la famosa del Puente Tarata sobre el río Huallaga (232.5 millones), en la que se sospecha que Castillo fue uno de los beneficiarios de los sobornos. En este último caso, se había ofrecido el 0.5% solo a los funcionarios del MTC, poco más de un millón cien mil soles. No se sabe todavía cuanto a los otros involucrados, los sobrinos y el secretario de Castillo, que obviamente tenían que compartir con el jefe. (La República, 13/3/22; El Comercio, 8/4/22)
En suma, un caso que ilustra como un “empresario” inició su fortuna con negocios corruptos en el ámbito regional y luego prosperó y llegó a las ligas mayores.
En el último período, que culmina en diciembre, más de 10 de los 25 gobernadores regionales están sentenciados, procesados o investigados por diversos delitos. Encabeza la lista, por supuesto, Vladimir Cerrón, a quién una oportuna modificación de su condena lo sacó de la cárcel para que siga mandando en su región y en el país. Elmer Cáceres Llica, cuya trayectoria era harto conocida -a pesar de lo cual Arequipa lo eligió-, está ahora en prisión. A la lista se suman los investigados y denunciados, con una característica interesante: no escarmientan, como lo muestran los gobernadores del Callao y Tumbes, investigados ahora y cuyos antecesores están sentenciados o en prisión esperando juicio. (“El Comercio”, 20/1/20).
En períodos anteriores la lista es larga. En Ancash, César Álvarez, Waldo Ríos, Enrique Vargas, Juan Carlos Morillo Ulloa entraron a prisión por varios delitos. El actual gobernador es un sustituto provisional del último. Pero, como han denunciado varios medios de comunicación recientemente, el ex alcalde de Huancayo y actual postulante al gobierno regional, Vladimir Meza, es un personaje clave en la red de corrupción que sigue operando en esa región. Meza ha sido señalado por Zamir Villaverde como una de las piezas decisivas del fraude electoral que habrían cometido Castillo y su gavilla para hacerse del gobierno, precisamente porque tenía experiencia de tratos corruptos con organismos electorales para realizar trampas en Ancash.
Jorge Acurio (Cusco), Wilfredo Oscorima (Ayacucho) y Kléver Meléndez (Pasco), entre muchos otros, integran esta larga relación de gobernadores corruptos.
El inventario de alcaldes es interminable, en distritos y provincias grandes y pequeñas. Solo un ejemplo para ilustrar lo dicho, en Ayacucho: “Fueron 14 detenidos entre los que se encuentran alcaldes, empresarios y funcionarios de cuatro municipalidades, quienes, en complicidad, habrían arreglado diversas convocatorias del Estado, teniendo previamente a sus ganadores o creando empresas para obtener la buena pro en diversas obras con grandes sumas de dinero. Entre las autoridades detenidas están” 4 alcaldes y un ex alcalde que era el cabecilla. (Comunicado Fiscalía de la Nación, 22/12/20)
Ese es el mecanismo que se repite sin pausa, a todo nivel, desde hace dos décadas. Y es de suponer que los descubiertos y sentenciados son una ínfima minoría del total de los que cometen esos delitos.
No he mencionado por razones de espacio otras fuentes de enriquecimiento de esas élites locales, el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de terrenos, la trata de personas, etc., lucrativos negocios, fuente de muchas fortunas.
En síntesis, se han creado nuevas oligarquías locales y regionales sobre la base de la corrupción y el latrocinio. Y ahora, una suerte de cártel de esas bandas ha asaltado el gobierno central. Es muy obvio que con los débiles y/o podridos mecanismos institucionales existentes no se puede desbaratar ese esquema de corrupción. Lampadia
