Jaime de Althaus
Para Lampadia
Fue demagógica la reducción del sueldo de los altos cargos gubernamentales decretada el 2006 por Alan García, porque el Estado perdió mucho talento. Pero si García se rebajó el sueldo para ganar popularidad, Boluarte, en el abismo de la desaprobación, en lugar de bajárselo aún más, se lo subió. Ya no teme perder lo que no tiene.
El problema es que, junto a la crisis en la Fiscalía y a los escándalos congresales, esa decisión añade un ingrediente más al sentimiento de rechazo a los políticos y a la institucionalidad que abona el terreno para un antisistema de izquierda el 2026.
Es decir, a la percepción de que los políticos llegan al Estado no para servir sino para servirse, y que el aparato público es una cueva de ladrones.
Por supuesto, la precepción es peor que la realidad. Hay algunos congresistas buenos y algunas pocas instituciones estatales que funcionan relativamente bien. El arquetipo es el Banco Central de Reserva, cuya cualidad excelsa es la meritocracia absoluta. Ingresan los mejores (no los amigos o correligionarios) y ascienden por méritos. El resultado es que tenemos las reservas más altas de Latinoamérica e inflación casi cero.
Pero justamente el aumento del sueldo presidencial, correcto en abstracto, socava aún mas la escasa cultura meritocrática en nuestro Estado, debido a la percepción ciudadana de que la presidente no merece ese aumento.
En general el Estado es visto como un botín o como un medio para medrar creando peajes burocráticos o como una fuente de estabilidad laboral sin obligaciones.
Subir el sueldo sin contraparte en resultados es lo que ha ocurrido con los aumentos significativos a los maestros en los últimos años junto con una caída en los rendimientos escolares, algo inaceptable (hemos propuesto un pacto para atar la subida de las remuneraciones al crecimiento del PBI y a la mejora en los rendimientos estudiantiles).
En los últimos 5 años se incrementó la inversión pública en agua potable en 23%, y la cobertura en lugar de subir, ¡bajó!
Por eso, una de las grandes reformas pendientes es implantar la meritocracia a todo nivel. Eso significa que todas las entidades hagan el tránsito hacia el régimen de la ley del servicio civil. Ese tránsito se ha simplificado y ya hay un número importante de entidades que han aprobado su cuadro de personal (el que realmente necesitan), pero aun hace falta decisión política para que el MEF financie el gasto correspondiente. Y, por supuesto, retirar del Estado a quienes no rindan o a quienes ingresan falsificando títulos universitarios o certificados de trabajo.
Donde sí hay meritocracia, es en el sector privado. Allí es obligatoria, so pena de quebrar. El mercado, la competencia, la impone.
El problema del Estado es que es monopólico. No compite. Por eso, a la larga la única solución de fondo a este problema es que los servicios públicos sean brindados por privados en competencia, y pagados directamente por los usuarios de manera gradual y progresiva. Como hicimos notar en artículo anterior. un aviso publicado recientemente da la pauta: “Pacífico y Yape lanzan ´Seguro Social Yape´”. Pagando S/9.90 al mes, se tendrá un seguro médico para teleconsultas médicas ilimitadas y S/500 para hospitalización. Los hospitales de la Solidaridad son otro ejemplo. Sigamos esa ruta. Lampadia
