Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
En el Perú, se han llegado a configurar dos grupos de ciudadanos, uno mayoritario que, pensando en las mejores opciones para los 33 millones de peruanos, propone algunas modificaciones constitucionales, y otro bastante menor y menos educado, pero más movido por la emoción que por la razón, que quiere una convocatoria a asamblea constituyente para refundar el país.
Ante esto, me vienen a la mente una serie de preguntas, a saber:
- ¿Cuáles son los móviles en cada caso?
- ¿Qué objetivo persigue cada grupo?
- ¿Cómo proponen se maneje el proceso en cada caso?
- ¿Qué quisieran modificar?
- ¿Qué tanta posibilidad de progreso habría ante el triunfo de cada opción?
Baste escuchar a los congresistas que propugnan la convocatoria a una asamblea constituyente, para darse cuenta de sus ansias de poder sin control y deseo de perennizarse en él. Al margen de las anecdóticas disculpas por las “pelotudeces democráticas”, ellos mismos repiten hasta el cansancio que han ganado las elecciones y tienen el gobierno, pero que no tienen el poder, pues no controlan el sistema judicial, ni las fuerzas armadas (cosa que pretendieron alcanzar con el golpe de Estado de Castillo) y que, una vez capturado el poder, no lo soltarían (esto, dicho sin ningún pudor). En consecuencia, queda claro que el objetivo de estos, es la toma permanente del poder.
El otro grupo de ciudadanos, aquel que considera que no es necesaria una asamblea constituyente, cree que sería conveniente hacer algunas mejoras al sistema, vía modificaciones constitucionales.
Los objetivos de este grupo son: consolidar la democracia, apoyar un mayor crecimiento económico con mejoras a la salud, educación y la infraestructura, con más seguridad y justicia, de forma tal que podamos reducir las brechas sociales y las diferencias económicas, vía mejores oportunidades, más trabajo y mejora de la productividad.
Este conjunto de ciudadanos, tiene claro que la Constitución es un marco legal para que los ciudadanos controlen al gobernante. Mientras que, la izquierda, la que propugna la convocatoria a la asamblea constituyente, cree y quiere que la constitución sea un marco que permita al gobernante controlar a los ciudadanos.
Ciertamente, los objetivos son completamente diferentes, pues los que defienden una nueva Constitución, quisieran, en lo político; refundar el país y cambiar todas las estructuras de poder, restringir las libertades ciudadanas, romper el equilibrio democrático que hoy es otorgado bajo el concepto de “un ciudadano un voto”, con igualdad de derechos y deberes ante la ley. Mientras en lo económico, desean cambiar el sistema de propiedad y permitir un “Estado empresario”, que intervenga sin restricciones en la actividad empresarial y que pueda intervenir en todos los ámbitos de la económica, otorgando incluso preeminencias a lo público sobre lo privado y a lo nacional sobre lo extranjero, entre otras cosas. No sólo eso, sino que, después de haber destruido la confianza y nuestra reputación de país responsable y serio que tanto nos costó forjar, ahora quisieran eliminar los contratos ley o contratos de estabilidad jurídica y tributaria.
Se entiende claramente que un país que tiene un buen récord y antecedentes de respeto a sus compromisos políticos y contractuales, no necesitaría de ese tipo de contratos. Pero han hecho hasta la imposible por tratar de incumplirlos y, si no fuera por el control político que ha ejercido la oposición desde el Congreso, hoy ya se hubiera roto toda la institucionalidad, empezando por la Constitución misma.
Luego de casi dos años reclamando nueva constitución, hasta ahora nadie ha sido capaz de especificar qué quisieran cambiar de la constitución actual, simplemente repiten como karma: “Nueva constitución y asamblea constituyente”, que es a lo que aspiran. Mientras tanto, los que creemos en un gobierno republicano y democrático, pensamos que debemos seguir los cánones establecidos en la constitución vigente.
Por otro lado, los que creemos en algunas reformas constitucionales, quisiéramos adecentar la política, simplificar el aparato del Estado para hacerlo más eficiente y revisar el proceso de regionalización y manejo municipal, para que contemos una mejor administración y aplicación de los recursos fiscales, impulsemos las oportunidades de inversión y creación de oportunidades de trabajo, contando con adecuado sistema de control. Para ello, propugnamos la prohibición a postular a cargos de elección para los sentenciados y condenados, aunque sea en primera instancia, por delitos dolosos con pena mayor de 4 años, eliminando así a tanto corrupto que busca el poder. Reducir el número de ministerios. Modificar los plazos de mandato de los gobiernos regionales y municipales. A ese respecto, algunos propugnan ampliar estos de 4 a 5 años, para poder implementar políticas públicas a nivel subnacional con horizontes más largos. En lo particular, preferiría acortar los mandatos presidencial y congresal a 4 años, con una sola oportunidad de reelección en la vida, para presidentes, gobernadores regionales y alcaldes. Crear el senado y permitir la reelección de diputados y senadores de forma permanente, pero con renovación a mitad de período (cada 2 años).
Quienes buscan nueva constitución, quieren más ministerios, más dependencias burocráticas, más puestos públicos, multiplicar las empresas estatales con prebendas y preeminencia sobre las empresas privadas. Esto es, retroceder más de 30 años en la historia económica del Perú. No piensan en tener una niñez y juventud más educada y competitiva a nivel global, sino una cada vez más adoctrinada y dócil a sus designios autocráticos. No buscan excelencia en los sistemas de salud, sino más burocracia y menos sentido de responsabilidad y “accountability” en quienes lo manejan. En los gobiernos regionales y municipales, llenar las planillas y tener “arca abierta” para la corrupción de los elegidos, sus familias y amigos, al igual que el mayor florecimiento (si cabe) de los negocios ilegales e informales.
Creo que debemos tomar el ejemplo de los países destacados y exitosos, como Singapur y aplicar sus paradigmas MPH, que vienen de: Meritocracia, Pragmatismo y Honestidad.
Si logramos esto último, habremos dado un gran saldo para el desarrollo del Perú y nos podremos asegurar un futuro más próspero, posibilidades de competir en la era del conocimiento, industrialización y mejora ostensible de los índices de desarrollo humano. En cambio, si vamos por la vía de la asamblea constituyente, podemos estar seguros que la ruta de Venezuela, Argentina y Bolivia hacia el fracaso económico, destrucción de la clase media, crecimiento del sector pobre, desnutrido, menos educado, con debilitamiento del país, está a la vista.
¡No hay lugar para una asamblea constituyente en el Perú! Veamos si no el ejemplo de Chile. Lampadia
