Jaime de Althaus
Para Lampadia
Una noticia importante ha sido que el Congreso aprobó los reglamentos del Congreso bicameral y de las Cámaras de Senadores y Diputados. Hay allí unos avances interesantes, aunque faltaron también cambios necesarios.
Entre los avances tenemos, para comenzar, que
Se limita -aunque no proscribe del todo- el transfuguismo. Quienes se aparten de una bancada no podrán formar otra, sino que van a un grupo mixto, o podrán incorporarse por una sola vez a otro grupo parlamentario. No se podrá formar nuevas bancadas.
Esto, junto con el hecho de que en algunas bancadas estará quien fuera candidato presidencial del partido y postuló a la vez al Senado o a Diputados, ayudará a darle más consistencia a los grupos partidarios dentro del Congreso y a prevenir una excesiva fragmentación.
Una segunda disposición a destacar es la que establece que las proposiciones legislativas que se presenten “no pueden contener propuestas de creación ni de aumento de gasto público…”. Esta disposición está en el reglamento del Congreso unicameral, pero había sido eliminada del proyecto de reglamento del bicameral. Felizmente ha sido restituida, aunque, como es obvio, su vigencia no ha impedido al Congreso tomar iniciativa en el gasto de manera desenfrenada, sobre todo después de que el Tribunal Constitucional, en una sentencia aberrante, dio permiso para dicha iniciativa si es que era para el siguiente presupuesto y no para el que estaba en curso. Lo que se necesita es que el Tribunal rectifique esa jurisprudencia a fin de contener la bomba de tiempo fiscal que se está armando.
Un tercer cambio, muy positivo, es el que precisa qué debe contener el análisis costo-beneficio de un proyecto de ley, algo que, como sabemos, ha venido siendo un saludo a la bandera, una burla. El reglamento del congreso bicameral no se limita a reclamar un análisis costo-beneficio, sino que es mucho más explícito. Dice: “El impacto de la futura norma legal realizado conforme al análisis costo-beneficio que incluya la identificación de los actores y grupos de interés que se verían afectados con el proyecto de ley, los efectos monetarios y no monetarios de la propuesta, el impacto económico y, cuando corresponda, el impacto presupuestal”. Por supuesto, esto no garantiza que se cumpla de manera real, evaluando seriamente los efectos económicos y presupuestales de la propuesta legislativa. Pero supone una presión más precisa y sería ineludible si se creara una oficina de análisis económico en el Congreso cuya función fuera efectivamente realizar los estudios de impacto económico de los proyectos de ley, aunque no sean vinculantes. Lamentablemente en el reglamento aprobado no ha sido creada. Sería bueno modificar el reglamento para incluirla.
Otros dos temas que deberían ser modificados son los relativos al número de votos para aprobar tanto el rechazo o la modificación por el Senado de un proyecto de ley enviado por Diputados, como la insistencia de ambas cámaras ante observación del Ejecutivo a leyes aprobadas por el Congreso.
En ambos casos se establece que el número mínimo es la mitad del número legal de miembros más uno. Debería ser mayor, tres quintos por lo menos. Pues si el Senado puede modificar incluso de manera sustancial un proyecto que venga de Diputados y enviarlo directamente al Ejecutivo para su promulgación, sin que ese proyecto regrese a diputados para su conciliación como era en la bicameralidad anterior, solo debería poder hacerlo con una votación calificada.
Lo mismo con la observación de las leyes por parte del Ejecutivo. Uno de los problemas que hemos tenido es que el presidente de la República carece de poder de veto y el Congreso insiste fácilmente en leyes perniciosas, clientelistas o populistas, con la mitad más uno del número legal de miembros. Para establecer un mejor equilibrio entre poderes es necesario subir el quorum para aprobar una insistencia.
El Congreso está a tiempo para introducir estos cambios, a fin de mejorar la calidad de nuestra democracia y asegurar un futuro económico más estable y seguro. Lampadia
