Úrsula Letona
Para Lampadia
Desde el gobierno de Toledo en adelante no se han trabajado y debatido reformas estructurales demandadas por la sociedad de nuestro país, que sean de carácter transversal, tanto en lo social, político o económico, entre otros aspectos relevantes, por ausencia de voluntad política o por conveniencia de mantener el statu quo.
Es cierto que el modelo económico consagrado en la Constitución vigente y muchas reformas implementadas en la década de los 90 han logrado que nuestro país en conjunto se encaminara al crecimiento económico. Sin embargo, la realidad de los años 90 no es la misma de los años 2006 o 2011 ni mucho menos la de hoy, que ingresa a la cuarta revolución industrial vinculada a las tecnologías de la información y el conocimiento.
Justamente, atendiendo a la situación indicada, Fuerza Popular ha considerado que se requiere de reformas estructurales en 4 áreas principales: informalidad, salud, educación y laboral. He advertido hace varios meses acerca de la necesidad de estas reformas de segunda generación e inclusive he señalado la forma cómo considero que deben ser abordadas por el Poder Ejecutivo, que por un criterio de competencia es el gran llamado a efectuarlas.
Ya desde en los meses de mayo y junio del año 2017, en artículos que escribí en “El Montonero”, indiqué que actualmente tenemos una informalidad que asciende al 72% y que los aspectos a abordar para revertir una cifra tan alta son, conforme a la literatura especializada, la carga regulatoria, la productividad laboral, mejores servicios básicos y educación financiera; y que el Gobierno estaba simplemente pensando en “parches” aislados como una propuesta legislativa que tenía por finalidad que el Estado subvenciones el seguro social de los jóvenes trabajadores a fin de fomentar su inserción al mercado laboral. No se observaba ninguna línea política que proponga diferentes medidas para abarcar de manera conjunta y transversal y multisectorial este problema.
Por ello, propuse la creación de una “Autoridad de Formalización” que articule el complejo tramado de actores en el marco de la informalidad y trabaje propuestas articuladas que ataquen diferentes aspectos del problema. Enfocarse solo en el crecimiento del PBI, no será suficiente para revertir los problemas de informalidad.
En lo que respecta a la reforma de salud, en un artículo del mes de marzo del presente año, advertí que una reforma importante en dicho sector era el emprendimiento de un programa piloto o de primera etapa que se vincule a la compra de medicamentos y equipamiento médico de forma centralizada para todos los servicios públicos de salud. La segmentación con la que actualmente contamos, nos ha llevado a resultados nefastos. A su vez, señalé que deben incorporarse las prácticas exitosas en salud que ha tenido el sector privado y adaptarlas a la esfera pública, y, de conformidad con la Comisión de Protección Social, crear un Fondo Único que centralice los aspectos vinculados al financiamiento de la salud pública, así como una división de los componentes de prestación de salud respecto al financiamiento. Necesitamos que los médicos hagan el trabajo para el que fueron formador: tratar y curar a los pacientes, y los administrativos lo suyo: gestionar los recursos.
En lo que respecta al aspecto educativo, ya desde el mes de septiembre del año 2017 enfaticé la necesidad de revertir las desigualdades educativas y señalé que la academia ya ha abordado ampliamente este tema. Debe plantearse objetivos a alcanzar en el corto y mediano plazo para poder adoptar las medidas correctivas que resulten pertinentes, principalmente en las regiones que registran menores índices de calidad educativa.
Asimismo, señalé que debe establecerse incentivos para la capacitación del docente aparejados a la asignación de incentivos económicos, siempre que logren alcanzar los estándares contemplados; pero, a su vez, señalé también la necesidad de generar incentivos para que las autoridades regionales cumplan con implementar políticas que trasciendan sus propias gestiones.
El Ejecutivo debe ya empezar a desterrar el criterio de que la mejora de la educación pasa por ampliar la jornada lectiva y ampliación de cobertura. Ya tenemos niveles de acceso de 94% a la educación primaria y 80% a la educación secundaria, situación muy similar a los estándares OCDE, pero el nivel de calidad sigue siendo algo en los que mostramos una brecha enorme incluso con países de la región como Chile o Colombia. En consecuencia, si bien no se debe descuidar la cobertura, es importante centralizar los esfuerzos en la mejora de la calidad educativa. Miremos la experiencia internacional, y lo señalé en un artículo reciente del mes pasado, los países que han logrado mayores avances en educación como Singapur, Corea y Chile han implementado cambios disruptivos. ¡Han implementado grandes reformas! Veamos cuáles son estas y adaptémoslas a nuestro medio. La evidencia existe.
La mejoría de los rubros de salud y educación repercutirá necesariamente en la reforma laboral pero no debe quedarse sólo en ello. La “doctrina del chorreo” seguida por el ex presidente Toledo sigue siendo desarrollada hasta el día de hoy y los resultados a nivel de generación del empleo no han sido satisfactorios. Sin duda un aspecto preocupante es el alejamiento de la inversión privada, pero no hemos observado ni una sola reforma estructural para generar empleo. La juventud sigue desempleada, los “ninis” crecen cada año y la mayoría son mujeres. Las Mypes son un importante motor de la economía y, conforme he señalado reiteradas veces, miremos la región. Chile ideó un programa de acompañamiento a las Mypes durante sus 2 primeros años de creación y articuló toda su cadena productiva para insertarlas en el mercado incorporándoles tecnologías para generar productividad –valor agregado. Aquí no tenemos eso, sino que las Mypes desaparecen dentro de sus 2 primeros años, pese a que ellas son el principal motor de nuestra economía y generan una gran cantidad de puestos de trabajo, donde está incorporada la gran masa laboral.
Finalmente, el pasado 09 de noviembre presenté a iniciativa mía, conjuntamente con otros colegas, la Moción 07471 a fin de “Conformar una Comisión Especial para promover el dialogo entre las diversas fuerzas políticas parlamentarias, hacer el seguimiento, analizar, debatir y proponer recomendaciones técnicas para la priorización de la agenda de reformas de interés nacional hasta la aprobación correspondiente”. Esta Comisión tendrá una importante misión: coadyuvar a cambiarle la vida al ciudadano. No populismo, no discursos histriónicos, sino trabajar. Articular entre las diferentes fuerzas políticas parlamentarias y, evidentemente, el Gobierno para impulsar estas reformas que hasta ahora el Ejecutivo no ha efectuado y tampoco ha mostrado iniciativas. Lampadia
