A poco más de un mes del referéndum que decidirá la creación de una nueva constitución en Chile (ver Lampadia: ¿Una nueva constitución en Chile?), The Economist brinda interesantes reflexiones sobre la pertinencia de esta decisión, a la luz de los logros del tan criticado modelo chileno y las demandas de las protestas que han vuelto a sacudir a nuestro vecino del sur en los últimos días.
Cabe resaltar de este análisis, la referencia que hace el popular medio británico respecto a cómo históricamente las izquierdas en América Latina han aprovechado este tipo de descontentos, cuyos orígenes están lejos del denostado “neoliberalismo”, para arremeter con nuevas cartas magnas e instaurar modelos fallidos con políticas trasnochadas en sus países.
Venezuela es el caso más emblemático al respecto, puesto que pasó de ser uno de los países más ricos de la región a finales de los años 90, a exhibir los peores índices de desarrollo humano a nivel mundial en gran parte por la constitución juramentada por Hugo Chávez, la cual ha posibilitado todas las nefastas políticas del actual régimen en las últimas dos décadas.
Como también enfatiza The Economist, si Chile toma este camino no solo se jugará este riesgo, sino también la posibilidad de contar con un equipo incompetente y sin la pericia suficiente para el diseño de una constitución que pueda ser si quiera viable en términos económicos y que sobretodo tome en cuenta los incentivos de los chilenos en temas tan importantes como el mercado laboral, las pensiones y el sistema de salud pública.
Como hemos comentado anteriormente y rescatando este análisis, la solución de Chile no pasa por cambiar su constitución, puesto que gran parte de las demandas de su gente está concentrada en la mala provisión de los servicios públicos y no en los marcos institucionales que rigen su economía de mercado. Estos últimos, por más que lo nieguen las izquierdas más recalcitrantes, han permitido todo el desarrollo de Chile experimentado en los últimos 30 años, cimentándolo como el país con mejores indicares económicos y sociales de la región, y con una clase media que abarca a por lo menos el 65% de la población, según recientes estimaciones del think tank chile Libertad y Desarrollo.
En tal sentido, se deben fortalecer las labores que competen al Estado y que en la actual constitución ya están claramente delimitadas como el brindar seguridad y salud pública de calidad.
Dicho esto, esperamos que estas reflexiones puedan calar en el electorado que irá al referéndum a llevarse a cabo el próximo 26 de abril y sopesen una vez más la idea de crear una nueva constitución. Podrían estar más cerca del socialismo de siglo XXI de lo que Chile nunca estuvo alguna vez. Lampadia
Una estrella empañada
Cómo reformar Chile
Una nueva constitución ofrece al país un camino para salir de la ira y el desorden
The Economist
14 de marzo, 2020
Traducida y comentada por Lampadia
Durante gran parte de los últimos 30 años, Chile se ha destacado del resto de América Latina como un país que parecía estar haciendo la mayoría de las cosas bien. Combinaba una economía de mercado abierta con el estado de derecho, instituciones estables y una creciente provisión social. Las tasas de pobreza cayeron abruptamente y la mayoría de los chilenos se convirtieron en clase media por medidas oficiales. Por lo tanto, las protestas grandes, sostenidas y a veces violentas que han sacudido al país desde el pasado octubre han sido impactantes. Han cuestionado el éxito del «modelo chileno» y su futuro.
Lo que sucede ahora en Chile importa más allá de sus fronteras. Sus protestas, que se han reanudado este mes, son solo una manifestación del descontento que arrasa América Latina. Varios otros países también han visto protestas, aunque estas se han centrado principalmente más estrechamente. La elección de populistas contrastantes en Brasil y México en 2018 fue otra señal de ira. Así fueron las victorias de la oposición en las recientes elecciones presidenciales en toda la región.
No es difícil adivinar las causas de este descontento. América Latina ha experimentado un crecimiento económico escaso o nulo desde 2013. Sus nuevas clases medias temen tener menos oportunidades. La corrupción ha desacreditado a la clase política. Y existe una sensación generalizada de que la democracia no ha traído el mismo trato y el mismo acceso a los servicios básicos para todos los ciudadanos.
Varios de estos factores se aplican en Chile. La derecha identifica el problema como un crecimiento lento combinado con una clase media más exigente. Para la izquierda, las protestas son una rebelión contra la desigualdad y el «modelo neoliberal» impuesto por la dictadura del general Augusto Pinochet.
A primera vista, la queja de la izquierda es descabellada. Desde 1990, los gobiernos democráticos han hecho muchas reformas. Sin embargo, las principales quejas realmente se refieren a los legados de la dictadura: un sistema de pensiones privado que no ofrece seguridad en la vejez, un sistema de salud segregado y una sensación de impunidad para los ricos. Además, la violencia y el vandalismo han puesto en tela de juicio la capacidad del estado para mantener el orden público. La policía, una vez respetada y dejada para correr, se ha mostrado en los últimos años corrupta, brutal e incompetente. Necesitan ser completamente reformados.
En un esfuerzo por aplacar la ira popular, Sebastián Piñera, el presidente en conflicto, llegó a un acuerdo para celebrar un plebiscito el 26 de abril sobre si se debe organizar una asamblea para redactar una nueva constitución. Piñera, un ex empresario multimillonario, ha cambiado entre sonar duro y reconocer que Chile necesita grandes cambios. Como si estuviera regateando un acuerdo comercial, ofreció concesiones al margen en pensiones, subsidios de salud, etc. Se necesita un enfoque más audaz. Muchos chilenos quieren la promesa de un sistema de pensiones con una red de seguridad más fuerte y un sistema universal de salud pública. Eso significa permitir un seguro privado pero abolir los organismos de salud conocidos como Isapres, una invención de Pinochet, que drenan las contribuciones a un sistema privado de alto precio. También significa un compromiso para aumentar los impuestos, que son solo el 20% del PBI. Se deben pagar mejores servicios públicos.
¿Es esencial una nueva constitución para lograr estos cambios? Ha sido un mecanismo de la extrema izquierda en varios países latinoamericanos para tomar el control e imponer un modelo socialista (fallido). Pero a este respecto, Chile es diferente. Aunque muy enmendado, su constitución se califica de ilegítima por su origen bajo Pinochet. Las encuestas han demostrado durante mucho tiempo que dos tercios de los votantes están a favor de una nueva carta. La constitución existente es muy difícil de reformar. Las cuestiones de desacuerdo de rutina, como la atención médica y la educación, requieren una gran mayoría para cambiar.
Eso no es negar los riesgos. El 26 de abril, los chilenos votarán no solo sobre la creación de la convención constitucional, sino también sobre si esta debería ser totalmente elegida o compuesta en parte por legisladores existentes. El nuevo cuerpo puede sufrir de inexperiencia. Muchas constituciones latinoamericanas recientes han sido prolíficas y utópicas, repletas de «derechos» inasequibles y promesas de gastos. Pero Chile tiene salvaguardas. A menos que el nuevo documento sea aprobado por un voto de dos tercios de la asamblea y luego en un referéndum, la constitución existente permanecerá.
Sobre todo, la convención ofrece a Chile un camino para salir de su laberinto. La nueva constitución debería incorporar un nuevo contrato social. Debería eliminar los obstáculos para reformar la policía, brindar atención médica universal y regular las universidades privadas. Una población más sana y mejor educada sería más productiva. Una red de seguridad más fuerte alentaría a los trabajadores a ser más flexibles. Una nueva ley básica podría darle a Chile un nuevo comienzo, y a América Latina un nuevo modelo del cual aprender. Lampadia
