El Congreso aprobó una ley pero no cambia las cosas
Jaime de Althaus
Para Lampadia
El Congreso se la pasa desperdiciando ocasiones para aprobar las reformas electorales y políticas necesarias para tener un proceso electoral más ordenado, que produzca resultados de mejor calidad. La semana pasada aprobó una ley que modifica la ley 26859, ley orgánica de elecciones, y la ley 28094, ley de organizaciones políticas, “a fin de establecer medidas para la optimización del proceso electoral”. Algunos cambios se han producido, pero los más importantes siguen esperando.
¿Cuáles son los más importantes?
- Lo primero es facilitar las alianzas. Hay 28 partidos inscritos y 17 por inscribirse. Total: 45 posibles competidores en las elecciones. La locura. Es indispensable que se formen alianzas. Para eso es necesario no desincentivarlas con una valla electoral más alta que la que tienen los partidos. Algo se ha avanzado pues la nueva ley baja de 6% a 5% (de la votación para el Congreso) la valla base para las alianzas, pero a continuación establece que “Dicho porcentaje se eleva en uno por ciento (1 %) por cada partido político adicional”. Es decir, seguimos castigando a las alianzas. Esos puntos adicionales deben eliminarse. Sería inadmisible que haya partidos que estén pensando que si van a ir solos no les conviene que haya alianzas.
Pero, además, habría que habilitar la posibilidad de la alianza sea solo para la plancha presidencial y que cada partido integrante pueda presentar su propia lista congresal. Eso facilitaría mucho la decisión de aliarse, porque de esa manera no se reduce el número de cupos que tiene cada partido en las listas al Congreso.
- Otro tema muy importante es el financiamiento de las campañas electorales. La ley aprobada la semana pasada reitera el error grave de prohibir el financiamiento transparente por parte de las empresas formales, dejando la cancha libre a las economías ilegales para que solventen a sus candidatos.
¿Cómo es posible que no se haya modificado? Esto tiene el efecto secundario de alejar a las empresas y a los empresarios de la política, ya de por sí refractarios a participar luego de la mala experiencia de los empresarios que colaboraron con campañas electorales y terminaron siendo investigados y acusados. El Perú tiene que recuperar a su clase empresarial.
Algo que podría facilitar las aportaciones, si se autorizan, sería que se pudiera formar fondos o fideicomisos que canalicen donaciones (deducibles de impuestos) de las empresas para que sean esos fondos los que asignen los recursos a los partidos afines a las propuestas que las empresas quisieran auspiciar. De esa manera no se establece una relación directa entre donante y partido receptor que pueda prestarse luego a una suspicacia de reciprocidad.
- Además, sería ideal que se habilite la posibilidad de think tanks por impuestos, tal como ha propuesto Carlos Meléndez, para que los partidos cuenten con centros de investigación capaces de formular políticas públicas. De paso, eso volvería más atractivo ingresar a militar a un partido, que es uno de los grandes problemas de la política peruana: que los mejores huyen de la política y no se inscriben en los partidos.
- Otro asunto que debe resolverse es el de los distritos electorales y la representación. Lima debería ser dividida en varios distritos electorales y la cantidad de diputados que tenga debería ser proporcional a su población. Como ha anotado Alfredo Torres, en la provincia de Lima vive 31% del electorado, pero cuenta con solo 25% de curules. Eso tiene que ajustarse.
- Por último, el congreso debe aprobar la reforma constitucional que impide la participación electoral de aquellos que hayan cometido delitos graves. Hay un dictamen en cuarto intermedio hace meses y no sabemos qué impide su discusión en el pleno.
Es hora de pensar en el país y en la salud de la democracia. Lampadia
