Contra la Regulación y la Burocratización Electoral
Gilbert Violeta López (excongresista y Abogado)
Con Virgilio Hurtado Cruz (especialista en Derecho electoral)
Para Lampadia
El Presidente Sánchez Cerro promovió la reforma constitucional de 1933 entre otras cosas para prohibir la existencia del APRA (creada en México en 1924 y establecida en el Perú en 1930), y del Partido Comunista del Perú – PC (creado en 1928). Con esa Constitución se normó por primera vez la figura de los Partidos políticos y al mismo tiempo se proscribió su libre existencia. Desde entonces cada Dictador ha mostrado la política como una actividad sospechosa y delictiva.
Fue quizá esa circunstancia la que llevó a los partidos políticos a adoptar estructuras combativas en busca del poder, antes que estructuras diseñadas para gobernar creativa y eficientemente. La mejor demostración es que ningún partido siguió la tradición inglesa de formar, mantener y poner en relieve los denominados Gabinetes en la Sombra (Gobierno en la Sombra o Shadow Cabinet), especialmente en periodo no electoral.
Esa experiencia y la ausencia de un sistema parlamentarista modeló la creación de los partidos políticos estrictamente como maquinarias electorales, con comités o comandos de dirección partidaria, la existencia física de comités, bases o células provinciales, secretarías o comandos de organización, defensa legal, economía y propaganda, etc. Estructura alusiva a responsabilidades de corte militar.
Lo cierto es que la actividad partidaria no debería suponer una guerrilla civil, como tampoco debería ser una extensión burocrática del aparato estatal. Un partido es la expresión política básica del derecho de organización ciudadano y que como tal debería tener absoluta libertad para establecer su forma de organización y relacionamiento social.
En esencia, un ejercicio de libre asociación para defender ideas comunes y convertirlas en una opción de Gobierno a través de un proceso democrático de elección y representación. Aún hoy la ley no reconoce el registro electrónico de la militancia partidaria, las sesiones y toma de decisiones remotas o a distancia, la participación en foros o comunidades virtuales de debate político, el voto electrónico, la propaganda digital, etc. Las instituciones electorales se quedaron atrapadas en el Siglo XX.
A ello se suma la muerte de algunos líderes icónicos de la política nacional en este último quinquenio: Luis Bedoya Reyes (PPC), Alan García Pérez (APRA), Luis Castañeda Lossio (Solidaridad Nacional), Javier Valle Riestra (APRA) y Alberto Fujimori (Cambio 90 – Fuerza Popular), entre varios otros, con quienes termina tambien una forma de hacer política.
Pasamos de la política barroca a la política burocrática y judicializada en un escenario de gran inestabilidad jurídica, lo que sin lugar a dudas alejará aún más a los partidos de la sociedad y de la modernidad.
Poseemos un sistema regulatorio complejo, controlista y altamente cambiante con muy poca predictibilidad.
Las reformas diseñadas por el Sr. Tuesta Soldevilla y promovidas por el entonces presidente Martín Vizcarra y su premier Salvador del Solar, bajo amenaza de cerrar el Congreso con la interposición de una cuestión de confianza, se vendieron como reformas modernizantes cuando sólo se trató de parches normativos que han fragmentado aún más la realidad electoral del país, dando lugar a casi 40 partidos inscritos.
Sus reformas fueron:
1) Las PASO (elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias);
2) La prohibición del financiamiento electoral privado;
3) La prohibición de la publicidad en medios de comunicación que no sea la franja electoral; y
4) La modificación de las reglas para inscribir un Partido Político.
Medidas todas que deben ser reformuladas. Ello sin contar que ser militante de un partido es causal de descalificación en los concursos para plazas a Jueces, Fiscales o altos puestos públicos, además de convertir inmediatamente a los dirigentes partidarios en sujetos PEP (personas políticamente expuestas en el sistema financiero) y por consiguiente en sospechosos, criminalizados y discriminados, presumiblemente culpables.
Todas estas medidas desincentivan a muchos buenos ciudadanos a ejercer libremente su derecho de participación política y aportar al país con sus ideas de ejercicio público. Las leyes de participación política deben promover la construcción de representación política y construirse sobre la base de la realidad y no generar un abismo incruzable para el ejercicio de los derechos políticos.
¿QUÉ HACER?
Algunas ideas. Sugerimos regresar a la idea esencial que motiva la participación política. Reivindicar la participación libre de los ciudadanos bajo un marco legal básico de regulación estatal, derogando todo lo que se pueda derogar.
Primero: la actividad y estructura partidaria deben ser desreguladas. Los Partidos deben ser libres para expresarse, organizarse y elegir a sus dirigentes y candidatos. La única norma es que si elige a un candidato que delinque en el ejercicio del cargo público el partido pierde todos los beneficios del Estado.
Segundo: importa el programa más que la ideología; y
Tercero: llevar la revolución digital al ejercicio político partidario.
Por otro lado, no se necesita que el Estado asuma todos los costos de la existencia de un partido y que por tanto use ello como motivo para acrecentar su intervencionismo.
Tenemos que cambiar el sistema de financiamiento público directo en indirecto.
En lugar de dinero brindar soporte y servicios específicos: un local partidario, una plataforma digital para el registro de ciudadanos – militantes, la facilitación de una plataforma digital para la participación y la capacitación política; un “crédito” para difusión de ideas que contrate el mismo Estado y una publicación anual de la memoria o propuestas que enarbole la organización.
La política no es una actividad mesiánica, ni una aventura, menos un vil negocio. Es sacrificio, coraje y virtud. Es un camino lleno de vicisitudes que encaminan al patriota a una vida de honor y gloria. La historia nos enseña que solo los hombres libres y valientes merecen estar en política. Lampadia
