EDITORIAL DE LAMPADIA
El Perú no puede sacrificar a sus policías cayendo en las trampas políticas y mediáticas de las organizaciones de derechos humanos, normalmente vinculadas a corrientes de izquierda que suelen discriminar en contra de quienes no piensan como ellos.
Solo ante ayer, la policía fue nuevamente sacrificada ante una asonada perversa que se desplegó sin cuidar ningún límite en el ataque de seres humanos que cumplen una función social abnegada.
Algún día hay que empezar a poner orden en el país.
La marcha del miércoles en Lima dejó el altísimo número de 88 policías heridos. La policía y la fiscalía tienen que denunciar a las personas que los atacaron y que horas antes cortaron los cables de 400 cámaras de vigilancia, un acto prácticamente terrorista denunciado por el alcalde accesitario Renzo Reggiardo. La municipalidad ya ha preparado una denuncia penal.
Es obvio que ese nivel de violencia fue planificado. A la policía se le disparó “avellanas”, bombardas, piedras y otros elementos contundentes, y el ataque duró horas. Y antes se cortaron los cables para que no haya incriminación.
Esto no puede quedar impune. La imagen de una policía prácticamente inerme frente a la agresión continua de grupos violentistas es muy mala para la consolidación del principio de autoridad. La ciudadanía tiene que saber que agredir y lesionar a un policía se paga con la cárcel.
La policía debería interrogar a los instigadores y organizadores de la marcha, a fin de determinar si tienen alguna relación con los actos de violencia.
Junto con eso, deberíamos ver la conformación de equipos integrados de policías, fiscales y jueces comprometidos en la lucha contra el crimen, algo que se derivaría de las decisiones que se han tomado en los últimos días bajo el liderazgo del presidente Jerí.
Este es el momento para pasar a la ofensiva en la lucha contra la grave inseguridad que vivimos. Lampadia