Respondiendo a la pregunta sobre si deben o no privatizarse los programas sociales, en una columna publicada en el suplemento Portafolio de El Comercio del 10 de febrero del 2013, el sociólogo de la ex-PUCP, Carlos Eduardo Aramburú, se opone a esa posibilidad señalando lo siguiente: “ Toda organización privada requiere generar utilidades, el sector social público no. Cada sol gastado en generar utilidades es un sol menos que llega a los beneficiarios. Por lo tanto, no hay ventaja competitiva en cuanto a costos para que una organización privada asuma un programa social.”
¿Cuáles son las evidencias de la realidad que recoge Aramburú para plantear semejante afirmación? En todo caso los hechos dicen todo lo contrario. Aquí unos ejemplos:
-Los Yachachiq de Sierra Productiva, una iniciativa privada a favor de los pobres de la sierra alto andina, estimaron que para implementar un sistema de riego tecnificado unifamiliar en Acraquia, Tayacaja, Huancavelica, se necesitaba 600 soles. Sin embargo, Foncodes, un organismo estatal vinculado a temas de pobreza, está obligado por las normas públicas a convocar al menos a 8 profesionales en el ciclo de proyectos. Como el Estado no reconoce a los Yachachiq por carecer de títulos universitarios, Foncodes se negó a aceptar tales iniciativas. El problema: la participación de 8 profesionales costaba 5 mil soles. Es decir, 5 mil soles para un proyecto de 600 soles.
Como se ve, con el dinero gastado en consultores y profesionales se podrían construir 8 reservorios unifamiliares más. Aquí queda claro que la burocracia estatal es la que succiona los recursos que deberían invertirse en los pobres, el Estado incrementa el costo de los programas sociales.
-El MINAG ha destinado 144 mil soles para un reservorio de 1,300 m3 para beneficio de 18 familias. Sierra Productiva, con ese mismo monto, hubiera podido asegurar el progreso de 144 familias con reservorios unifamiliares de 30 m3 por semana, que en el año llegaría a almacenar 220 mil m3. Es decir, 144 familias, y no solo 18, podrían cosechar todo el año con el riego por aspersión.
La clave del éxito de Sierra Productiva como una iniciativa privada reside en la participación de los pobres, de los propios implicados en los proyectos, en la gestión y supervisión de los mismos. Dicha participación permite ahorrar los gastos administrativos y consultorías de la burocracia del Estado y también eliminar la resistencia al cambio, asegurando la propia sostenibilidad de los proyectos. En otras palabras, Sierra Productiva es una iniciativa de la sociedad de abajo hacia arriba, en tanto que el Estado siempre ejecuta las inversiones sociales de arriba hacia abajo.
A nuestro entender el planteamiento de Aramburú adolece de las siguientes debilidades:
- Los programas sociales que conduce el Estado, generalmente, son usados por los políticos para desarrollar clientelas sociales al margen de los criterios técnicos para enfrentar la pobreza. Todo lo cual obliga a inflar los programas de una frondosa burocracia de consultores y personal administrativo que termina apoderándose de gran parte de la inversión social a favor de los pobres.
- Por ejemplo, para el desarrollo del programa del Corredor Puno-Cusco, se destinó más del 60% de los recursos a consultores que, cual marcianos recién aterrizados, aparecían en los predios rurales para aconsejar a los campesinos sobre técnicas y procesos. Había que cruzar los dedos para que los beneficiarios no se negaran a los sabios consejos.
- A diferencia del programa indicado, Sierra Productiva, consume menos del 2% de los recursos de sus programas en supervisión gracias al papel de los Yachachiq. Otro ejemplo relevante a tomar en cuenta es el alto costo de los cobertizos de Pronamach en comparación con el enorme ahorro que significan los establos de Sierra Productiva.
- El Estado es históricamente ineficiente, burocrático y muchas veces corrupto. Si se concesionara un programa social tendría que hacerse un concurso en el cual se fijarían las metas de performance, los costos y los márgenes. Además habría una supervisión de parte del mismo Estado y el seguimiento de la sociedad civil. Si el Estado conduce el programa, nadie fijaría metas de eficiencia, no habría quién supervise y según experiencias previas, no se tendría suficiente transparencia.
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Como apreciamos, es imposible afirmar que la eficiencia en cuanto a programas sociales está del lado del Estado. ¿Cómo entonces se afirma algo en ese sentido? Todos los especialistas señalan que la reducción de la pobreza se debe al impresionante crecimiento del país, pero el retraso en algunas áreas solo se explica por falta de carreteras, postas médicas y escuelas. Es decir, por la ineficiencia de un Estado, ahora repleto de dinero y recursos.
