Alejandro Deustua
18 de octubre de 2023
Para Lampadia
El presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, puede no tener la experiencia política suficiente para afrontar los desafíos simultáneos de una seria crisis de seguridad interna, una difícil situación económica y la pérdida de credibilidad de las instituciones públicas. Pero, al margen de su juventud, Noboa cuenta con poderosos activos para proceder.
Entre ellos destacan una educación en gestión pública y de empresas en las más renombradas universidades norteamericanas, el respaldo plural de la élite de la que proviene (su padre, el hombre más rico de Ecuador, fue cinco veces candidato), el del presidente saliente Guillermo Lasso y del 52% que lo encumbró (que no está integrado sólo por las poco numerosas clases alta y media de Ecuador).
Para mantener ese apoyo el gobierno de Noboa deberá lograr resultados en el corto plazo sobre problemas de largo plazo sin contar con suficiente respaldo parlamentario. Entre esos problemas destacan la violencia con que el crimen organizado, las pequeñas bandas criminales y la deficiencia en la aplicación de la ley han puesto en jaque a la ciudadanía y al Estado y el malestar general que genera la fuerte desaceleración económica. La eficacia de su gestión deberá ser aún mayor si Noboa piensa en la reelección después de cumplir el año y medio que resta del término de Guillermo Lasso (quien, en mayo pasado, disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones adelantadas aplicando la disposición constitucional de “muerte cruzada).
Sin embargo, si el objetivo general es la reconstrucción institucional a través de mejor gobernabilidad y participación ciudadana al tiempo que se fortalece la estructura económica y el incremento de la productividad, el plazo de 18 meses para lograrlo quedará corto.
Especialmente si, en materia de seguridad, se atiende prioritariamente los problemas socioeconómicos vinculados a aquélla sin contrarrestar la incidencia clamorosa del crimen organizado trasnacional tan vinculado a la delincuencia interna. Si fortalecer a la policía y a la fuerza armada y la construcción de cárceles “flotantes” son prioridades claras, lo es también debilitar la interacción de mafias del narcotráfico mexicanas, colombianas y albanesas que actúan principalmente en la costa ecuatoriana, condicionan la actividad portuaria y constituyen la “superestructura” que fomenta la criminalidad local. Ésta se expresa trágicamente, en un incremento notable de los homicidios y secuestros (242% de aumento entre 2020 y 2022) que, según Briscoe y González (Foreign Affairs) refleja una explosión de violencia como no se veía en la región desde la incursión política de Pablo Escobar en Colombia.
Tal dimensión de violencia está vinculada a la instalación en Ecuador de esas mafias como resultado de la desmovilización guerrillera en Colombia, de las facilidades transaccionales de una economía dolarizada y del mayor flujo de droga que ingresa por la frontera colombo-ecuatoriana buscando salida hacia Europa por puertos ecuatorianos. Su influencia en la violencia política (p.e. los asesinatos del candidato presidencial Francisco Villavicencio, que centró su campaña en la lucha contra la corrupción, o del candidato parlamentario Pedro Briones y los de sicarios comprometidos con esos crímenes) es algo más que un supuesto de trabajo.
Ello, no obstante, el escenario es matizado por informes del gobierno ecuatoriano que en marzo proyectaba, para 2023, una tasa de homicidios 26 por 100 mil habitantes que está por debajo de esas tasas en Venezuela, Honduras y Colombia (InSight Crime) mientras que el índice global de paz del Institute for Economics and Peace coloca a Ecuador en el puesto 97 por encima de Perú (103), Honduras (120), Brasil (132), México (136) Venezuela (140) y Colombia (141).
Si la peligrosa escala de la amenaza del crimen organizado ecuatoriano no parece entonces inmanejable, el presidente Noboa debería poder lograr al respecto algunos avances en el corto plazo que definirán su gobierno. Especialmente si para ello cuenta con la extensión del acuerdo suscrito con Estados Unidos para fortalecer capacidades ecuatorianas en la aplicación de la ley y el combate del crimen trasnacional complementado por un memorándum de entendimiento en torno a objetivos compartidos.
De otro lado, la prioridad que otorga el programa de Noboa a la atenuación de los problemas del empleo está extraordinariamente vinculada a la desaceleración económica global que lo inhibe y a la dolarización que requiere una rigurosa disciplina fiscal. Pero Ecuador está mejor posicionado para afrontarlos que varios países vecinos.
En efecto, si Ecuador crecerá este año apenas 1.4% (cayendo de 4.2% en 2021 y de 2.9% en 2022 según el FMI) esa performance sólo está por debajo de la de Paraguay (4.5%), Brasil (3.1%) y Bolivia (1.8%) y por encima de las de Perú, Chile y Argentina (por su atipicidad, Venezuela es prescindible). En 2024, su performance tampoco estará entre las peores del área.
De otro lado, la naturaleza dolarizada de su economía requiere divisas con mayor urgencia que los vecinos. Ello confronta un déficit fiscal de 2% según el Ministerio de Economía (y de 4% según la ONG CORDES). Cualquiera que fuera la realidad, ese desbalance es difícil de manejar a través de financiamiento externo (el riesgo país supera largamente los mil puntos cuando en el Perú es de 180 puntos básicos). Pero si ese diferencial muestra un problema con la capacidad de pago ecuatoriana, uno de sus factores contribuyentes -la incertidumbre política- ha bajado con la elección de Noboa.
Con la principal actividad exportadora en problemas (la petrolera) el bajo ingreso de divisas es un serio riesgo para la buena marcha de la dolarización y, por tanto, de la economía. Al respecto, Noboa pretende incrementar la producción del hidrocarburo en 20% en el corto plazo con mejoras tecnológicas y de gestión, atracción de inversión extranjera al sector e industrialización de “todas las etapas” de la actividad entre otras iniciativas.
Aún si Noboa tiene éxito en ese empeño, el ajuste fiscal (reducción de subsidios) será socialmente complejo. Esa tarea, sin embargo, está en la agenda de todos los suramericanos con problemas fiscales en épocas de desaceleración con inflación. Lo que no es general es el impacto de El Niño que, por su dimensión y cercanía, debiera generar cooperación con el Perú (los principales países impactados).
En política exterior (que Noboa prioriza sólo en su dimensión comercial), Ecuador tiene dos activos importantes: es miembro no permanente del Consejo de Seguridad hasta el 2024 y cuenta con la cooperación norteamericana en asuntos de seguridad. En cambio, su actividad subregional en la Comunidad Andina debe mejorarse: aunque la contracción de las exportaciones intracomunitarias es menor que la boliviana y peruana, su participación en lo que va del semestre es la más baja entre los socios andinos (aunque es relativamente mejor con el Perú).
Ese flujo forma parte de las buenas relaciones bilaterales con nuestro país con el que celebrará, en pocos días, el 25º aniversario del Acta de Brasilia de 1998 (el acuerdo de paz). Actividades de desarrollo y de cooperación de seguridad de baja escala en la frontera junto con la institucionalización de las relaciones (reuniones binacionales de gabinetes, la Comisión de Vecindad) contribuyen a estabilizar el vínculo. Con la eventual incorporación de Ecuador a la Alianza del Pacífico, la gestión de Noboa podrá mejorar aún más la relación bilateral si esa Alianza mostrara mejores resultados. Lampadia
