EXIGIMOS ELECCIONES LIBRES EN 2017
La semana pasada, el Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) avanzó un paso más en dirección de la dictadura al asumir las competencias del Parlamento, la única institución dirigida por la oposición, afirmando que «las competencias parlamentarias serán ejercidas directamente» por su Sala Constitucional o por «el órgano que ella disponga». Por lo tanto, se apoderó de sus poderes y declaró inválido el organismo elegido por votación popular. El fallo de la corte del miércoles pasado fue, en palabras de los legisladores, nada menos que un golpe de Estado. Varios líderes de la oposición pidieron manifestaciones callejeras y otras formas de «resistencia democrática».
Como informamos el viernes pasado, el gobierno del Perú se enalteció, al retirar definitivamente a su Embajador en Caracas. Acto no imitado, lamentablemente, por los demás países de la región.
Ante la reacción a tan estúpida medida, el dictador Maduro citó de emergencia al consejo de Estado el viernes en la noche. Después de largas horas de sesión, el TSJ decidió dar marcha atrás. Sin embargo, ya se había roto el último eslabón democrático de Venezuela, su Asamblea Nacional, que ahora recibe la ‘gracia’ para seguir operando en condiciones sumamente precarias.
Ya no se puede parar en la resistencia contra la tiranía del chavismo, soportada por la fuerzas armadas venezolanas y la desproporcionada presencia de Cuba en los asuntos llaneros.
Veamos como vienen las cosas: Las facciones políticas de Venezuela han estado en desacuerdo desde que los opositores al presidente Nicolás Maduro tomaron el control de la legislatura el año pasado. Desde entonces, la Corte Suprema, en gran parte leal al gobierno de Maduro, ha frenado los poderes del congreso y anulado casi todas las leyes aprobadas. Sin embargo, hasta el miércoles no había ido tan lejos como asumir directamente las funciones del Congreso.
El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, afirmo que “Esto no tiene otro nombre que un golpe de Estado y dictadura. En Venezuela no hay Constitución, hoy Nicolás Maduro tiene todo el poder que de manera ilegal le otorgó la Sala Constitucional del TSJ». En la rueda de prensa en el palacio legislativo Borges mostró una copia de la sentencia y la rompió en pedazos. «No la acatamos», resaltó.
Por su parte, el ex candidato presidencial Henrique Capriles dio una conferencia de prensa en Bogotá y pidió que la OEA convoque «de emergencia» a su Consejo Permanente para abordar la situación en Venezuela, donde afirmó que el Tribunal Supremo dio un «golpe de Estado». Al respecto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también consideró un «auto golpe de Estado» lo ocurrido en Venezuela. Afirmó que la decisión del TSJ de asumir las competencias del Parlamento, sumada a la adoptada ayer que retira inmunidad a los legisladores, son «los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia”. «Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado», señaló Almagro, que desde el año pasado encabeza una campaña para aplicar a Caracas la Carta Democrática del organismo.
La situación económica, social y política de Venezuela es verdaderamente catastrófica. El autoritarismo chavista ha devenido en una dictadura abusiva e insensible, que cada día acosa con mayor desparpajo a los opositores políticos y a los pobladores que reclaman una solución al empobrecimiento generalizado que los está llevando a la desesperación.
Todo esto empezó con una serie de medidas económicas heterodoxas que incluyen: la expansión del gasto del gobierno, el control de precios y medidas proteccionistas a la industria nacional, siempre y cuando fuera propiedad de los amigos del régimen. Estatizaciones, confiscaciones y regalos de petróleo y divisas a los países del circuito pro cubano, del llamado socialismo del siglo XXI. Basados en la proverbial riqueza de Venezuela, no midieron las consecuencias y generaron una inflación galopante, escases de divisas y energía, déficit fiscal, el colapso de la industria petrolera, escases de alimentos y divisas y, la entronización de las mafias del narcotráfico y la corrupción en las vísceras del régimen.
Lo que fue una vez una de las potencias económicas latinoamericanas y un peso pesado diplomático regional, ahora ha caído en una de las situaciones más trágicas del mundo. Desde hace mucho tiempo el gobierno ha detenido la publicación periódica de las cifras del PBI, pobreza, inflación y cualquier indicador económico o social que pueda mostrar el verdadero desastre de su manejo político.
El Fondo Monetario Internacional estima una contracción de 10 %, lo que haría de Venezuela la peor economía del mundo el año pasado. Algunos economistas privados son menos conservadores y estiman una caída de hasta 15 %. Los ingresos del petróleo representan el 95% de los ingresos de divisas, y su precio cayó más de tres cuartas partes desde 2014 antes de comenzar a recuperarse moderadamente el año pasado.
La hiperinflación va tomando cuerpo; el Fondo Monetario Internacional estimó que los precios subieron casi un 500% en 2016 de 122% el año pasado. Con la moneda del país cada vez más devaluada, algunas tiendas han empezado a usar la balanza para pesar los billetes en lugar de contarlos.
Los ciudadanos se han visto forzados a esperar en largas colas para encontrar bienes de uso común, alimentos y medicinas esenciales. Los saqueos por alimentos se están convirtiendo en parte de la vida cotidiana de muchos venezolanos. Actualmente hay más de 10 saqueos diarios en el país, según el Observatorio Venezolano de la Violencia. Y más de una cuarta parte de las protestas en 2016 fueron por comida.
Esta terrible situación económica ha traído un aumento en la criminalidad, llegando a un nivel que se lo podría considerar una crisis humanitaria. Las dimensiones exactas son difíciles de conocer, porque hace más de una década que el gobierno venezolano no publica información sobre la delincuencia.
El Observatorio Venezolano de la Violencia, un grupo no gubernamental, estimó que hubo 27,875 asesinatos en 2015, lo que haría que la tasa de homicidios de Venezuela sea una de las más altas del mundo: 90 homicidios por cada 100,000 habitantes. El grupo encontró que la tasa subió más en 2016, a 92 por 100,000. Uno de los motivos por el aumento en criminalidad es la falta de impunidad: un 92% estimado de homicidios no resultan en una condena.
Y la situación está aumentando la presión sobre el presidente Maduro, con un creciente sentimiento anti-gobierno impulsando los esfuerzos de la oposición para llevar a cabo un referéndum revocatorio. Y ante una crisis humanitaria provocada por un régimen dictatorial, nadie debe ponerse de costado. Es hora de presionar al gobierno venezolano con todo lo que esté a nuestro alcance para terminar esta tragedia que afecta a nuestros hermanos.
Como reclaman los líderes de los movimientos civiles, dentro y fuera de Venezuela: ¡Exigimos elecciones libres en 2017! Lampadia
