Jaime de Althaus
Para Lampadia
En la última encuesta de Datum publicada ayer, el 68% de los encuestados quiere que el presidente Castillo se vaya. Un 30% mediante su renuncia, un 27% mediante un adelanto de elecciones generales y un 11% por medio de la vacancia (ver cuadro).
La renuncia es altamente improbable. Para la vacancia no hay votos aun, como sabemos. Sin embargo, si la denuncia de Samir Villaverde es cierta y aporta pruebas, la vacancia se precipita, aunque podría comprometer también al Congreso en la medida en que la elección general del 2021 habría quedado mellada.
Si la denuncia carece de sustento, todavía podría producirse paulatinamente un vuelco de congresistas a favor de la vacancia en la medida en que el malestar social se agrave como consecuencia del alza del costo de vida y la inutilidad del gobierno para aliviarla, y se presenten paros y movilizaciones en el interior que presionen a congresistas renuentes. Pero eso está por verse.
En ese terreno el gobierno está compitiendo con la falaz narrativa de culpar a los monopolios y a la Constitución del alza de precios. Según esa misma encuesta, un 29% opina a favor de una nueva Constitución, con un 43% en el sur, de modo que por lo menos en esta última macrorregión ese discurso podría tener un efecto e incluso podría ayudar a los candidatos de Perú Libre que lo esgriman, los que a su vez difundirían esa narrativa.
Esa es la razón por la que la aprobación del presidente no ha seguido cayendo en esta última medición, sino que incluso recupera un punto:
Queda, por último, la alternativa del adelanto de elecciones generales. Es decir, el “que se vayan todos”, que necesita una modificación constitucional, que se puede lograr con solo 66 votos para luego ir a referéndum. Pero ni esos 66 votos existen en este momento, aunque con un buen trabajo de persuasión quizá podrían lograrse. Sin embargo, este camino tiene un problema: mantiene al presidente Castillo hasta fines de julio del 2023. Es decir, casi 15 meses más, tiempo suficiente para que termine de destruir el Estado y la economía nacional.
Ante ello solo quedaría introducir en la modificación constitucional el recorte del mandato presidencial en fecha próxima, de modo que sea el presidente del Congreso quien ocupe el cargo hasta julio del 2023. Allí el tema es elegir un presidente o presidenta del Congreso que tenga las capacidades de conducir un gobierno de transición de, digamos, 12 meses. También cabe la posibilidad de introducir en la reforma constitucional un cambio, por esta vez, de la fecha del 28 de julio para el cambio de mando, adelantándolo varios meses.
Como fuere, ya es hora de que las bancadas y los líderes políticos se sienten a evaluar y discutir estas alternativas. No hay tiempo que perder.
Lampadia
