Jaime de Althaus
Para Lampadia
Tenemos que empezar a contener la creciente degradación política e institucional del país, que favorece el avance de la criminalidad incluso dentro del Estado y la policía, e impide un crecimiento acelerado. Antes de que sea demasiado tarde.
Podríamos comenzar con lo inmediato:
Que las bancadas del Congreso que aprobaron derogar la ley que impedía la detención preliminar, emitan un pronunciamiento exigiéndole al Ejecutivo que promulgue la ley o que explique por qué se demora.
Sería de un descaro clamoroso e inaceptable que la demora obedeciera al propósito de proteger al vocero presidencial, el señor Fredy Hinojosa, y quizá a otros.
Tendría sentido, en cambio, que la causa sea que se está proponiendo establecer límites a la detención preliminar, de la que sin duda se ha abusado en demasía en el contexto de la politización de la justicia. Pero ¿tanto tiempo?
La degradación de la justicia, expresada en la facilidad con la que se ha perseguido a políticos por hechos que no eran delito mientras se libera delincuentes detenidos, es decir, en la falta de garantías para unos y en exceso para otros, o en la corrupción, demanda también una reacción en el sistema judicial.
La Fiscal de la Nación subsumió el Eficcop, que se había politizado, en la fiscalía anticorrupción, y retiró a Rafael Vela de la Coordinación de las fiscalías de lavado de activos, pero no de los procesos Lavajato, lamentablemente.
Ha retirado también al buen fiscal Jorge Chávez Cotrina de la coordinación anticrimen organizado, lo que ha sorprendido a todos, para reemplazarlo por la fiscal Fanny Quispe, conocida por pertenecer al clan llamado “caviar”, responsable de la penetración política en el sistema judicial.
No sabemos entonces si la suma de esas decisiones apunta realmente hacia una dirección regenerativa.
La flamante presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, por su parte, ha tenido la entereza de reconocer que se ha producido efectivamente una politización de la justicia y una judicialización de la política, “que no es otra cosa que una fabricación de cargos e imputaciones para demoler a alguien. Peor aún si los casos se convierten en espectáculos judiciales y los llamados a investigar o a juzgar se encandilan con las cámaras”.
Y ha hecho una exhortación a que ningún juez o jueza caiga en ello. Muy bien. Es un inicio.
Pero esto debe expresarse en el sobreseimiento de los juicios vinculados a donaciones de campaña, que son formas de persecución política, y en el apartamiento de los jueces que no ejercieron el control debido. La sentencia Chlimper del Tribunal Constitucional abre la posibilidad de terminar con ese abuso.
Pero la lucha contra la criminalidad está casi al garete. El Ejecutivo carece de la capacidad política de llevar a cabo un proceso de limpieza y repotenciación de la policía y de coordinar a las instituciones responsables de esa lucha, mientras la Fiscal de la Nación plantea una demanda constitucional contra la ley que devuelve la investigación preliminar a la Policía. No hay mando ni unidad de acción.
El Congreso ayuda poco o nada.
Fuera de esa ley y cuatro otras reseñadas por Adriana Tudela, que son positivas, ha legislado también para proteger intereses judiciales de sus integrantes y favorecer a economías ilegales.
Ni siquiera es capaz de reaccionar de manera clara y contundente frente a la denuncia de una supuesta red interna de prostitución.
No obstante, acaba de aprobar que las empresas formales puedan financiar partidos políticos, para pelearle el espacio a las redes ilegales y criminales en la política.
Eso está bien. Pero nos ha dejado ante el abismo electoral de cincuenta candidaturas posibles. Dio entonces una ley para incentivar en alguna medida las alianzas, pero no se ve que vaya a tener mayor efecto.
Ante el vacío político existente, lo que queda es la sociedad civil, los gremios empresariales, sindicales, profesionales y la academia.
El comité de organizaciones empresariales y sindicales que ya unió para formular propuestas de política contra la inseguridad y que se movilizó con ese propósito, debería activarse nuevamente para exigir un golpe de timón en el Legislativo y en el Ejecutivo y para promover que los partidos cuando menos formulen programas conjuntos.
Si el gobierno del 2026 carece de mayoría o de un programa consensuado, el país no tendrá salida.
La regeneración tiene que empezar en algún momento. La fibra del país tiene que aparecer. Lampadia
